NUCLEARES

El Gobierno de Castilla-La Mancha no asume los importantes retos que se han de afrontar en esta crisis ecológica.

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Rueda de Prensa de Ecologistas en Acción CLM (Foto ELDIARIOCLM.ES)
  • Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha renueva y refuerza su equipo de coordinación regional para que se modifique una acción política que queda al servicio de los intereses económicos.

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha se está presentando con la idea de proyectar una imagen de impulso a las políticas medioambientales. Se ha creado una Consejería que se llama de Desarrollo Sostenible, alguna nueva dirección general y se han planteado como líneas maestras de la acción de Gobierno el impulso de las energías renovables, de la economía circular y la defensa del agua.

Para Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha estas iniciativas pero, sobre todo, el contexto y la forma en las que se están planteando, distan mucho de ser las necesarias para afrontar los grandes retos medioambientales que están en juego.

En Castilla-La Mancha parece no terminar de entenderse el calado de los problemas ambientales que acucian a la región, y que de forma creciente han alimentado movimientos sociales y plataformas de defensa ambiental. Inquietud social que aumenta en Europa y que ha empezado a ser liderada por quien más ve su futuro y el del planeta en juego: la juventud.

No se pueden dar soluciones, ni ejercer una adecuada acción de Gobierno, si no se hace un buen diagnóstico de esa situación ni se asumen las responsabilidades que a cada cual le son propias. Mucho menos si por el contrario, todo se ve desde una óptica economicista a corto plazo.

Castilla-La Mancha está inmersa y contribuye a una crisis ecológica que se plasma en dos grandes problemas: el cambio climático y la pérdida creciente de biodiversidad. En ellos confluyen y de ellos se derivan situaciones que no sólo afectan al medio ambiente, y a recursos como el agua o el aire, sino también a la calidad de vida, la salud y al bienestar económico.

Parece que lo coherente sería una declaración de emergencia ambiental, como por ejemplo se ha planteado en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en Castilla-La Mancha se siguen manteniendo recetas del pasado, con miras desarrollistas amparadas en una ambigua y rancia concepción de lo que es la verdadera sostenibilidad.

A veces unas palabras son muy reveladoras. Y en este caso, las del Presidente de la Junta reclamando más presupuesto regional para poder hacer más kilómetros de carretera, como expresó en la presentación del nuevo Gobierno, lo son y mucho. Sobre todo porque además no se observó en sus palabras posteriores ningún énfasis que no fuera el de insistir en ideas similares a esa traducidas a las distintas áreas de gobierno.

Las señales que está dando el nuevo Gobierno no son muy halagüeñas y se observa un continuismo muy preocupante.

En materia de medio ambiente es muy llamativo que la nueva consejería no incorpore en su denominación el término medio ambiente, y que éste quede una vez más en un segundo nivel, en el marco de una viceconsejería. Tampoco lo es que junto a las competencias ambientales se incluyan las de la minería, las de telecomunicación o las de energía. Cuestiones que deben evaluarse con independencia desde la óptica del medio ambiente.

Con algunas felices salvedades en el organigrama como la Dirección General de la Agenda 2030 o que se visualice la importancia de la biodiversidad, parece que el medio ambiente se va a gestionar como en otras ocasiones. Acumulando en la Consejería competencias no medioambientales y repitiendo el modelo de la que en su día se denominó Consejería de Industria y Medio Ambiente, que no hizo otra cosa que alimentar la especulación y la burbuja de las renovables, en cuya segunda versión ya nos encontramos.

Tampoco es bueno que las competencias en agua se le adjudiquen a agricultura, precisamente el sector que mayor crisis hídrica produce en nuestro territorio. Lo que además debilitará la posición de la región para reclamar el fin del trasvase Tajo-Segura.

Por su parte, la llamada economía circular está ya llenando de vertederos de residuos industriales nuestra región. Y amenaza con aumentar la importación de lo que otras regiones no quieren. Ya no será suficiente ni la tasa de vertido que se anuncia, mientras sea negocio lucrativo generar residuo, se aumentará el problema.

En Castilla-La Mancha hay una doble crisis ambiental, que exige iniciativas valientes y que vayan por delante de los acontecimientos, no por detrás.

