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Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.

 

Los humedales manchegos en alerta por alta contaminación y falta de agua en plena época de visitas.

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Aspecto actual de la laguna de Villacañas

Ecologistas en Acción alerta del mal estado de las zonas húmedas protegidas de Castilla-La Mancha, en especial en las cuencas del Tajo y del Guadiana y pide a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que adopten medidas urgentes de control de riegos y de vertidos para que la situación no termine por afectar al ecoturismo.

La contaminación y la falta de agua están conformando una nefasta alianza que está dando lugar al deterioro grave y progresivo de los principales humedales de Castilla-La Mancha, particularmente en los del complejo de la Mancha Húmeda.

Visitantes que en estas fechas acuden a estas zonas para disfrutar del contacto con la naturaleza se están encontrando con la lamentable imagen de lagunas secas o de zonas, como los de las Tablas de Daimiel, donde a pesar de que haber agua apenas hay aves presentes.

En las últimas semanas se ha podido observar como lagunas como las de Villacañas, Lillo y Quero en Toledo están prácticamente secas. Y otras como las de las Tablas de Daimiel o Villafranca de los Caballeros presentan muy poca presencia de aves. Curiosamente, sólo los humedales que dependen de vertidos depurados presentan una cierta, aunque artificial, buena imagen.

La mala situación de los humedales manchegos está provocada por dos problemas muy graves y recurrentes. Por un lado, la falta de lluvias agravada por el creciente consumo de agua para regadío. Los niveles freáticos de los acuíferos subterráneos están bajando a un ritmo de 3 metros al año, y los caudales superficiales brillan por ausencia.

Por el otro, los vertidos sin depurar que siguen llegando a los cauces fluviales y se concentran en el Amarguillo, el Cigüela, el Záncara o el Azuer. Las aguas contaminadas acaban en los vasos de las lagunas fluviales y terminan por matar la fauna y flora subacuática de la que se alimentan las aves.

Esto último es lo que está pasando en las Tablas de Daimiel, donde las malas condiciones del agua favorecen la proliferación de especies de peces invasores, y donde a día de hoy apenas es posible ver algún pato. Por ejemplo, el emblema del Parque Nacional, el pato colorado apenas es visible ya en la zona cuando llego a disfrutar de una población de más de 1.500 parejas.

La mala situación de los humedales no sólo es perjudicial desde el punto de vista ambiental, sino que además puede terminar por afectar al ecoturismo que se desarrolla en torno a ellos. Una visita a cualquiera de estas zonas, y en particular a los parques nacionales, naturales y reservas, queda muy deslucida sin la presencia de agua o de aves acuáticas.

Por ello, Ecologistas en Acción reclama una mayor atención para estas zonas, y una acción decidida de lucha contra la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos. Hasta ahora tanto la Junta de Castilla-La Mancha como el MAPAMA no están cumpliendo debidamente con sus funciones de tutela y protección de estos espacios, y el resultado puede ser la pérdida de biodiversidad y de miles de visitantes, incluidos muchos extranjeros.

La Consejería de Agricultura abre la mano al uso masivo de herbicidas y más espalderas en las ZEPA de aves esteparias

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Las asociaciones de defensa de medio ambiente consideran que la Consejería de Agricultura ha quebrado con nuevas propuestas el proceso de debate sobre el plan de gestión de las ZEPA de ambientes esteparios y se reservan adoptar futuras acciones si el texto se aprueba tal cuál.

El nuevo borrador del plan de gestión de ambientes esteparios remitido a las partes por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con vistas a su inminente publicación ha terminado por quebrar el diálogo entorno al plan de gestión de las zonas de especial protección de ambientes esteparios de Castilla-La Mancha.

Las últimas modificaciones introducidas a instancias de las organizaciones profesionales agrarias sobrepasan ya lo admisible para las asociaciones de defensa del medio ambiente que están participando en el proceso.

Dos aspectos novedosos resultan críticos para que se haya colmado la paciencia y la flexibilidad mostrada hasta ahora por las ONG ambientales.

Por un lado, el incremento de superficie admisible de nuevos leñosos y de viñedos en espaldera en las ZEPA. Respecto a borradores iniciales se duplica la superficie de nuevos leñosos hasta  alcanzar las 4.459 hectáreas. Estos cultivos, incompatibles como hábitats para las especies esteparias, suponen ya el 15% de la superficie de las ZEPA, incluyendo la ilegal que se pretende regularizar y que se cifra en torno a las 1.600 hectáreas.

