BIODIVERSIDAD

CASTILLA LA MANCHA SE PUEDE QUEDAR SIN POLINIZADORES SI NO SE TOMAN MEDIDAS URGENTES. 

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Bee_in_flowerEcologistas en Acción advierte de las graves consecuencias ambientales sociales y económicas de la reducción de los insectos polinizadores.

Las malas prácticas agrícolas, el uso de herbicidas en zonas verdes, carreteras y jardines particulares son los mayores factores de amenaza en la región. Ecologistas en Acción demanda una estrategia regional de protección y recuperación de los polinizadores, la prohibición inmediata del glifosato y el reenfoque de las ayudas comunitarias para evitar que las prácticas agrícolas intensivas sigan destruyendo biodiversidad.

  • Con motivo del el Día Mundial de las Abejas (20 de mayo) y del Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo), Ecologistas en Acción advierte de la importante regresión de las poblaciones de insectos polinizadores. 
  • La organización ecologista reclama a las administraciones españolas que adopten medidas urgentes para asegurar la conservación de estos animales, ya que la reducción de la polinización pone en riesgo la biodiversidad pero también los múltiples beneficios que generan, como la producción de nuestros alimentos.

La polinización constituye un proceso fundamental en los ecosistemas terrestres. Es vital para la conservación de los ecosistemas y para la producción de alimentos. Se calcula que el 87,5 % (aproximadamente 308.000 especies) de las plantas silvestres con flores del mundo dependen, al menos parcialmente, de la polinización realizada por animales.

La polinización genera también múltiples beneficios para las personas, destacando la obtención de alimentos. En España alrededor del 70 % de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización. Además nos ofrecen otros productos como miel, cera o medicamentos y contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón y el lino o materiales de construcción como la madera.

El servicio esencial que ofrecen los polinizadores en la oferta de alimentos se valora en 500.000 millones de dólares a nivel mundial, 22.000 millones de euros para la agricultura europea y más de 2.400 millones de euros para la agricultura española. En los últimos cinco decenios el volumen de producción de cultivos que dependen de los polinizadores ha aumentado a nivel mundial en un 300%, de modo que nuestra subsistencia está cada vez más supeditada a la polinización.

En las latitudes templadas, como las que ocupa España, son los insectos quienes llevan a cabo la mayoría de la polinización. Nuestro territorio es una de las zonas con mayor diversidad de estas especies de toda Europa lo que ha venido asegurando el éxito de la polinización hasta ahora, contando con más de 7.000 especies de dípteros, 4.000 de lepidópteros, 9.500 de himenópteros y más de 10.000 coleópteros que realizan esta función.

Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se ha comprobado que existe una marcada disminución de las poblaciones de insectos polinizadores. Una reciente revisión de estudios estima que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos voladores se han reducido en un 76 %. La mitad de las especies de insectos están disminuyendo rápidamente y al menos un tercio se encuentran en peligro de extinción. Esta pérdida de insectos polinizadores puede llevarnos a una situación con consecuencias catastróficas, dado que se pone en juego el buen funcionamiento de los ecosistemas y la producción de nuestros propios alimentos.

Las principales amenazas para los insectos polinizadores proceden de las actividades humanas como la fragmentación de hábitats, el cambio en el uso de la tierra, los productos químicos agrícolas e industriales, los parásitos y las enfermedades, las especies exóticas invasoras, las colisiones en carreteras, el cambio climático y diversas prácticas agrícolas.

La conservación y recuperación de estas especies es fundamental para el futuro del planeta tal y como lo conocemos. Las administraciones deben tomar medidas eficaces para luchar contra sus principales amenazas.

Ecologistas en Acción reclama la adopción urgente de las siguientes medidas:

– Recuperar y conservar hábitats favorables para los polinizadores mediante buenas prácticas agrícolas que permitan mantener la disponibilidad de flores, fomentar la agricultura ecológica y limitar los cambios de usos del suelo, especialmente en la agricultura intensiva.

