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El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

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Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

Ampliada la protección de El Hito. La naturaleza gana al almacén nuclear.

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Gran satisfacción de Ecologistas en Acción ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la ampliación de la ZEPA/ZEC de El Hito. La avifauna, las comunidades gipsófilas, las especies piscícolas del río Záncara, así como las lagunas de Casalonga, son importantes valores naturales dentro del espacio a proteger.

El reconocimiento de los valores naturales del entorno de El Hito, da la razón a Ecologistas en Acción y otras organizaciones ecologistas que durante años han reclamado dicha protección. Ya en 1998, se incluyó la mayor parte del espacio ahora protegido como IBA (Important Bird Area) y fue puesto en conocimiento de la UE.

Además de las importantes comunidades de avifauna que ya merecieron la catalogación como ZEPA de la laguna de El Hito, dentro del perímetro existen importantes valores: humedales de Casalonga, comunidades gipsófilas (hábitat prioritario recogido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) y comunidades piscícolas del río Záncara. Todos ellos justifican el inicio de un procedimiento de protección como ZEC (Zona de Especial Conservación), figura también de la Red Natura 2000.

De entre las especies vegetales más importantes vinculadas a la presencia de yesos (gipsófilas) se encuentran plantas de alto valor científico y ecológico, encontrándose entre ellas endemismos manchegos. Las más destacadas son: Gypsophila bermejoi, Arenaria cavanillesiana, Teucrium pumilum y Lepidium cardamines, todas ellas catalogadas de interés especial a nivel regional.

Toda esta información se plasmó en las alegaciones que presentó Ecologistas en Acción en 2010 ante el Ministerio de Industria, cuando Villar de Cañas se postuló para albergar el almacén de residuos nucleares (ATC).

Ahora, tras un proceso iniciado en julio de 2015, el Consejo de Gobierno de la Junta de CLM, ha aprobado la protección de la zona, gracias a un intenso trabajo técnico y científico que sustenta sólidamente esta protección. También ha habido varios periodos de alegaciones que han permitido que todos los afectados pudieran poner de manifiesto sus propuestas y enriquecer el documento final de protección.

Podemos y Ecologistas en Acción valoran las cuestiones medioambientales más importantes de Castilla La Mancha

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El diputado de Podemos Castilla-La Mancha David Llorente ha mantenido una reunión con el portavoz regional de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, Miguel Hernández, en la que han valorado las cuestiones medioambientales más importantes de la región, entre las que se encuentran el ATC, el fracking, la ley de caza y el Plan Especial del Alto Guadiana.ecologistas-y-podemos

En lo que respecta al ATC de Villar de Cañas, Llorente y Hernández han coincidido en la necesidad de promover la movilización y concienciación popular para acompañar y reforzar todas las iniciativas orientadas a paralizar este proyecto, que consideran innecesario, inasumible y perjudicial para la población castellano-manchega. Los representantes de Podemos y Ecologistas en Acción también comparten la idea de que se debe apostar por una transición hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y que contemple un cierre progresivo de las centrales nucleares.

Llorente y Hernández también han subrayado el rechazo de sus organizaciones a la técnica del fracking y han destacado la importancia de que el Gobierno regional adopte medidas que paralicen estos proyectos mediante regulaciones que garanticen la protección de la salud pública, la calidad del agua y el medio ambiente.

Otra de las cuestiones socioambientales importantes en Castilla-La Mancha es la Ley de Caza aprobada en la anterior legislatura. Llorente y Hernández han criticado que esa ley responde a un modelo de caza intensiva y elitista que no respeta los derechos de los no cazadores. Según ha explicado Llorente, esta norma “no tiene en cuenta aspectos sociales, ambientales, de usos diversos del monte y de bienestar animal.” Ambos han coincidido en que, ya sea mediante la derogación o la reforma en profundidad, lo importante es que el articulado de la ley en cuestión tenga en cuenta a todos los actores y aspectos implicados. Como punto de partida, Ecologistas en Acción y Podemos Castilla-La Mancha han considerado la posibilidad de impulsar iniciativas legislativas para derogar los aspectos más dañinos de la ley vigente.

En la reunión también se ha estudiado la situación de los ríos en la región y en especial el Plan Especial del Alto Guadiana. Durante años se han estado realizando múltiples pozos y captaciones ilegales de agua que han supuesto una sobreexplotación de acuíferos y han dañado humedales y espacios naturales como las Tablas de Daimiel. El exceso de regadío intensivo, particularmente en el viñedo, ha generado también un problema estructural de sobreproducción en el sector que es necesario abordar. Llorente y Hernández han coincidido en señalar la necesidad de compatibilizar el apoyo a los pequeños y medianos productores con la protección del medio ambiente regulando de forma justa y sostenible los derechos de uso del agua. De manera más amplia, Podemos y Ecologistas en Acción comparten la conveniencia de impulsar una reforma de los planes hidrológicos de la región que incluya la aplicación de caudales ecológicos y la protección de los ríos y la calidad del agua.

¡¡STOP ATC NUCLEAR DE VILLAR DE CAÑAS!!

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Paren el derroche de dinero público para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares. FIRMAS EN CHANGE.ORG http://goo.gl/yLDrDB

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