A tal fin, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ya planteó a los partidos que concurrieron a las elecciones cuales podrían ser los objetivos y las medidas a aplicar en materia de medio ambiente. Y ahora ve que quien las ganó y va a gobernar no parece muy dispuesto a asumirlos.

Ante ello se augura una legislatura de grandes reivindicaciones medioambientales, en las que será una vez más la ciudadanía la que tenga que tomar la palabra y hacer ver a los políticos que el medio ambiente es una verdadera prioridad.

Para fortalecer su acción en la región Ecologistas en Acción ha decidido renovar y reforzar el equipo de coordinación en Castilla-La Mancha.

Contamos con un nuevo coordinador regional, Sebastián Rivera, y un nuevo co-portavoz, José Manuel Hernández. Por su parte, Miguel Ángel Hernández que lleva 20 años alternando esas funciones pasa a ejercer labores de apoyo y de asesoría técnica y jurídica. Con esta configuración, a la que se suman los grupos y federaciones regionales, la asociación espera estar a la altura de lo que viene por delante.

Todos ellos, así como el conjunto de la federación ecologista, se ponen desde hoy a trabajar y a disposición del nuevo Gobierno y, sobre todo, de la ciudadanía para mejorar de verdad el medio ambiente de la región.

SE ADJUNTA LISTA DE PRIORIDADES QUE PROPONE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRIORIDADES MEDIOAMBIENTALES. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.

Para Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha las labores que en materia de medio ambiente hay que acometer son, a modo de resumen, las siguientes:

–          Pacto regional para la declaración del estado de emergencia ambiental en Castilla-La Mancha

–          Incorporar el derecho al medio ambiente en el estatuto de autonomía

–          Fortalecimiento de la persecución de los delitos ambientales y de las infracciones contra la naturaleza mediante unidades de investigación específicas en las fiscalías y en el cuerpo de agentes medioambientales en materia de incendios, protección de las especies y espacios protegidos y protección de la calidad ambiental

–          Debate regional para encarar el fenómeno del despoblamiento desde un punto de vista integral, sin caer en tópicos ni tradicionalismos rancios

–          En materia de protección de la biodiversidad:

o   Aprobación de una Estrategia regional de protección de la naturaleza que incluya, entre otras, un Plan regional de recuperación de especies polinizadoras

o   Eliminación de las ayudas e incentivos sectoriales que son contraproducentes para la biodiversidad y reorientación de los fondos liberados.

o   Prohibición del uso de herbicidas y plaguicidas en áreas urbanas, carreteras y espacios naturales.

o   Fin de la caza y del control de poblaciones mediante técnicas de caza en los parques nacionales y en los refugios de fauna

o   Consolidación y ampliación de la red de áreas protegidas

–          En materia de cambio climático:

o   Aplicar una reducción de emisiones al transporte por carretera y al sector agro-ganadero del 40% para 2030

o   No impulsar proyectos generadores netos de grandes emisiones y con grandes impactos ambientales: Cierre del aeropuerto de Ciudad Real y desestimiento del de Casarrubios del Monte

–          Educación ambiental

o   Aprobación de la nueva Estrategia de Educación Ambiental en Castilla-La Mancha

–          Protección animal

o   Aprobación de una nueva ley de protección y bienestar animal moderna y que elimine y penalice también el maltrato a especies silvestres en todo tipo de actividades

o   Eliminar la declaración de las corridas de toros como bien de interés cultural

o   Recuperar la prohibición de la cetrería en Castilla-La Mancha

–          Contaminación y salud

o   Plan regional de eliminación de fuentes y de reducción de la contaminación atmosférica, por malos olores y por todo tipo de radiaciones. Asociarlo al Plan regional de Salud Pública.

–          Gestión forestal y uso público

o   Establecimiento de una carta de derechos del usuario del medio natural

o   Estrategia de prevención y recuperación forestal para hacer los bosques y montes más resistentes a los grandes incendios y al cambio climático

o   Eliminación de todas las malas prácticas cinegéticas y reducción de infraestructuras como los vallados cinegéticos.