– Reducir en un 50 % la utilización de plaguicidas para el año 2023, no autorizando de forma excepcional, como se hace en la actualidad, productos tóxicos prohibidos.

– Control para evitar la introducción de nuevas especies exóticas invasoras y la propagación de las ya introducidas.

– Promover iniciativas que aumenten la disponibilidad de flores y recursos para la nidificación de estos insectos en el medio silvestre, áreas agrícolas, entorno de carreteras y ciudades.

– Promover la educación y la sensibilización en los sectores público y privado sobre los múltiples valores de los polinizadores y sus hábitats.

– Mejorar los instrumentos que sirven de apoyo para la adopción de decisiones para implementar medidas prácticas para evitar la disminución de los polinizadores.

– Incrementar la investigación sobre las especies polinizadoras y su adecuada conservación.

El descenso de las poblaciones de polinizadores supondrá luna reducción de la polinización, lo cual afectará al mantenimiento de la biodiversidad de plantas silvestres, a la estabilidad de los ecosistemas, a la producción de los cultivos, a la seguridad alimentaria y al bienestar humano. Por ello Ecologistas en Acción, iniciará una campaña en redes sociales para informar sobre la importancia de la conservación de estos insectos.

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Envenenamiento de fauna protegida: una amenaza de primera magnitud para la biodiversidad

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informevenenoecologistasEcologistas en Acción ha elaborado el informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’. El documento pone de manifiesto que el uso de veneno en España sigue estando muy extendido y que las administraciones no están siendo eficaces para atajar un problema que está poniendo en jaque a muchas especies. El número de casos graves registrados se mantiene en una ratio similar a la del informe precedente, hecho para el periodo 2006-2009, pero se han contabilizado un 80% más de animales afectados.

Castilla-La Mancha con un 20% de los casos y más de 117 ejemplares envenenados encabeza junto a Castilla y León la lista de comunidades donde más daño hace el veneno. Toledo la provincia con más casos, junto con Badajoz. La caza responsable de 7 de los 8 casos de envenenamiento grave registrados en Castilla-La Mancha. Milanos reales, águilas imperiales, reales y perdiceras, las especies protegidas más afectadas. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural está falta de medios y de resolución para atajar esta grave problema. El caso más reciente, de noviembre de 2015 en Arcicollar (Toledo) produjo la muerte de 21 animales, entre ellos 6 milanos reales y en el coto se sigue cazando como si no hubiera pasado nada.

En los 54 casos graves de envenenamiento de fauna estudiados a nivel de todo el estado español en el informe se ha confirmado la muerte de más de 900 ejemplares de diferentes especies, muchas de las cuales se encuentran protegidas por nuestra legislación. Entre las especies en peligro más afectadas por el veneno cabe destacar el milano real y el lobo ibérico, aunque siguen siendo numerosos los casos que afectan al águila imperial, el buitre negro y el buitre leonado, y especialmente dañinos los que afectan a especies tan escasas como el quebrantahuesos, el alimoche, la águila perdicera y el lince ibérico.

A pesar de su ilegalidad, el veneno se sigue empleando extensamente para matar animales predadores con fines cinéticos (en un 48,1% de los casos) y ganaderos (en un 31,5% de los casos). También, bajo un discutido amparo legal, se usa para tratar presuntas plagas agrícolas como la de topillo campesino en Castilla y León.

Si comparamos los datos obtenidos en 2006-2009 con los de 2010-2015, vemos que varias comunidades autónomas siguen acumulando buena parte de los casos, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Por el contrario, en comunidades como Andalucía, Canarias o Aragón se han registrado menos casos graves.

Los agentes tóxicos más habituales siguen siendo fitosanitarios como el aldicarb (en un 18,5% de los casos en el presente informe, mientras que en el de 2006-2009 alcanzó el 19,5%) y carbofurano (18,5% en 2010-2015 frente al 17% en 2006-2009), si bien ha descendido el empleo de cócteles de varias sustancias (en los que habitualmente figuran las mencionadas con anterioridad), pasando del 19,5% en 2006-2009 al 7,4% en el último informe.

