RIO TAJO

Puy de Fou, una amenaza para el medio ambiente, el agua y la participación pública.

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Emplazamiento del Puy de Fou en Toledo

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Toledo del informe favorable a la declaración de interés regional del macro-proyecto de ocio “Puy de Fou” marca el inicio de un proceso que nunca debió iniciarse, al menos en la forma que lo ha hecho.

Es muy mala noticia que el ayuntamiento de Toledo con el voto favorable de los representantes del PSOE y la tibia abstención de los de Ganemos Toledo, hayan dado su visto bueno a un proyecto que va a tener una incidencia tan transcendental en el municipio y que lo hayan hecho sin siquiera dar opción a la ciudadanía y a las entidades sociales y medioambientales a manifestar sus dudas y, en su caso, sus opiniones sobre el asunto.

Queda claro que los peores augurios se sustancian como en la peor época de la especulación urbanística. Ahora la especulación y las imposiciones vienen de la mano de inversores del sector turístico y de ocio, esa actividad que afecta, y muy negativamente, a la masificación de los destinos y al incremento de los daños ambientales sobre el territorio y sobre recursos naturales tan escasos y necesarios como el agua del Tajo.

Ecologistas en Acción de Toledo ha estado esperando pacientemente a que las administraciones y, en especial, los partidos que las dirigen dieran la oportuna información a los ciudadanos y que evaluaran de forma limpia y transparente los pros y contras del proyecto de Puy de Fou. Pero una vez más se observa que quien marca el paso en este tipo de acciones no es el respeto a la ciudadanía sino los intereses y las prisas de los inversores.

Ecologistas en Acción se muestra decepcionado por el paso dado por el ayuntamiento de Toledo, al igual que lo está con el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero confía que los ciudadanos no permitan que se repitan los mismos errores que ya se han  sufrido en Castilla-La Mancha con proyectos como el Reino de Don Quijote, el aeropuerto de Ciudad Real o el vertedero de Dehesa Aceituno.

Recordamos que Puy de Fou, aparte de sumarse a la dimensión especulativa y desarrollista que destilan estos proyectos, parte de un error fundamental de diseño que es el de su ubicación. Lejos de buscar un emplazamiento de bajo impacto, que los hay y muchos en el término de Toledo y en su entorno, ha fijado su objetivo en el valle del Guajaraz, la zona de mayor valor natural del término, la única que alberga zonas de interés y con niveles de protección forestal y faunística. Generando además un problema gravísimo de desequilibrio de territorial y otro de imprevisibles consecuencias sobre la disponibilidad de agua para la población de Toledo.

 

El TSJ de Castilla-La Mancha nos comunica la sentencia que anula el Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

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8_RíoTajo en ToledoComo era de esperar tras los últimos pasos judiciales habidos en relación con los recursos contra el POM de Toledo, el TSJ de Castilla-La Mancha ha vuelto a decretar la nulidad del mismo, por lo que, a falta de ver si se recurre la misma, el documento aprobado en 2007 dejaría de estar en vigor y carecería de valor jurídico.

Más en concreto, la sentencia 91/2017 respecto del procedimiento contencioso administrativo nº 522/07 incoado contra la Junta de Castilla-La Mancha a instancias de Ecologistas en Acción de Toledo señala en su fallo lo siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ACMADEN [Ecologistas en Acción de Toledo] contra la Orden de 26 de marzo de 2007 de la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se declara contrario a derecho y se anula, acordando la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.”

El TSJ da plenamente la razón a Ecologistas en Acción en su demanda y vuelve a recordar las modificaciones sustanciales introducidas en el POM sin que se sometieran a escrutinio público. Lo que sin duda pone de manifiesto las maniobras que el ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha urdieron para aprobar un plan insostenible, dañino para el medio ambiente, para la ciudad y los ciudadanos.

Recordemos algunas cifras que al respecto cita la sentencia. El número de viviendas proyectadas en el documento sometido al público en 2005 era un total de 37.082, mientras que en 2007 el número de viviendas aprobadas en el POM es de 49.258. La superficie construida total pasaba de 7.297.046 m2 a 11.186.076 m2. La superficie construida industrial sumaba 807.372 m2 en 2005, pero se aprobaban un total de 2.776.163 m2.