–          Agricultura y ganadería

o   Asumir los principios de la agroecología en el desarrollo de políticas agrarias y como mejor herramienta contra el despoblamiento y la pérdida de identidad cultural en el medio rural.

o   Cese de autorizaciones a nuevas macrogranjas y auditoría a las existentes

o   Reducción de la superficie de regadíos en un 20%, empezando por los ubicados en espacios de la red natura 2000

o   Incorporación de dos representantes de las organizaciones ambientales al Consejo Regional Agrario

–          Residuos

o   Aprobación de una Estrategia y Ley Regional de Residuos Cero. Modificar en consecuencia el nombre de la DG de Economía Circular por DG Residuos Cero.

o   Cese de autorizaciones de nuevos vertederos aislados o dentro de complejos de tratamientos de residuos.

o   Aprobación de una tasa desincentivadora de la producción de residuos que se sume a la prevista por el depósito en vertederos.

–          Agua

o   Reducir el consumo de agua en la agricultura de CLM en un 30%

o   Renuncia a la legalización de pozos de en el Alto Guadiana

o   Establecimiento, en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas, de caudales ambientales para todas las masas de agua y del cese programado del Trasvase Tajo Segura y a la Llanura Manchega.

–          Energía

o   Modelo alternativo de impulso a las renovables, haciendo una apuesta verdadera y potente por la energía distribuida, los microproyectos y el autoconsumo

o   Elaboración y evaluación ambiental de un Plan Regional de Energías Renovables

o   Medidas para evitar una burbuja especulativa de grandes proyectos de renovables que benefician especialmente a las grandes empresas.

o   Cierre de la central nuclear de Trillo. Y confirmación del desestimiento del ATC en Castilla-La Mancha

–          Minas

o   Ley para poner freno a proyectos mineros impactantes.

o   Desestimiento o, en su caso, revocación de autorizaciones a proyectos mineros como “El Moto”, “Cristina-Sepiolsa”, Fontanarejo y otros

–          Urbanismo, infraestructuras y turismo

o   Renuncia a nuevas autovías y desdoblamientos, así como al TAV Madrid-Extremadura

o   Revisión de la aprobación del PSI del parque temático Puy du Fou en Toledo

o   Incorporación de representantes de las organizaciones ambientales en las Comisiones de Urbanismo

–          Transporte y movilidad

o   Plan regional de movilidad sostenible con objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en el transporte por carretera y aéreo

o   Impulsar el uso del transporte público y no fomentar el uso del vehículo privado, por ejemplo, mediante la creación de nuevas infraestructuras

–          Gobernanza ambiental

o   Creación de un comité de ética independiente que persiga la mala praxis en la tramitación de proyectos y expedientes con repercusiones medio ambientales

o   Apuesta por la participación pública fortaleciendo los órganos regionales y creando órganos provinciales de medio ambiente

o   Renovar y ampliar los equipos técnicos y jurídicos de la Consejería y de las Direcciones Provinciales con profesionales cualificados en el medio ambiente

o   Fortalecer el papel de la ciencia independiente en la toma de decisiones

Denunciamos la deriva anti-ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha

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  • Ecologistas en Acción no suscribirá el Pacto Regional del Agua, duda de la capacidad de Castilla-La Mancha para proteger la salud de su ciudadanía y su patrimonio natural, y reclama a Page que se respete a quien discrepa de sus decisiones.

 

  • Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia

A lo largo de este fin de semana se ha celebrado en la localidad de El Provencio (Cuenca) la vigésima asamblea regional de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

A la misma han asistido los representantes de las distintas federaciones provinciales así como de grupos locales y comarcales. Entre ellos los del nuevo grupo de Ecologistas en Acción de la Cuenca del Záncara cuya creación muestra la vitalidad de la única federación ecologista de ámbito regional.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia en los que los grupos que conformaron la federación se han consolidado y, además, se han ido incorporando otros nuevos. Pero lo que es más importante es que hoy por hoy la asociación es un sólido referente de la defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha al que todo tipo de entidades y la ciudadanía en general se puede dirigir para hacer frente a cualquier situación de carácter ambiental.

Pero en una entidad como Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hay poco tiempo para celebraciones y la asamblea necesariamente se ha centrado en las cuestiones formales y de interés que conformaban el orden del día. Del resultado de las deliberaciones se destacan a continuación las principales conclusiones.

–          Constatar que el Gobierno regional, tras un inicio de legislatura prometedor en algunos aspectos, está dando cada vez más la espalda al medio ambiente y está alcanzado cotas y llevando a cabo acciones que recuerdan a las de Gobiernos anteriores.