Desde el punto de vista numérico, los casos más graves se han detectado en Navarra y en Castilla-La Mancha, aunque no hay que olvidar la mortalidad asociada al uso a gran escala de bromadiolona en Castilla y León, con numerosos episodios de envenenamiento de diferentes especies que aparecen frecuentemente como casos dispersos en las estadísticas.

Resulta evidente, por tanto, que el empleo de venenos como método letal e indiscriminado de control de fauna causa efectos devastadores sobre muchas especies sensibles y constituye un riesgo cierto para su supervivencia. Datos oficiales ponen de relevancia que apenas se localiza uno de cada diez casos de uso de veneno.

En el tiempo transcurrido desde el anterior informe la situación ha variado en algunas comunidades autónomas. Es de destacar el esfuerzo acometido por administraciones como la andaluza y los pasos dados en materia de imposición de sanciones, cierre de cotos y aprobación de planes autonómicos contra el veneno en algunas otras. No obstante el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas frente al problema del veneno sigue siendo excesivamente tibio y resulta manifiestamente mejorable.

Ecologistas en Acción cree necesario incrementar los medios de vigilancia y sanción del uso del veneno. Hacen falta más agentes medioambientales y unas fiscalías implicadas. Y que todo caso de veneno, además de la correspondiente sanción penal o administrativa, conlleve la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada hasta que se recupere el daño causado a las especies.

Informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’ completo en: http://www.ecologistasenaccion.org/article33690.html

La caza intensiva atenta cada vez más contra la biodiversidad y el bienestar animal

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whatsapp-image-2016-11-10-at-09-50-09Ecologistas en Acción demanda a las comunidades autónomas la eliminación de la caza intensiva y de todas las malas prácticas asociadas a ella. 

En Castilla-La Mancha el problema es especialmente grave, pues abundan las zonas de caza intensiva y ésta van a aumentar, incluso en espacios protegidos, si termina de implantarse la figura del  cuartel de caza comercial derivada de la vigente ley de caza. En la región, los intensivos son responsables de casos muy grave de veneno y de muerte de especies protegidas y de que se usen los métodos más peligrosos de control de predadores, como los alares. Actualmente hay en Castilla-La Mancha del orden de 287 cotos intensivos o cuarteles de caza comercial, cuando en España había poco más de 600 en 2013. Pedimos a la Junta que retire esta figura de la ley de caza en el proceso de reforma en marcha.

La caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas, está creciendo exponencialmente en España en los últimos años. Muy particularmente en las comunidades autónomas del centro y sur peninsular, tales como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

El crecimiento de este tipo de caza ha sido tan grande que ya se da muerte a más perdices rojas “de bote” o criadas en granjas que naturales. Según datos del último Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España se cazaron 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron del orden de 1.352.058, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados. Asimismo se mataron más de 104.000 faisanes, todos procedentes de sueltas.

Esta caza, que cabría calificar de industrial, basada en la cría en granjas, sueltas y caza masiva de ejemplares, lleva aparejada un intenso manejo del acotado para garantizar que la alta inversión que implica todo el proceso se rentabiliza con los altos precios que están dispuestos a pagar los clientes que se acercan a ellos.

Operadores de turismo cinegético llegan a facturar del orden de 46 a 57 euros por perdiz cobrada, y se garantiza siempre un mínimo de capturas a cada partida de 3-8 cazadores que puede rondar las 500-600 perdices. Es decir, un grupo que ha contratado los servicios de uno de estos cotos intensivos está dispuesto a pagar cerca de 36.000 euros en un solo fin de semana.

La desproporción entre lo que se caza en las zonas intensivas y lo que se caza en el resto de espacios aumenta cuando se observa que las primeras ocupan el 1 % de la superficie total de zonas de caza en España y suponen un 2% del total de espacios acotados.

