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168.000 euros de fianza por el envenenamiento de más de 50 ejemplares de fauna en un coto toledano

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· Un juzgado de Toledo ha impuesto la fianza por el presunto envenenamiento de 50 animales en un coto de la provincia
 
· Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular en este procedimiento y destacan la importancia del reconocimiento por parte de los tribunales del valor económico que supone la pérdida irreversible del patrimonio natural.

El juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº4 de Torrijos (Toledo) ha impuesto una fianza de 168.000 euros a los tres acusados por el uso reiterado de veneno que ocasionó la muerte de 55 ejemplares de fauna en el coto de la Casa Nueva en Gerindote. Esta fianza tendrá que ser depositada por el titular del coto y los dos guardas que en el momento en que se produjeron los hechos estaban al cargo de la labores de administración y gestión del aprovechamiento cinegético de los terrenos. El objeto de la fianza es responder a la posible indemnización por los daños causados por los envenenamientos y el pago del valor de las especies de fauna que se vieron afectadas. El juez decreta la celebración del juicio oral después de seis años de instrucción.

WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción ejercen la acusación popular en este proceso, destacando que “la imposición de esta fianza es importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados y demuestra que colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias económicas y legales para los autores”. La presencia en los tribunales, realizado en el marco del proyecto Life+ VENENO, ha permitido a las organizaciones ecologistas trasladar a los órganos judiciales y a la sociedad la gravedad de esta amenaza contra la biodiversidad y apoyar el trabajo de investigación realizado por los agentes de medio ambiente de Castilla-La Mancha y el Seprona de la Guardia Civil.

Los hechos
 
Entre agosto y septiembre de 2011 fueron localizados en el coto privado de Casa Nueva, en el término municipal de Gerindote, al menos 55 ejemplares de animales envenenados, entre los que se encontraban 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros, seis milanos reales y un águila imperial ibérica, estas dos últimas especies catalogadas En Peligro de Extinción. Los análisis posteriores de los animales confirmaron su muerte por efecto de dos potentes insecticidas que habían sido utilizados para la elaboración de los cebos.

Las labores de investigación de la Unidad de Investigación de Venenos (UNIVE) del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, permitieron localizar los animales envenenados y determinar la imputación del titular y los dos guardas como posibles autores de los hechos.

El uso de veneno

El informe El veneno en España (1992-2013)‘ analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, una de las mayores amenazas para la biodiversidad, y desvela los 8.324 episodios de envenenamiento que se han registrado en el periodo de estudio. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las organizaciones ecologistas estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85 % y el 97 % de los animales envenenados no se encuentran. A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para los animales domésticos.

 

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El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

Las ONG ambientales alegan juntas al plan de gestión de las ZEPA de Ambientes Esteparios de Castilla-La Mancha

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Los viñedos en espaldera dañan las Zepas Esteparias

Las principales organizaciones de defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha, Ardeidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/BirdLife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF, han unido fuerzas y han presentado un documento conjunto de alegaciones al Plan de Gestión de las 8 Zonas de Especial Protección de Aves de ambientes esteparios.

En este escrito se solicita a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que mejore notablemente el borrador del plan sometido a información pública. También exigen que no se deje influir por las injustificadas solicitudes de las organizaciones profesionales agrarias, ya que si se aceptan no se resolverá nunca el problema de seguridad jurídica que se mantiene sobre las ZEPA y hacen peligrar la consecución de 40 millones de euros de  ayudas europeas que llegarían de la mano del Plan de Desarrollo Rural (PDR).

En las alegaciones, las ONG defienden la importancia de las ZEPA de aves esteparias y la necesidad de aprobar un plan de gestión que aúne criterios de conservación con el mantenimiento e impulso de una agricultura verdaderamente sostenible y rentable económicamente.

Las ONG apuestan por trabajar en la mejora de rentabilidad del modelo agrícola que ha permitido la conservación de las especies hasta la fecha, donde predominan los cultivos extensivos de cereal, frente al avance de un modelo intensivo que daña y pone en riesgo los valores naturales de estos espacios.

En este sentido, se hace especial énfasis en la incompatibilidad de las espalderas y de nuevos cultivos leñosos con el hábitat de las especies esteparias, así como en el perjuicio directo sobre las aves, las aguas, y sobre la salud de las personas supone el empleo de semillas blindadas y de pesticidas, en particular de los herbicidas como el glifosato que se emplea en la siembra directa.

