RESIDUOS

Indigna resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la declaración ambiental del Puy du Fou

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Zona protegida que se pretende para el parque temático

Como desgraciadamente era de esperar en un procedimiento que se encuentra viciado de origen por la falta de imparcialidad del Gobierno Regional, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha sido forzada a resolver favorablemente la Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del PGOU de Toledo llamada a dar cabida al parque temático Puy du Fou.

En una resolución indigna y que habla muy mal de los mecanismos administrativos por los que se rige la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su toma de decisiones, la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) hace caso omiso de las alegaciones presentadas y da por buenas las falsedades e irregularidades que arrastra el proyecto de parque temático.

Pero las presiones que haya recibido la Viceconsejería de Medio Ambiente no justifican, ni pueden servir de excusa, para que en un ejercicio irresponsable e injustificable desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo se haya dado lugar a una resolución tan mal hecha y que acumula más irregularidades al procedimiento.

Para dar salida a su resolución la Viceconsejería de Medio Ambiente ha debido batir un record en la valoración de alegaciones, ya que, recordemos, el plazo acabó el 2 de octubre pasado. En 21 días, la resolución se firma el 23 de octubre aunque se publica el 25, de los cuales sólo 14 eran laborables, le ha dado tiempo a leer, estudiar y contestar los 63 escritos presentados por distintas entidades y organismos. Simplemente inaudito, simplemente increíble.

Obviamente la Viceconsejería tenía ya escrita su resolución antes de recibir y estudiar las alegaciones y, como es lógico, ni siquiera ha detectado ni analizado como es debido las nuevas consideraciones presentadas en este segundo periodo de información pública.

Como ya hicieran otras administraciones que han informado previamente distintas cuestiones sobre el Puy du Fou, la Viceconsejería se pone de perfil en aspectos muy relevantes, como la compatibilidad de los nuevos usos del suelo en un ámbito urbanísticamente protegido con la legislación básica estatal o la ilegalidad que representa usar la concesión de agua del ayuntamiento de Toledo para una actividad terciaria en suelo rústico.  También deja pasar el hecho de que no está aprobada la Modificación Puntual nº 29, y que la resolución de la misma pueda afectar al Puy du Fou. Admite por otra parte estudios de alternativas que han ido mutando desde el planteamiento inicial, datos del proyecto que son inciertos, como el consumo de agua. O contradicciones, como la que deriva de la consideración de que el ruido puede afectar a las personas, y por eso no se puede emplazar el proyecto en suelo urbanizable, pero no a las especies protegidas, porque se van a adoptar supuestas medidas paliativas.

Sobre estas bases tan endebles la Viceconsejería se permite por último valorar como compatible los impactos paisajísticos de una actuación que ocupa con nuevas infraestructuras más de 783 mil metros cuadrados, el 48,7 por ciento del ámbito del PSI. Dato que, por cierto, se oculta maliciosamente en la resolución a pesar de estar en el proyecto y haber sido debidamente alegado.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou considera que se le debiera caer la cara de vergüenza tanto al Viceconsejero que ha firmado la DAE como a los responsables de los informes en los que se sustenta la misma. No obstante, puestos en la tesitura de que se haya aprobado este documento, se encuentran nuevos argumentos a la denuncia de que estamos ante un proceso ilegal, alimentado por un trato de favor evidente a la empresa promotora y en el que empiezan a apuntarse eventuales responsabilidades, no sólo administrativas, sino también penales.

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Se mantiene la contaminación atmosférica por ozono, pese al menor calor

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  • Castilla-La Mancha soporta unos niveles de ozono que dañan la salud, los bosques y los cultivos

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha han respirado aire contaminado por ozono durante el verano de 2018. El Informe anual sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio castellano-manchegos han estado expuestos a unos niveles insalubres de este contaminante. El repunte de la quema de combustibles fósiles y el cambio climático, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 472 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, 26 de ellas situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2018 sus niveles se han reducido, por la mayor inestabilidad y el menor calor sobre todo en primavera. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas, las zonas industriales del Norte y de Puertollano y la Comunidad de Madrid se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a la totalidad de la población y del territorio castellano-manchegos.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es también toda la de Castilla-La Mancha, salvo los 67.000 habitantes de la Comarca de Puertollano.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante primavera y verano sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está acompañando al cambio de ciclo económico. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español en 2014 por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Castilla-La Mancha durante 2018. Las personas más afectadas son niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral derivado de la contaminación por ozono representa alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora y carece de información sobre las estaciones de las redes privadas. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su Comunidad.