Sin embargo, su impacto en términos de daños a la biodiversidad y al bienestar animal se multiplica, ya que estos cotos actúan como sumideros de especies protegidas y no protegidas debido a las malas prácticas que los caracterizan,  producen un efecto contagio en la mala gestión del resto de cotos y, además, han forzado cambios normativos que los promueven a la par que reducen los controles ambientales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial.

Las malas prácticas que se dan en la caza intensiva son numerosas, pero las más destacadas son las que tienen que ver con la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, tales como lazos, cajas-trampa o veneno; la caza masiva y el tiro al blanco que se ejerce sobre los animales de granja, que se matan por cientos cuando no por miles en una sola jornada de caza; y la dispersión brutal de plomo en el medio natural que provoca el uso de la munición.

Además, en los cotos intensivos se permite cazar fuera de la temporada general de caza, en época de reproducción o de paso migratorio, y se suelen realizar numerosas infraestructuras impactantes para darles servicio, tales como grandes caseríos y palacetes, una densa red de caminos y pistas, vallados que cercan la finca y hasta aeropuertos privados.

Ejemplos del perjuicio que provocan los cotos intensivos en la biodiversidad los hay numerosos y muy recientes. En el pasado verano el Seprona denunciaba a un coto intensivo de Moratalla, Murcia, por usar veneno y matar animales domésticos y silvestres.  Recientemente se ha conocido la sentencia que condena a un año y medio de prisión y 90.000 euros de indemnización al titular de las fincas La Nava y Barranco de la Gomera, al sur de Ciudad Real, por la muerte de la lince “Grazalema” en una caja-trampa para capturar predadores. En septiembre pasado se denunciaba al coto Mata del Moral en la provincia de León por la muerte masiva de especies protegidas. Un conocido coto intensivo toledano, Mochares, con dos precedentes de uso de veneno, ha sido sancionado a principios de 2016 con un año de suspensión de la caza tras aparecer 10 rapaces, entre ellas 5 milanos reales especie en peligro de extinción, y 16 cebos envenenados.

Pero lo malo no son sólo las actuaciones ilegales, también las legales son más que peligrosas. Uno de los linces del programa de reintroducción en Castilla-La Mancha, Llera, cayó en mayo de 2015 en un lazo en alar autorizado y pudo ser liberado gracias a que portaba radiotransmisor. En estos alares que permiten las comunidades autónomas amparándose en una inaudita homologación realizada por el MAGRAMA se llegan a instalar 240 lazos por cada 500 hectáreas de terreno, una tupida red de trampas de la que difícilmente escapará predador alguno. El alar ha sido una demanda de los cotos intensivos y de otros grandes cotos que no entienden la caza sin perseguir a lo que ellos llaman “alimañas”.

Los daños de los intensivos en la biodiversidad están acreditados por numerosos estudios. Una revisión de especialistas del CSIC sobre los efectos de la caza menor publicada en la revista Ecosistemas (número 22, mayo-agosto, 2013) concluía sobre ellos que “las sueltas de perdices de granja u otras características de los cotos intensivos podrían estar afectando negativamente a dos grupos de aves protegidas”, las rapaces y las esteparias.  Y considera que “además de sus efectos en las poblaciones nativas de las especies en cuestión, las sueltas pueden tener efectos negativos en la fauna no cinegética, ya que pueden favorecer la introducción de parásitos nuevos en el medio, que podrían afectar negativamente a otras especies presentes en los mismos ecosistemas”.

A pesar de las evidencias, las administraciones no solo se muestran reacias a prohibir la caza intensiva, sino que cada día la fomentan más, con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia flagrante. La presión del lobby que maneja este negocio es tal que llegar incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos que dicen sentirse perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona.

La caza intensiva que se ejerce en los cotos intensivos, en los cuarteles de caza comercial o en los llamados escenarios de caza no puede permitirse de ninguna manera, y es hora de que las administraciones responsables la prohíban de una vez por todas. Solo una débil justificación economicista que beneficia a unos pocos hace que se mantenga una práctica dañina y perjudicial en todos los sentidos.