RIO TAJO

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

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El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

Puy de Fou, una amenaza para el medio ambiente, el agua y la participación pública.

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Emplazamiento del Puy de Fou en Toledo

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Toledo del informe favorable a la declaración de interés regional del macro-proyecto de ocio “Puy de Fou” marca el inicio de un proceso que nunca debió iniciarse, al menos en la forma que lo ha hecho.

Es muy mala noticia que el ayuntamiento de Toledo con el voto favorable de los representantes del PSOE y la tibia abstención de los de Ganemos Toledo, hayan dado su visto bueno a un proyecto que va a tener una incidencia tan transcendental en el municipio y que lo hayan hecho sin siquiera dar opción a la ciudadanía y a las entidades sociales y medioambientales a manifestar sus dudas y, en su caso, sus opiniones sobre el asunto.

Queda claro que los peores augurios se sustancian como en la peor época de la especulación urbanística. Ahora la especulación y las imposiciones vienen de la mano de inversores del sector turístico y de ocio, esa actividad que afecta, y muy negativamente, a la masificación de los destinos y al incremento de los daños ambientales sobre el territorio y sobre recursos naturales tan escasos y necesarios como el agua del Tajo.

Ecologistas en Acción de Toledo ha estado esperando pacientemente a que las administraciones y, en especial, los partidos que las dirigen dieran la oportuna información a los ciudadanos y que evaluaran de forma limpia y transparente los pros y contras del proyecto de Puy de Fou. Pero una vez más se observa que quien marca el paso en este tipo de acciones no es el respeto a la ciudadanía sino los intereses y las prisas de los inversores.

Ecologistas en Acción se muestra decepcionado por el paso dado por el ayuntamiento de Toledo, al igual que lo está con el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero confía que los ciudadanos no permitan que se repitan los mismos errores que ya se han  sufrido en Castilla-La Mancha con proyectos como el Reino de Don Quijote, el aeropuerto de Ciudad Real o el vertedero de Dehesa Aceituno.

Recordamos que Puy de Fou, aparte de sumarse a la dimensión especulativa y desarrollista que destilan estos proyectos, parte de un error fundamental de diseño que es el de su ubicación. Lejos de buscar un emplazamiento de bajo impacto, que los hay y muchos en el término de Toledo y en su entorno, ha fijado su objetivo en el valle del Guajaraz, la zona de mayor valor natural del término, la única que alberga zonas de interés y con niveles de protección forestal y faunística. Generando además un problema gravísimo de desequilibrio de territorial y otro de imprevisibles consecuencias sobre la disponibilidad de agua para la población de Toledo.

 

El TSJ de Castilla-La Mancha nos comunica la sentencia que anula el Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

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8_RíoTajo en ToledoComo era de esperar tras los últimos pasos judiciales habidos en relación con los recursos contra el POM de Toledo, el TSJ de Castilla-La Mancha ha vuelto a decretar la nulidad del mismo, por lo que, a falta de ver si se recurre la misma, el documento aprobado en 2007 dejaría de estar en vigor y carecería de valor jurídico.

Más en concreto, la sentencia 91/2017 respecto del procedimiento contencioso administrativo nº 522/07 incoado contra la Junta de Castilla-La Mancha a instancias de Ecologistas en Acción de Toledo señala en su fallo lo siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ACMADEN [Ecologistas en Acción de Toledo] contra la Orden de 26 de marzo de 2007 de la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se declara contrario a derecho y se anula, acordando la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.”

El TSJ da plenamente la razón a Ecologistas en Acción en su demanda y vuelve a recordar las modificaciones sustanciales introducidas en el POM sin que se sometieran a escrutinio público. Lo que sin duda pone de manifiesto las maniobras que el ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha urdieron para aprobar un plan insostenible, dañino para el medio ambiente, para la ciudad y los ciudadanos.

Recordemos algunas cifras que al respecto cita la sentencia. El número de viviendas proyectadas en el documento sometido al público en 2005 era un total de 37.082, mientras que en 2007 el número de viviendas aprobadas en el POM es de 49.258. La superficie construida total pasaba de 7.297.046 m2 a 11.186.076 m2. La superficie construida industrial sumaba 807.372 m2 en 2005, pero se aprobaban un total de 2.776.163 m2.

En relación con el abastecimiento de agua potable en suelo urbanizable, pasaba de una demanda bruta de agua para garantizar el abastecimiento de Toledo de 27,80 hm3 anuales a un consumo global en el pleno desarrollo del POM levemente por debajo de los 39 Hm3 al año. Y en cuanto a demanda energética se pasaba de los 222 MVA, a los 373,59 MVA.

Ecologistas en Acción reclama al ayuntamiento y a la Junta que dejen de alargar los procesos judiciales, pues no hacen otra cosa que mantener la situación de inseguridad jurídica en la que vive el urbanismo en la ciudad. Sólo pueden seguir un camino sensato, que es el del replanteamiento del modelo de desarrollo masivo y especulador en el que se quiso embarcar al municipio, y la elaboración de un POM verdaderamente sostenible y respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la ciudad.