– Varias estaciones han registrado dos docenas de superaciones del umbral de información a la población, frente a las que la Junta de Castilla-La Mancha se ha limitado a difundir un aviso rutinario, mientras durante el episodio de primeros de agosto las grandes ciudades francesas restringían el tráfico. Por otro lado, la Comarca de Puertollano sigue sin protocolo para actuar en los episodios de ozono.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 2 millones de castellano-manchegos.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en Castilla-La Mancha son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y la reducción del uso de las centrales térmicas. También es necesario penalizar los vehículos diésel.

– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistas en Acción ha desarrollado durante la primavera de 2018 una campaña de sensibilización sobre la contaminación por ozono en la Comarca de Puertollano, con la instalación de una exposición itinerante y la realización de actividades divulgativas sobre el problema en centros educativos de la capital comarcal.

– Informe completo: www.ecologistasenaccion.org/?p=107113

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

Denunciamos el acoso a una defensora de la salud y del medio ambiente de la localidad toledana de Mora

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Humos de la industria orujera del pueblo de Mora

La Plataforma Toledo Aire Limpio y Ecologistas en Acción hacen público su apoyo y reconocimiento a Rocío Sánchez, portavoz de la Plataforma Vecinos de Mora. Rocío, junto con otros vecinos del municipio toledano, vienen den
unciando desde hace años las molestias y perjuicios que les causan las emanaciones contaminantes y humos que proceden de la instalación orujera de la empresa Extractora Ecológica de Mora.

La empresa se niega a resolver el problema de contaminación y, no contenta con ello, ha denunciado a Rocío ante los tribunales por un artículo de prensa que hacía ver lo mal que se respira en Mora.

La vista del juicio en el que tiene que testificar como denunciada será el próximo lunes.

No cabe duda que con su denuncia a Rocío la empresa lo que pretende es tapar la boca a quienes a riesgo de su salud se ven afectados por los humos y, especialmente, a las personas que con su perseverancia y buen criterio ponen en tela de juicio los actos de la empresa y de las administraciones.

Le daremos a Rocío todo el apoyo que necesite, lo merece como persona que defiende la salud y el medio ambiente de todos. Y confiamos que de una vez las administraciones implicadas dejen de ponerse de perfil ante esta grave situación y afronten de una vez el cese de las emisiones contaminantes de la fábrica.

LAS DUDAS SOBRE EL PUY DU FOU ERAN JUSTIFICADAS Y AHORA LO SON MÁS QUE NUNCA

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Primeras reacciones al anuncio de que habrá nueva información pública.

El anuncio hecho por parte de Puy du Fou España de que el parque temático va a ser sometido a un nuevo proceso de información pública no es sino la constatación de que el proyecto no cumple con los requisitos legales ni medioambientales para llevarse a cabo.

Es también la prueba de que quienes dudan de la viabilidad del Puy du Fou no sólo están justificadamente preocupados por este proyecto, sino que además ahora tienen aún más motivos para ello.

Poca o más bien ninguna consideración ni crédito merecen las explicaciones de la empresa respecto de los motivos que justifican que el PSI tenga que partir de nuevo desde cero. Serán los documentos que obren en los nuevos procedimientos de información pública los que cuando se hagan públicos aclaren las verdaderas razones de que el proyecto y toda la tramitación se tenga que rehacer.

Entre ellas, estarán sin duda, las alegaciones presentadas. Pero también las carencias de un procedimiento de PSI y de un proyecto que quedan definitivamente en entredicho.

Ni todo era tan legal, ni todo era tan correcto, ni todo está tan bien hecho como se decía.