En relación con el abastecimiento de agua potable en suelo urbanizable, pasaba de una demanda bruta de agua para garantizar el abastecimiento de Toledo de 27,80 hm3 anuales a un consumo global en el pleno desarrollo del POM levemente por debajo de los 39 Hm3 al año. Y en cuanto a demanda energética se pasaba de los 222 MVA, a los 373,59 MVA.

Ecologistas en Acción reclama al ayuntamiento y a la Junta que dejen de alargar los procesos judiciales, pues no hacen otra cosa que mantener la situación de inseguridad jurídica en la que vive el urbanismo en la ciudad. Sólo pueden seguir un camino sensato, que es el del replanteamiento del modelo de desarrollo masivo y especulador en el que se quiso embarcar al municipio, y la elaboración de un POM verdaderamente sostenible y respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la ciudad.

En este sentido la asociación recuerda que proyectos como el proyecto del parque temático sacado a la luz en fechas recientes no parecen apuntar en la buena dirección y pueden tener los mismos problemas legales o más de los que ya tiene el POM.

Enlace para descarga de la sentencia original SENTENCIA PO 522 07 NOT 17-4-17

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo rechaza el trasvase de 20 Hm3 anunciado en medios de comunicación de Murcia.

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800px-trasvase_tajo-segura_por_albacete Desde la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la autorización de trasvasar 20 Hm3 de agua desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. Desde que el Memorándum Tajo-Segura y la nueva regla de explotación se introdujeron en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la cabecera del Tajo está sometida a mayor depredación, ya que la elevación a 400 Hm3 de la lámina estable de Entrepeñas y Buendía sólo ha tenido por finalidad establecer el límite a partir del cual todas las aguas por encima de ese límite sean trasvasadas, y así evitar que los tribunales continuaran sentenciando contra la pretensión del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) de hacer suyas todas las aguas acopiadas en la cabecera del Tajo.

Tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) como la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), son conscientes del enorme perjuicio que se propina al Tajo limitando el curso de sus aguas desde la cabecera, convirtiendo su cauce, aguas abajo, en un gran canal de desechos y aguas residuales, sin dinámica fluvial, sin la fauna ni la vegetación riparia que le corresponde, sin posibilidad de utilizar su entorno ni sus aguas para otras actividades fluviales que desde tiempos inmemoriales tuvo y facilitando así la aparición de todo tipo de ejemplares alóctonos que están acabando sistemáticamente con la vida propia del río que fue y que estamos obligados a recuperar para uso y disfrute de las generaciones venideras.

La política de aguas impuesta al Tajo es una política absolutamente al margen de la Directiva Marco de Agua (DMA) y debe ser corregida en todos los órdenes de gestión y planificación. Así lo reconoció la comisión de eurodiputados que constató que el estado deplorable del Tajo es absolutamente incompatible con los cánticos triunfalistas que escucharon en los despachos del Ministerio. La legislación para el Tajo es una legislación prevaricadora y dictada por los intereses de la vieja política del agua. Y el organismo de cuenca encargado por la ley de aguas de velar por la salud de los ríos de la cuenca del Tajo -la CHT- lejos de regirse por aplicar criterios estrictamente técnicos con los que sugerir cambios legislativos que faciliten la consecución de los objetivos de la DMA, se somete al principio de jerarquía y de oportunismo político en detrimento del principio de legalidad. De este modo asistimos a la propuesta de sanciones a terceros -como la reciente al Ayuntamiento de Toledo a partir de una investigación “apañada y amañada”–  o a rendición de cuentas no aceptadas por el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados o a informes unilaterales y a la carta sobre la evolución y seguimiento del Plan de cuenca, sin que quepa alegación o información de contraste alguna.

Incluso las obras propuestas en el Plan de cuenca con el pretexto de acometer mejoras de regadío -como el recientemente en licitación para dotar al canal del Alberche con agua del Tajo- o el de guardar en invierno agua del Jarama en el embalse de Finisterre para asegurar en verano suficiente caudal ecológico en Toledo, no tienen otra finalidad que el de generar artificialmente “excedentes” a trasvasar desde la cabecera.

Los trasvases deben acabar porque el Tajo necesita sus aguas para sí. Y eso lo sabe el MAPAMA, la Dirección General del Agua (DGA) y la propia CHT, que en 2011 ya advirtió que no es posible tener Tajo y trasvases al mismo tiempo; o uno u otro. Mientras los gobiernos apuesten por el Trasvase Tajo-Segura estarán eligiendo matar todo un río, el río más emblemático de la península ibérica, el río Tajo / Tejo.