En este sentido la asociación recuerda que proyectos como el proyecto del parque temático sacado a la luz en fechas recientes no parecen apuntar en la buena dirección y pueden tener los mismos problemas legales o más de los que ya tiene el POM.

Enlace para descarga de la sentencia original SENTENCIA PO 522 07 NOT 17-4-17

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo rechaza el trasvase de 20 Hm3 anunciado en medios de comunicación de Murcia.

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800px-trasvase_tajo-segura_por_albacete Desde la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la autorización de trasvasar 20 Hm3 de agua desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. Desde que el Memorándum Tajo-Segura y la nueva regla de explotación se introdujeron en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la cabecera del Tajo está sometida a mayor depredación, ya que la elevación a 400 Hm3 de la lámina estable de Entrepeñas y Buendía sólo ha tenido por finalidad establecer el límite a partir del cual todas las aguas por encima de ese límite sean trasvasadas, y así evitar que los tribunales continuaran sentenciando contra la pretensión del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) de hacer suyas todas las aguas acopiadas en la cabecera del Tajo.

Tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) como la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), son conscientes del enorme perjuicio que se propina al Tajo limitando el curso de sus aguas desde la cabecera, convirtiendo su cauce, aguas abajo, en un gran canal de desechos y aguas residuales, sin dinámica fluvial, sin la fauna ni la vegetación riparia que le corresponde, sin posibilidad de utilizar su entorno ni sus aguas para otras actividades fluviales que desde tiempos inmemoriales tuvo y facilitando así la aparición de todo tipo de ejemplares alóctonos que están acabando sistemáticamente con la vida propia del río que fue y que estamos obligados a recuperar para uso y disfrute de las generaciones venideras.

La política de aguas impuesta al Tajo es una política absolutamente al margen de la Directiva Marco de Agua (DMA) y debe ser corregida en todos los órdenes de gestión y planificación. Así lo reconoció la comisión de eurodiputados que constató que el estado deplorable del Tajo es absolutamente incompatible con los cánticos triunfalistas que escucharon en los despachos del Ministerio. La legislación para el Tajo es una legislación prevaricadora y dictada por los intereses de la vieja política del agua. Y el organismo de cuenca encargado por la ley de aguas de velar por la salud de los ríos de la cuenca del Tajo -la CHT- lejos de regirse por aplicar criterios estrictamente técnicos con los que sugerir cambios legislativos que faciliten la consecución de los objetivos de la DMA, se somete al principio de jerarquía y de oportunismo político en detrimento del principio de legalidad. De este modo asistimos a la propuesta de sanciones a terceros -como la reciente al Ayuntamiento de Toledo a partir de una investigación “apañada y amañada”–  o a rendición de cuentas no aceptadas por el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados o a informes unilaterales y a la carta sobre la evolución y seguimiento del Plan de cuenca, sin que quepa alegación o información de contraste alguna.

Incluso las obras propuestas en el Plan de cuenca con el pretexto de acometer mejoras de regadío -como el recientemente en licitación para dotar al canal del Alberche con agua del Tajo- o el de guardar en invierno agua del Jarama en el embalse de Finisterre para asegurar en verano suficiente caudal ecológico en Toledo, no tienen otra finalidad que el de generar artificialmente “excedentes” a trasvasar desde la cabecera.

Los trasvases deben acabar porque el Tajo necesita sus aguas para sí. Y eso lo sabe el MAPAMA, la Dirección General del Agua (DGA) y la propia CHT, que en 2011 ya advirtió que no es posible tener Tajo y trasvases al mismo tiempo; o uno u otro. Mientras los gobiernos apuesten por el Trasvase Tajo-Segura estarán eligiendo matar todo un río, el río más emblemático de la península ibérica, el río Tajo / Tejo.

¡Vida al Tajo. Trasvases, no!

No cabe otra: anulación del POM de Toledo de una vez, y redacción de uno nuevo

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La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 36.2 párrafo segundo de la LOTAU supone la anulación de facto del Plan de Ordenación Municipal de Toledo del año 2007 y que se mantiene recurrido en el TSJ de Castilla-La Mancha por Ecologistas en Acción y varios particulares.

La certificación de la ilegalidad del precepto en el que se amparó la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo para aprobar sin la debida información pública las modificaciones sustanciales del POM no hace otra cosa que confirmar los argumentos de los recurrentes. Argumentos, por cierto, reconocidos implícitamente por la propia Junta al señalar que ya ha modificado la LOTAU para eliminar el precepto ahora declarado inconstitucional.

Formalmente sólo queda esperar ahora a que el TSJ de Castilla-La Mancha, al amparo de la cuestión de constitucionalidad por él mismo promovida, anule definitivamente el POM y dé traslado de ello a las partes recurrentes, proceso que no debiera demorarse demasiado.

Pero más allá de esta cuestión sustancial desde el punto de vista de la legalidad, lo que exige la situación ahora es que la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo se dejen ya de argucias para demorar la anulación del POM e iniciar un proceso serio y transparente que dote a la ciudad de un instrumento de planeamiento urbanístico en condiciones.