Cuando se sometió el proyecto a información pública ya se sabía de la situación urbanística de Toledo, o de los condicionantes medioambientales y paisajísticos que cabía tener en consideración. Sin embargo, nada se hizo por ajustarse a ellos. Ahora el intento de rectificar también parece más que difícil debido a los errores acumulados y a la mala elección del emplazamiento.

Cabe preguntarse ahora con que datos y con qué certidumbres tomó el Gobierno regional en su día la decisión de declarar de interés regional el Puy du Fou. Obviamente no se hizo con los correctos. Y ahora, en lugar de rechazar un proyecto mal hecho, hay que rehacerlo todo otra vez seguramente con la idea de ganar tiempo al tiempo y para que la empresa siga con su táctica de compra de voluntades y de silenciamiento de la justas críticas.

Queremos Saber La Verdad del Puy du Fou tendría motivos más que sobrados para sacar pecho ahora que sus tesis se ven confirmadas. Pero en realidad la nueva situación es más bien motivo de tristeza y lamento porque en Castilla-La Mancha y en Toledo no se sepan hacer las cosas bien y se tomen decisiones políticas sin suficientes elementos de juicio y que embarcan a la ciudadanía a conflictos y preocupaciones que nos podíamos ahorrar.

El Movimiento esperará en todo caso a que vayan saliendo los documentos anunciados a información pública para profundizar en su valoración y en la de la situación en que queda realmente el proyecto.

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DEBE RETIRAR EL BORRADOR DE NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES QUE DESPROTEGE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA

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Electromagnetic-Radiation-1Ecologistas en Acción apoya la concentración que se realizará este próximo  domingo  día  24  de  junio, a  partir  de  las 12:15, en  la  Plaza  del  Pan  de  Talavera  de  la  Reina (Toledo) contra  la  imposición  del  despliegue  de  la  tecnología  5G  sin  haberse  realizado  ninguna  evaluación  del  impacto  en  la  salud.

Desde Ecologistas en Acción vemos con gran preocupación la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de sustituir la vigente ley regional de radiocomunicaciones 8/2001, que ha sido hasta ahora un modelo adelantado en España de regulación de las instalaciones de telefonía móvil al partir del principio básico de proteger la salud frente al efecto dañino de la contaminación electromagnética que producen las antenas de telefonía móvil y otras.

Hace dos semanas la Consejería de Fomento sometió a consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente un nuevo texto legal en la materia en el que la carencia más llamativa resultó ser la retirada como objetivo de la ley el de la protección de la salud. Precisamente el punto número uno de la ley en vigor desde 2001. De resultas de ello se desprende que el Gobierno regional quiere anular los criterios de protección que frente a la contaminación electromagnética salvaguardan en la actualidad a la población en general y, singularmente a los colectivos más sensibles, como son los menores, enfermos y mayores de edad.

En la actualidad hay vigentes unos niveles de protección que obligan a mantener unas distancias entre antenas y zonas habitadas, que se vuelven más exigentes en relación a centros educativos, hospitales y asistenciales.

La vigente ley está en perfecta sintonía con  la Resolución 1815 del Parlamento y Consejo de Europa, que establece niveles más restrictivos para la protección de la salud de la población expuesta a la radiación electromagnética, siguiendo lo que aconsejan las investigaciones científicas más recientes, muchas de las cuales ya han constatado los efectos biológicos, y no sólo térmicos, sobre el organismo humano, que van desde alteraciones hormonales, cardiovasculares e inmunológicas hasta daños genéticos y cerebrales, con un riesgo mayor para la población más vulnerable como niños, embarazadas, enfermos y ancianos.

Para atajar esos posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos (CEM), se promulgó en 2001 la ley castellanomanchega, una de las más progresistas de Europa, que además ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, que desestimó en 2012 un recurso del gobierno central sobre una supuesta invasión de competencias y reforzando con la sentencia la legítima autonomía de aquélla en materia de salud.