¡Vida al Tajo. Trasvases, no!

No cabe otra: anulación del POM de Toledo de una vez, y redacción de uno nuevo

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La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 36.2 párrafo segundo de la LOTAU supone la anulación de facto del Plan de Ordenación Municipal de Toledo del año 2007 y que se mantiene recurrido en el TSJ de Castilla-La Mancha por Ecologistas en Acción y varios particulares.

La certificación de la ilegalidad del precepto en el que se amparó la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo para aprobar sin la debida información pública las modificaciones sustanciales del POM no hace otra cosa que confirmar los argumentos de los recurrentes. Argumentos, por cierto, reconocidos implícitamente por la propia Junta al señalar que ya ha modificado la LOTAU para eliminar el precepto ahora declarado inconstitucional.

Formalmente sólo queda esperar ahora a que el TSJ de Castilla-La Mancha, al amparo de la cuestión de constitucionalidad por él mismo promovida, anule definitivamente el POM y dé traslado de ello a las partes recurrentes, proceso que no debiera demorarse demasiado.

Pero más allá de esta cuestión sustancial desde el punto de vista de la legalidad, lo que exige la situación ahora es que la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo se dejen ya de argucias para demorar la anulación del POM e iniciar un proceso serio y transparente que dote a la ciudad de un instrumento de planeamiento urbanístico en condiciones.

Ecologistas en Acción de Toledo considera que las administraciones no han jugado limpio en todo este proceso. Primero por aprobar un POM insostenible urbanística y ambientalmente, con falta de transparencia y de respeto a la legalidad. Y luego porque se han servido de triquiñuelas legales y de enredar en los tribunales para no reconocer sus errores ni asumir sus responsabilidades.

El nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha insuficiente y mal enfocado.

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Ecologistas en Acción considera que el nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha recientemente aprobado no crea los suficientes mecanismos necesarios para evitar manejos ilegales e  incendios como los de Seseña o Chiloeches y que sigue priorizando la incineración y el vertido frente a otros sistemas de gestión no contaminantes.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha manifiesta sentirse defraudada y frustrada ante la negativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a aceptar las mayor parte de las alegaciones que se le han presentado en el sentido de apostar de una vez por la reducción,  la reutilización y el reciclado, en lugar de hacerlo por el vertido y por la llamada valorización que no es sino una simple incineración.

El escenario de los residuos en Castilla-La Mancha no puede ser más desalentador. Un alto porcentaje de residuos urbanos no gestionados que llenan los vertederos antes de tiempo, como ha ocurrido en el de Toledo. Unas bajas tasas de reciclado. Un descontrol evidente de los centros de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, de los residuos de construcción y demolición, de los lodos y de los neumáticos. Manga ancha para verter con la excusa de servir a la restauración en graveras, pozos y canteras. Una falta de control administrativo eficaz que ofrece el caldo de cultivo donde prosperan situaciones como las que han dado lugar a las catástrofes ambientales de Seseña y Chiloeches. Y todo ello aliñado además con la ausencia de protocolos de emergencias adaptados a estas catástrofes ambientales en las que ha primado la desinformación y el ocultamiento de los riesgos para la población y el medio ambiente.

El Plan desvirtúa  los  objetivos  básicos  de  la  Economía  Circular,  en  los  que  decía  inspirarse y así,  cumpliéndose  los  peores  augurios,  el  pasado  día  29  de  diciembre  ha  quedado  aprobado  un  texto que  tiene  muy  poco  que  ver  con  las  medidas  urgentes  que  exige  el  freno  a  la  escalada  imparable  en  la  generación  de  residuos,  que  aseguren  el  avance  únicamente  de  los  tipos  de  gestión  saludables  para  el  medio  ambiente y la salud   y  que eviten  tanto  la  proliferación  de  vertidos y vertederos como el comercio ilegal pseudo-mafioso en auge.

El plan además facilita el subterfugio para seguir apostando por la incineración a través de los llamados “combustibles  alternativos” o CDR (combustibles derivados de residuos). Este será que, por ejemplo, el destino de parte de los neumáticos de Seseña y de  las  50.000  toneladas  de  hidrocarburos  tóxicos  de  la  laguna  de  Arganda. Restos que se quemarán en centros de trabajo y cementeras, respectivamente, sin  que  nadie  pueda  asegurar  que  con  su  combustión  no  se  liberarán  a  la  atmósfera  las  mismas  sustancias  tóxicas  que  se  emitieron  en  el  incendio.