Por otra parte, la Consejería ha modificado de incompatible a autorizable el régimen de uso de “los sistemas de cultivo del tipo de siembra directa o mínimo laboreo que conllevan empleo masivo de herbicidas, así como el empleo de herbicidas en barbechos” (cita literal del plan). Modificar el documento para dar cabida al uso masivo de sustancias dañinas para el medio ambiente es algo que resulta del todo inconcebible. La Consejería está tan cegada en su apoyo a las técnicas mal llamadas de agricultura de conservación que se basan en el empleo masivo de hervidas como el glifosato, que ni siquiera ha reparado en la barbaridad que supone el incluir dicho texto para su aplicación en zonas de especies particularmente sensibles a este tipo de sustancias tóxicas y nocivas.

Estas últimas modificaciones, sumada a la falta de atención a las propuestas mediadoras de las organizaciones de defensa del medio ambiente, conllevan que el resultado sea un borrador de plan de gestión que en ningún caso promueve la restauración y conservación en estos espacios que han sido especialmente designados y financiados para ello por sus valores naturales. Se puede romper del todo así el delicado equilibrio ecológico mantenido por actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con una biodiversidad única en todo el continente europeo.

Las propuestas ofrecidas en todo momento por las asociaciones, desoídas por la administración, iban encaminadas a favorecer esos sistemas agrícolas tradicionales, ayudándoles a mantenerse frente a otras opciones más rentables y a una agricultura intensiva e industrial basada en un uso intensivo de productos químicos y un consumo desproporcionado de recursos como agua y energía, con importantes impactos ambientales.

Así las cosas, y si la Consejería no rectifica rotundamente, las asociaciones nos consideraremos desvinculadas del resultado final de un proceso de participación que, después de mucho esfuerzo, no ha servido para llegar a una solución equilibrada. En tal sentido nos reservamos la posibilidad de apelar a otras instancias, al objeto de reivindicar su adecuación a las distintas normativas que le son de aplicación.

Las ONG ambientales alegan juntas al plan de gestión de las ZEPA de Ambientes Esteparios de Castilla-La Mancha

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Los viñedos en espaldera dañan las Zepas Esteparias

Las principales organizaciones de defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha, Ardeidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/BirdLife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF, han unido fuerzas y han presentado un documento conjunto de alegaciones al Plan de Gestión de las 8 Zonas de Especial Protección de Aves de ambientes esteparios.

En este escrito se solicita a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que mejore notablemente el borrador del plan sometido a información pública. También exigen que no se deje influir por las injustificadas solicitudes de las organizaciones profesionales agrarias, ya que si se aceptan no se resolverá nunca el problema de seguridad jurídica que se mantiene sobre las ZEPA y hacen peligrar la consecución de 40 millones de euros de  ayudas europeas que llegarían de la mano del Plan de Desarrollo Rural (PDR).

En las alegaciones, las ONG defienden la importancia de las ZEPA de aves esteparias y la necesidad de aprobar un plan de gestión que aúne criterios de conservación con el mantenimiento e impulso de una agricultura verdaderamente sostenible y rentable económicamente.

Las ONG apuestan por trabajar en la mejora de rentabilidad del modelo agrícola que ha permitido la conservación de las especies hasta la fecha, donde predominan los cultivos extensivos de cereal, frente al avance de un modelo intensivo que daña y pone en riesgo los valores naturales de estos espacios.

En este sentido, se hace especial énfasis en la incompatibilidad de las espalderas y de nuevos cultivos leñosos con el hábitat de las especies esteparias, así como en el perjuicio directo sobre las aves, las aguas, y sobre la salud de las personas supone el empleo de semillas blindadas y de pesticidas, en particular de los herbicidas como el glifosato que se emplea en la siembra directa.

Las ONG se oponen rotundamente a que en las ZEPA continúen las transformaciones de cultivos, a la siembra directa y a que no se limite el uso de pesticidas, y considera injustificadas las peticiones en este sentido de las organizaciones profesionales agrarias.

Quienes defienden estos cambios en el plan de gestión, e incluso su paralización, faltan a la verdad al enjuiciar el supuesto impacto y las limitaciones que las ZEPA generarían en la agricultura. Lógicamente, al tratarse de espacios protegidos requieren de un plan de gestión y de medidas de protección y de incentivo para orientar la práctica agrícola en estas zonas. Pero recordemos que las ZEPA son sólo 200.000 hectáreas, esto es, menos del 6 por ciento de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, y que las medidas que se proponen tienen un efecto limitado que además se compensa económicamente.

Las ONG emplazan a las organizaciones agrarias y a quienes se oponen al plan de gestión a un debate abierto y honesto sobre el tema y a que enuncien definitivamente sus propuestas concretas, puesto que parecen más interesados en una estrategia de desgaste que en la creación de un marco de gestión claro que permita a los agricultores orientar sus producciones dentro de las ZEPA y que permita desbloquear el acceso a 40 millones de euros para los cuales ya hay numerosos agricultores demandantes.