Por todo ello, se hace inimaginable que el nuevo texto de la Consejería de Fomento pretenda borrar de un plumazo una ley proteccionista y avalada por el Tribunal Constitucional.

Así se puso de manifiesto en la reciente reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde los colectivos ambientales criticaron todos a una y duramente la propuesta sin encontrar respuesta en el representante de la Consejería de Fomento. De facto, y ante la falta de apoyos a la norma, se puede considerar que el informe del CAMA sobre la nueva ley se debe considerar totalmente negativo.

Curiosamente este cambio normativa se pretende llevar a efecto cuando se quiere instalar en Talavera de la Reina la red 5G dentro de una prueba estatal que también se hace en Segovia. Así , ambas ciudades y sus habitantes se van a convertir en conejillos de indias de una tecnología que ya avanza, por su mayor potencia, unos mayores riesgos de contaminación electromagnética.

Difícilmente se puede pensar que cambio normativo y prueba de 5G en Talavera de la Reina sean hechos que no están conectados.

Ecologistas en Acción reclama al Gobierno regional que no desproteja la salud de la ciudadanía de Castilla-La Mancha frente a la contaminación electromagnética y retire el borrador de la ley de instalaciones de telecomunicación.

Asimismo, la asociación se une a la concentración que se realizará este próximo  domingo  día  24  de  junio, a  partir  de  las 12:15, en  la  Plaza  del  Pan  de  Talavera  de  la  Reina (Toledo) contra  la  imposición  del  despliegue  de  la  tecnología  5G  sin  haberse  realizado  ninguna  evaluación  del  impacto  en  la  salud.

La contaminación atmosférica aumenta en 2017, también en Castilla-La Mancha

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informe-calidad-aire-2017-portada-300x424–          Ecologistas en Acción presenta su informe anual de calidad del aire en el Estado español. 

–          El nuevo ciclo económico dispara el uso de los combustibles fósiles y el cambio climático provoca el año más cálido y seco desde 1965.

–          Castilla-La Mancha adolece de un red de vigilancia adecuada y de planes de prevención, a pesar de que su población está seriamente expuesta a los efectos de la contaminación.

El informe La calidad del aire en el Estado español durante 2017elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas por primera vez las de los puertos estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados porcomunidades autónomas y localidades y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones para Castilla-La Mancha, destacan las siguientes.

Durante el año 2017, se han recopilado los datos de 28 estaciones de control de la contaminación, pertenecientes a las redes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de EMEP/VAG/CAMP y de distintas instalaciones industriales, fuente ésta no considerada por el Gobierno autonómico en su evaluación de la calidad del aire.

Hay que notar que la mitad de las doce estaciones del Gobierno autonómico han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa, por lo que las conclusiones expuestas en este apartado deben ser consideradas teniendo en cuenta esta insuficiencia de la información de partida. Asimismo, los datos de algunas estaciones industriales adolecen de inconsistencias que rebajan su fiabilidad a los efectos de evaluar la calidad del aire.

Por otro lado, la página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora, y carecen de información sobre las estaciones de las redes privadas. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se debe esforzar por mejorar la medición y la información de la calidad del aire en su Comunidad.

En Castilla-La Mancha los contaminantes que más incidencia presentaron fueron el ozono troposférico, las partículas PM10 y PM2,5, y en la comarca de Puertollano el dióxido de azufre.

El ozono troposférico afectó a todo el territorio castellano-manchego, con casi todas las estaciones registrando superaciones muy elevadas del valor octohorario recomendado por la OMS. De hecho tres cuartas partes de las estaciones presentaron más de 75 superaciones. La estación de San Pablo de los Montes (Toledo) ha tenido la peor situación, con 159 días de mala calidad del aire, casi la mitad de los días del año. En lo que respecta al valor objetivo establecido por la normativa, la mitad de las estaciones registraron unas superaciones promedio anuales mayores de las 25 permitidas, en el trienio 2015-2017: Argamasilla, Brazatortas, Mestanza, Alameda, Añover, Azuqueca de Henares, Castillejo, Illescas, Toledo, Villaluenga de la Sagra, Villamejor y San Pablo de los Montes. Los peores registros tuvieron lugar en Castillejos (Toledo) y San Pablo de los Montes, con respectivamente 82 y 58 días de superación.