Ecologistas  en  Acción,  organización que representa a las asociaciones de defensa de medio ambiente en Consejo de Prevención y Reciclado de Residuos, fiel  a  los  propósitos  de  la  Economía  Circular – prolongar  el  ciclo  de  utilidad  de  los  residuos,  ahorrar  materiales  y  recursos  y  evitar  emisiones  contaminantes -,  puso  en  sus  sugerencias  al  borrador  especial  interés  en  mantener  como  eje  rector  del  Plan  el  principio  de  jerarquía – prioridad  absoluta  de  la  reducción,  la  reutilización  y  el  reciclaje  (las  tres  R ) -, reclamando  por  ello  la  supresión  del  principio  espurio   de  Gestión  Integrada,  que  promueve  la  igualdad  de  rango  de  todos  los  tipos  de  gestión,  en  especial,  de  la  incineración,  que  por  sus  efectos  nocivos  había  sido  colocada  en  penúltimo  lugar,  desvirtuando  así  la  jerarquía  en  la  gestión  y  haciéndola  en  la  práctica  inoperante.

Apostamos por los sistemas de SDDR (de depósito, devolución y retorno) en implantación en comunidades limítrofes como la valenciana. Por la instalación del contenedor de materia orgánica, por nuevos sistemas integrados de gestión. Por la sensibilización ambiental de los ciudadanos y de los agentes productores. Por la dotación de medios humanos que asegura la adecuada vigilancia y control en la gestión de los residuos.

Entre otras muchas cosas que no se han aceptado, sólo dos han parecido tener alguna respuesta por parte de la Consejería, el incremento de inspecciones, puesto en marcha ya con un programa recientemente aprobado. Y la imposición de tasas e impuestos al transporte y gestión que desincentiven el hecho de que hoy por hoy Castilla-La Mancha es una comunidad importadora de los peores residuos que se generan en España. Sin embargo ambas medidas tendrán dificultades en su aplicación, la primera por la falta de personal especializado, y la segunda porque requiere de modificaciones legislativas que no se sabe cuánto tardarán.

España no necesita un pacto nacional del agua, sino cumplir con urgencia con los compromisos europeos en materia de aguas

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  • 29 entidades1 de la sociedad civil consideran innecesario un pacto nacional del agua, porque ya existe un “pacto” acordado por todos los europeos, que es la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
  • Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional aprobar una proposición no de ley para un pacto nacional del agua continuista que agravará aún más la profunda insostenibilidad de la política hídrica española y que hasta el momento, de acuerdo con la opinión de la Comisión Europea, incumple con la legislación europea.
  • Los argumentos esgrimidos para la defensa de este pacto por parte de los promotores son una apuesta por polémicos embalses y trasvases, que se alejan de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático, todo ello bajo una supuesta solidaridad y reparto territorial del agua.
  • Los firmantes aseguran que el objetivo del pacto es retomar la política de trasvases como el del Ebro y promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.

Ante la proposición no de ley presentada por el Partido Popular2para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y aprobada el pasado 19 de octubre3 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, las organizaciones firmantes denuncian el posicionamiento desfasado de los miembros de dicha comisión con la política europea en materia de aguas, y la desacertada continuidad de una política hidráulica caduca, imposible de cuadrar con los principios de la sostenibilidad.

Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional afirmar que el Gobierno haya cumplido con los compromisos de planificación hidrológica acordados con la Unión Europea en materia de aguas. Estas organizaciones presentaron decenas de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de aguas. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU PILOT 7835/15/ENVI) y a la vez investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo (EU-Pilot 6134/2014/ENV), y la afección al parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen. En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este mismo año un informe donde mostraba sus preocupaciones sobre la planificación hidrológica española –y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el Gobierno español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes de España por una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, el Delta del Ebro, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.

Las organizaciones muestran su sorpresa al verificar que el famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país. Un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados. Por ello, al tiempo que destacan la dimensión territorrial del agua y las funciones ecosistémicas que desempeña en su fluir por ríos y acuíferos, recuerdan la primera consideración de la Directiva Marco del agua: “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

Para las organizaciones firmantes los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea. Son argumentos en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que España es uno de los países más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno.