Ecologistas en Acción de Toledo considera que las administraciones no han jugado limpio en todo este proceso. Primero por aprobar un POM insostenible urbanística y ambientalmente, con falta de transparencia y de respeto a la legalidad. Y luego porque se han servido de triquiñuelas legales y de enredar en los tribunales para no reconocer sus errores ni asumir sus responsabilidades.

El nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha insuficiente y mal enfocado.

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Ecologistas en Acción considera que el nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha recientemente aprobado no crea los suficientes mecanismos necesarios para evitar manejos ilegales e  incendios como los de Seseña o Chiloeches y que sigue priorizando la incineración y el vertido frente a otros sistemas de gestión no contaminantes.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha manifiesta sentirse defraudada y frustrada ante la negativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a aceptar las mayor parte de las alegaciones que se le han presentado en el sentido de apostar de una vez por la reducción,  la reutilización y el reciclado, en lugar de hacerlo por el vertido y por la llamada valorización que no es sino una simple incineración.

El escenario de los residuos en Castilla-La Mancha no puede ser más desalentador. Un alto porcentaje de residuos urbanos no gestionados que llenan los vertederos antes de tiempo, como ha ocurrido en el de Toledo. Unas bajas tasas de reciclado. Un descontrol evidente de los centros de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, de los residuos de construcción y demolición, de los lodos y de los neumáticos. Manga ancha para verter con la excusa de servir a la restauración en graveras, pozos y canteras. Una falta de control administrativo eficaz que ofrece el caldo de cultivo donde prosperan situaciones como las que han dado lugar a las catástrofes ambientales de Seseña y Chiloeches. Y todo ello aliñado además con la ausencia de protocolos de emergencias adaptados a estas catástrofes ambientales en las que ha primado la desinformación y el ocultamiento de los riesgos para la población y el medio ambiente.

El Plan desvirtúa  los  objetivos  básicos  de  la  Economía  Circular,  en  los  que  decía  inspirarse y así,  cumpliéndose  los  peores  augurios,  el  pasado  día  29  de  diciembre  ha  quedado  aprobado  un  texto que  tiene  muy  poco  que  ver  con  las  medidas  urgentes  que  exige  el  freno  a  la  escalada  imparable  en  la  generación  de  residuos,  que  aseguren  el  avance  únicamente  de  los  tipos  de  gestión  saludables  para  el  medio  ambiente y la salud   y  que eviten  tanto  la  proliferación  de  vertidos y vertederos como el comercio ilegal pseudo-mafioso en auge.

El plan además facilita el subterfugio para seguir apostando por la incineración a través de los llamados “combustibles  alternativos” o CDR (combustibles derivados de residuos). Este será que, por ejemplo, el destino de parte de los neumáticos de Seseña y de  las  50.000  toneladas  de  hidrocarburos  tóxicos  de  la  laguna  de  Arganda. Restos que se quemarán en centros de trabajo y cementeras, respectivamente, sin  que  nadie  pueda  asegurar  que  con  su  combustión  no  se  liberarán  a  la  atmósfera  las  mismas  sustancias  tóxicas  que  se  emitieron  en  el  incendio.

Ecologistas  en  Acción,  organización que representa a las asociaciones de defensa de medio ambiente en Consejo de Prevención y Reciclado de Residuos, fiel  a  los  propósitos  de  la  Economía  Circular – prolongar  el  ciclo  de  utilidad  de  los  residuos,  ahorrar  materiales  y  recursos  y  evitar  emisiones  contaminantes -,  puso  en  sus  sugerencias  al  borrador  especial  interés  en  mantener  como  eje  rector  del  Plan  el  principio  de  jerarquía – prioridad  absoluta  de  la  reducción,  la  reutilización  y  el  reciclaje  (las  tres  R ) -, reclamando  por  ello  la  supresión  del  principio  espurio   de  Gestión  Integrada,  que  promueve  la  igualdad  de  rango  de  todos  los  tipos  de  gestión,  en  especial,  de  la  incineración,  que  por  sus  efectos  nocivos  había  sido  colocada  en  penúltimo  lugar,  desvirtuando  así  la  jerarquía  en  la  gestión  y  haciéndola  en  la  práctica  inoperante.

Apostamos por los sistemas de SDDR (de depósito, devolución y retorno) en implantación en comunidades limítrofes como la valenciana. Por la instalación del contenedor de materia orgánica, por nuevos sistemas integrados de gestión. Por la sensibilización ambiental de los ciudadanos y de los agentes productores. Por la dotación de medios humanos que asegura la adecuada vigilancia y control en la gestión de los residuos.

Entre otras muchas cosas que no se han aceptado, sólo dos han parecido tener alguna respuesta por parte de la Consejería, el incremento de inspecciones, puesto en marcha ya con un programa recientemente aprobado. Y la imposición de tasas e impuestos al transporte y gestión que desincentiven el hecho de que hoy por hoy Castilla-La Mancha es una comunidad importadora de los peores residuos que se generan en España. Sin embargo ambas medidas tendrán dificultades en su aplicación, la primera por la falta de personal especializado, y la segunda porque requiere de modificaciones legislativas que no se sabe cuánto tardarán.