Finalmente, el objetivo legal establecido para la protección de la vegetación durante el quinquenio 2013-2017 se ha superado en diecisiete estaciones y en todas las zonas, situándose en 2017 todos los medidores por encima del objetivo a largo plazo, por lo que puede concluirse que la totalidad de los cultivos, montes y espacios naturales de Castilla-La Mancha están expuestos a niveles de ozono que dañan la vegetación.

Las partículas PM10 afectaron a todo el territorio castellano-manchego, salvo las zonas “Montes de Guadalajara” y “Montes de Toledo”. En todas las estaciones de la Junta de Castilla-La Mancha se registraron superaciones de los valores medios anual y diario recomendados por la OMS. Y en las estaciones de Campo de Fútbol y Talavera de la Reina se rebasó el valor límite diario establecido por la normativa. Respecto a las partículas PM2,5, los peores registros se han detectado en las estaciones de Brazatortas (Ciudad Real) y Añover (Toledo), aunque lejos del límite legal anual.

El dióxido de azufre, cuya procedencia es fundamentalmente la actividad industrial, sólo afectó de manera significativa a la comarca de Puertollano.

Las estaciones Barriada 630, Campo de Fútbol, Hinojosas e Instituto registraron más de tres superaciones del valor medio diario recomendado por la OMS, aunque en niveles inferiores a los últimos años. Los peores registros se alcanzaron en la estación Campo de Fútbol, con 42 superaciones.

En dicha estación, se alcanzaron 5 superaciones del valor límite horario establecido por la normativa, sin alcanzar no obstante las 24 superaciones que se admiten como máximo, así como una superación del umbral de alerta.

Finalmente, hay que notar que en 2017 las mediciones de hidrocarburos tóxicos en la Comarca de Puertollano han alcanzado niveles preocupantes, rebasando en la estación Campo de Fútbol la recomendación de la OMS para el benceno.

El cuadro general que presenta Castilla-La Mancha es el de dos zonas con una elevada contaminación: una situada al norte, caracterizada por contener una gran actividad industrial y un elevado número de kilómetros de carreteras y autovías con una gran intensidad de tráfico (y en cuyo interior existen importantes núcleos de población como Guadalajara, Toledo, Azuqueca de Henares y Talavera de la Reina), y otra al sur delimitada por el área industrial de la comarca de Puertollano. La contaminación emitida desde ambas zonas y desde la Comunidad de Madrid se extiende además por el resto del territorio en la forma de ozono troposférico, afectando a lugares alejados de estos focos de emisión, como por ejemplo las zonas rurales del interior.

Como consecuencia, toda la población castellano-manchega respira un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS y la legislación vigente (en este último caso con la excepción de la Comarca de Puertollano), y la totalidad del territorio está expuesto a niveles de contaminación que dañan la vegetación.

A pesar de esta situación no se tiene conocimiento de la elaboración ni aprobación por la Junta de Castilla-La Mancha de ningún plan de mejora de la calidad del aire, referido a las superaciones de los valores objetivo legales de ozono en las zonas de Puertollano, Corredor del Henares y Resto de Castilla-La Mancha, ni tampoco de ningún plan de acción a corto plazo para enfrentar los episodios de ozono en la Comarca de Puertollano. Los únicos planes disponibles hasta la fecha son los programas de reducción de partículas PM10 y SO2 en Puertollano.

Las elevadas temperaturas y la prolongada sequía han incrementado los episodios de contaminación. El fuerte calor primaveral y estival explica que los niveles de ozono hayan aumentado significativamente en 2017 en buena parte del Estado español. También el cambio de ciclo económico ha conllevado un aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte, la industria y la producción de electricidad, con el consumo energético en los niveles del inicio de la crisis y las energías renovables en su peor situación de la última década.

Finalmente, las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, recuperando los apoyos a las energías renovables y penalizando el diésel y la incineración de residuos.