Las 29 entidades firmantes recuerdan a  todas las formaciones políticas con representación parlamentaria las prioridades para una nueva gestión del agua en España, basada en el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático, tal como proponen en el documento dePrioridades para una Nueva Cultura del Agua en España que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el inicio de la actual legislatura.

1Entidades firmantes, representantes de los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel estatal y de cuenca, y colectivos y plataformas ciudadanas que trabajan por una nueva política de aguas:

  • Acció Ecologista-Agrò
  • AEMS – Ríos con Vida
  • Amigos de la Tierra-La Rioja
  • ANSE
  • Arrels Verdes
  • Asociación el Bergantes no se toca
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y Usos Recreativos del Agua – AEPIRA
  • Asociación Geográfica Ambiental
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Asociación para la conservación piscícola y de los ecosistemas del sur – ACPES
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases – COAGRET
  • Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  • Cuenca Azul
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Gredos Verde
  • Mijares Vivo
  • Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma del río Queiles
  • Plataforma en Defensa de l’Ebre – PDE
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
  • Red del Júcar por una Nueva Cultura del Agua
  • SEO/BirdLife
  • UNIPESCA
  • WWF-España
  • Xúquer Viu

2Expediente 161/000524, Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre un Pacto Nacional del Agua (Págs. 31-32).

3Proposición no de Ley aprobada en Comisión, Proposición no de Ley sobre un Pacto Nacional del Agua, Expediente 161/000524 (Págs. 40-45 y 47).

Gran acumulación de espumas en el río Jarama

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El río Jarama, unos pocos metros más abajo de juntarse con el río Manzanares, aparece con grandes acumulaciones de espumas. Esta situación tiene su origen en la deficiente depuración de las aguas de los municipios madrileños que ambos espumas-jarama-tajoríos encuentran a su paso, así como en los cultivos de regadío situados en sus riberas. Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo vienen denunciando desde hace años la falta de calidad de las aguas de estos ríos y su influencia negativa en el río Tajo, sin que las administraciones competentes establezcan las medidas necesarias.

En la presa del Rey, en el municipio de Rivas Vaciamadrid, el río Jarama presenta una imagen impactante, con espumas que cubren todo su cauce. Lamentablemente, no es un episodio puntual, pues es una situación que ocurre habitualmente al removerse las aguas tras pasar por el salto de la presa. Previamente, unos metros más arriba, las aguas del río Jarama se juntan con las del Manzanares. Ambos ríos van cargados de contaminantes no tratados suficientemente en las depuradoras madrileñas.

La presa del Rey sirve para derivar aguas del río para el riego de cientos de hectáreas de regadío situadas en los municipios de San Martín de la Vega, Ciempozuelos y Seseña entre otros. A pesar de la evidente contaminación, la principal zona de regadío de la región se abastece sin ningún problema de esas aguas. Hay que señalar que, la presa del Rey, está colmatada de lodos en los que se ha encontrado altas concentraciones de lindano, amonio y fósforo (páginas 42 y 104 del Esquema de Temas Importantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo). Ni la administración regional ni la Confederación Hidrográfica del Tajo han puesto nunca la más mínima pega para que se siga regando con esas aguas.

Hay que tener en cuenta, además, que el río Jarama en este punto se encuentra en el Parque Regional del Sureste, uno de los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid. Desde su creación, hace más de 20 años, la contaminación de los principales cursos fluviales del Parque, el Jarama y el Manzanares, ha sido un asunto que importara en la gestión diaria por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

Las aguas que muestra hoy el río Jarama es muy similar a la que hace unos días mostraba el río Tajo en Toledo. El Presidente de la Confederación del Tajo, Miguel Antolín, señalaba que el origen de esas espumas se debían a vertidos puntuales desde un colector municipal y desde la depuradora de Benquerencia, “desmintiendo con rotundidad” que el origen estuviera en las aguas provenientes del río Jarama. Hay que tener en cuenta, que el río Jarama aporta hasta tres veces más cantidad de agua que la que lleva el río Tajo, en Aranjuez. A la vista de cualquiera, el aspecto del río Tajo a su paso por Toledo está fuertemente influenciado por los aportes que le llegan desde el río Jarama, al margen de que existan vertidos puntuales, en todo su curso, que vayan empeorando más todavía su estado.

Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo lamentan, una vez más, la falta de responsabilidad y la inacción de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de los órganos responsables de la administración regional madrileña.