Las ONG se oponen rotundamente a que en las ZEPA continúen las transformaciones de cultivos, a la siembra directa y a que no se limite el uso de pesticidas, y considera injustificadas las peticiones en este sentido de las organizaciones profesionales agrarias.

Quienes defienden estos cambios en el plan de gestión, e incluso su paralización, faltan a la verdad al enjuiciar el supuesto impacto y las limitaciones que las ZEPA generarían en la agricultura. Lógicamente, al tratarse de espacios protegidos requieren de un plan de gestión y de medidas de protección y de incentivo para orientar la práctica agrícola en estas zonas. Pero recordemos que las ZEPA son sólo 200.000 hectáreas, esto es, menos del 6 por ciento de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, y que las medidas que se proponen tienen un efecto limitado que además se compensa económicamente.

Las ONG emplazan a las organizaciones agrarias y a quienes se oponen al plan de gestión a un debate abierto y honesto sobre el tema y a que enuncien definitivamente sus propuestas concretas, puesto que parecen más interesados en una estrategia de desgaste que en la creación de un marco de gestión claro que permita a los agricultores orientar sus producciones dentro de las ZEPA y que permita desbloquear el acceso a 40 millones de euros para los cuales ya hay numerosos agricultores demandantes.

España no necesita un pacto nacional del agua, sino cumplir con urgencia con los compromisos europeos en materia de aguas

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  • 29 entidades1 de la sociedad civil consideran innecesario un pacto nacional del agua, porque ya existe un “pacto” acordado por todos los europeos, que es la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
  • Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional aprobar una proposición no de ley para un pacto nacional del agua continuista que agravará aún más la profunda insostenibilidad de la política hídrica española y que hasta el momento, de acuerdo con la opinión de la Comisión Europea, incumple con la legislación europea.
  • Los argumentos esgrimidos para la defensa de este pacto por parte de los promotores son una apuesta por polémicos embalses y trasvases, que se alejan de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático, todo ello bajo una supuesta solidaridad y reparto territorial del agua.
  • Los firmantes aseguran que el objetivo del pacto es retomar la política de trasvases como el del Ebro y promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.

Ante la proposición no de ley presentada por el Partido Popular2para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y aprobada el pasado 19 de octubre3 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, las organizaciones firmantes denuncian el posicionamiento desfasado de los miembros de dicha comisión con la política europea en materia de aguas, y la desacertada continuidad de una política hidráulica caduca, imposible de cuadrar con los principios de la sostenibilidad.

Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional afirmar que el Gobierno haya cumplido con los compromisos de planificación hidrológica acordados con la Unión Europea en materia de aguas. Estas organizaciones presentaron decenas de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de aguas. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU PILOT 7835/15/ENVI) y a la vez investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo (EU-Pilot 6134/2014/ENV), y la afección al parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen. En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este mismo año un informe donde mostraba sus preocupaciones sobre la planificación hidrológica española –y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el Gobierno español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes de España por una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, el Delta del Ebro, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.

Las organizaciones muestran su sorpresa al verificar que el famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país. Un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados. Por ello, al tiempo que destacan la dimensión territorrial del agua y las funciones ecosistémicas que desempeña en su fluir por ríos y acuíferos, recuerdan la primera consideración de la Directiva Marco del agua: “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

Para las organizaciones firmantes los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea. Son argumentos en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que España es uno de los países más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno.

Las 29 entidades firmantes recuerdan a  todas las formaciones políticas con representación parlamentaria las prioridades para una nueva gestión del agua en España, basada en el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático, tal como proponen en el documento dePrioridades para una Nueva Cultura del Agua en España que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el inicio de la actual legislatura.

1Entidades firmantes, representantes de los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel estatal y de cuenca, y colectivos y plataformas ciudadanas que trabajan por una nueva política de aguas:

  • Acció Ecologista-Agrò
  • AEMS – Ríos con Vida
  • Amigos de la Tierra-La Rioja
  • ANSE
  • Arrels Verdes
  • Asociación el Bergantes no se toca
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y Usos Recreativos del Agua – AEPIRA
  • Asociación Geográfica Ambiental
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Asociación para la conservación piscícola y de los ecosistemas del sur – ACPES
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases – COAGRET
  • Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  • Cuenca Azul
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Gredos Verde
  • Mijares Vivo
  • Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma del río Queiles
  • Plataforma en Defensa de l’Ebre – PDE
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
  • Red del Júcar por una Nueva Cultura del Agua
  • SEO/BirdLife
  • UNIPESCA
  • WWF-España
  • Xúquer Viu

2Expediente 161/000524, Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre un Pacto Nacional del Agua (Págs. 31-32).

3Proposición no de Ley aprobada en Comisión, Proposición no de Ley sobre un Pacto Nacional del Agua, Expediente 161/000524 (Págs. 40-45 y 47).

III Jornadas de Vías Pecuarias de Guadalajara LOS CAMINOS QUE NOS UNEN

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Jornadas_VVPP_GuadalajaraLos días 7 y 8 de noviembre en Cifuentes y Masegoso de Tajuña. Estas Jornadas pretenden analizar el estado actual de las Vías Pecuarias, especialmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y proponer soluciones, incluyendo usos compatibles, para asegurar su conservación.

Organizadas por Ecologistas en Acción Guadalajara y WWF Guadalajara, y financiadas por la Fundación MAVA, están dirigidas a Técnicos y expertos de administración, organizaciones agrarias, ganaderos,asociaciones camineras y ONGs en general, asociaciones de turismo, deportes, senderismo, etc. Y a cualquier persona interesada en debatir sobre Vías pecuarias y propuestas de futuro. Son gratuitas previa inscripción mediante mail a jornadas.vvpp.guadalajara@gmail.com.

PROGRAMA

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DISPONIBLE EN VIDEO EL DEBATE SOBRE LA #LEYDECAZA #COSPEDAL. ¡IMPRESCINDIBLE!

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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y WWF DENUNCIAMOS UNO DE LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO DE FAUNA PROTEGIDA MÁS GRAVES DE ESPAÑA 

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DSCN4016Ecologistas en Acción y WWF España denuncian la falta de respuesta de la Consejería de Agricultura ante un grave caso de envenenamiento de especies protegidas en Nambroca (Toledo), que afecta como mínimo a una veintena de animales. Un mes después de descubiertos los hechos la Consejería no ha dado información sobre los detalles o los posibles avances en la investigación, ni tampoco ha adoptado ninguna medida cautelar. Las ONG muestran su preocupación y reclaman a la Consejería que adopte de inmediato las oportunas medidas recuperadoras y haga todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

El pasado 25 de diciembre la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha anunciaba en nota de prensa la localización de cebos envenenados en la provincia de Toledo, sin ofrecer más datos que el hecho de que habían sido localizados por agentes medioambientales y que proseguían las investigaciones en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil.

Tras haber pasado más de un mes después de las primeras diligencias de investigación, y contrastando distintas fuentes, Ecologistas en Acción y WWF disponen de una serie de datos, que aun siendo seguramente incompletos, apuntarían a la gravedad del caso, y que podría ser uno de los más importantes ocurridos en España y sin duda el más relevante de todos los acontecidos en 2014. En total, al menos veinte animales han sido encontrados muertos o intoxicados por el veneno en este caso y, de ellos, más de una docena de rapaces. Entre ellas al menos cinco milanos reales, especie cuyas poblaciones nidificantes están declaradas en peligro de extinción en España y en Castilla-La Mancha, además de 5 aguiluchos laguneros y 2 ratoneros.

Asimismo parece que las investigaciones sobre el terreno ya se habrían dado por concluidas hace tiempo y no se habría adoptado ningún tipo de medida cautelar, para evitar que otros animales e incluso personas pudieran verse afectadas por el envenenamiento, ni tampoco reparadoras del daño causado a la fauna silvestre.

Los protocolos del Plan contra el uso del veneno en el medio natural en Castilla-La Mancha contemplan, independientemente de si se determina o no quién ha sido el culpable, que cuando hay un daño grave sobre la fauna se deberían adoptar medidas recuperadoras. En este sentido, lo más habitual es que se suspenda la actividad cinegética para recuperar la población de especies afectadas, y también por seguridad para la salud de los propios cazadores que puedan consumir piezas de caza afectadas por el veneno y  de las personas que pudieran pasar por la zona.

Ecologistas en Acción y WWF esperan que se aplique esta normativa, se adopten de forma inmediata las oportunas medidas recuperadoras y se hagan todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. Para garantizar que se cumplen estas medidas las ONG se personarán en el caso ante la Consejería de Agricultura en el correspondiente expediente administrativo.

Por último, las ONG muestran su preocupación por la falta de interés en la lucha contra el veneno que está mostrando la administración de CLM en los últimos años y reclaman que se prioricen estas actuaciones, vitales para la conservación de la biodiversidad en Castilla-La Mancha.

Más información: Miguel Ángel Hernández (Ecologistas en Acción) – 608 82 31 10 ; Carlos Cano (WWF España) – 699 42 37 38