–          Especialmente lamentable es la contribución desde la portavocía del Gobierno al clima de acoso y menosprecio que sufren quienes defienden el medio ambiente desde posiciones discrepantes a las del propio ejecutivo o a las de entidades con intereses meramente económicos. El caso del trato dado al Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou es uno de los que ejemplifican esa situación, y desde aquí nos solidarizamos con dicho colectivo. También lo hacemos con quienes defienden pueblos sin malos humos, un espacio rural con personas y conciencia, la protección de la salud o del agua frente a los distintos tipos de contaminación, la conservación de la naturaleza o con quienes defienden el uso público de los espacios naturales frente a los privilegios dados a la caza o a latifundistas.

–          Reclamar del Gobierno y, en particular a quien lo dirige, que se recupere de inmediato un talante democrático y de respeto a toda la ciudadanía que nunca se debiera haber perdido, en especial a la que discrepa. En los últimos tiempos se han incrementado las acciones de acoso a activistas medioambientales y a simples ciudadanas y ciudadanos que sólo pretenden un mundo y una Castilla-La Mancha mejor. Esto se tiene que acabar y el Gobierno debe dar ejemplo, no contribuir a alimentar este tipo de situaciones.

–          Las decisiones del Gobierno regional sobre diversos temas de interés público están afectando muy negativamente al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos, y no son coherentes con su posición cuando de lo que se trata es de reclamar a otros sus responsabilidades.

–          No son de recibo, están fuertemente contestadas y deben por ello ser reconsideradas, las decisiones de apoyar la instalación masiva de macrogranjas porcinas, de no poner coto a las emisiones que asfixian nuestros pueblos, de favorecer la instalación de macrovertederos de residuos industriales, de apoyar la caza frente a la conservación de la naturaleza y al desarrollo de actividades sostenibles, de aprobar proyectos como el parque temático Puy du Fou o la mina de fosfatos de Fontanarejo, o de ceder a las presiones y mantener bloqueada la aprobación de la ley de protección y bienestar animal o la estrategia de agricultura ecológica. Tampoco que se redefina la educación ambiental para impulsar un concepto erróneo del desarrollo sostenible.

–          En este contexto, de falta de confianza hacia las políticas y acciones ambientales del Gobierno, es del todo imposible que Ecologistas en Acción suscriba un Pacto Regional del Agua que se ofrece, además, en unas circunstancias que pueden entenderse con tintes electoralistas. Y, lo que es más trascendente, con unos contenidos que no marcan otra senda que la de seguir con el despilfarro del agua en la agricultura y ganadería intensivas o en proyectos declarados de singular interés.

–          También se pone en entredicho la capacidad del Gobierno regional de asumir la gestión de los parques nacionales, de aumentar la red de espacios protegidos o de dotar a los parques naturales y a la Red Natura 2000 de los planes de uso y gestión que se requieren para garantizar su conservación y uso público.

–          Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha exhorta a un giro de verdad en las políticas de desarrollo y a un impulso cierto de las medioambientales, así como a la creación de un marco regional que garantice el derecho al medio ambiente y a la protección de la defensa medioambiental. También a dotar de medios humanos y de independencia a una Viceconsejería de Medio Ambiente a la que no se le ha permitido cumplir con su cometido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

Se precisa de un mayor compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el medio ambiente

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Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España se reúnen con el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España han trasladado al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometa más profundamente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y se replantee posiciones y proyectos poco coherentes con los objetivos medioambientales que se dice defender.

Algunas de las cuestiones que preocupan a Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España son la insistencia en sacar a colación grandes infraestructuras con evaluaciones ambientales negativas, las incoherencias en materias de agricultura y agua, la ilógica intención de derogar el decreto por el que se declara el conejo de monte especie de interés preferente, así como las nuevas leyes sobre evaluación ambiental o sobre instalaciones de telecomunicaciones y que dejan al margen principios básicos de protección de la salud y el medio ambiente.

Preocupa también a las ONG el desordenado y masivo crecimiento de instalaciones ganaderas intensivas, la tramitación de proyectos de singular interés en zonas de alto valor natural y paisajístico y la falta de planificación en el reimpulso a las renovables en Castilla-La Mancha. Todo ello sin olvidar conflictos que no se han sabido resolver con los agentes medioambientales.

Especial mención merece la reiterada mala gestión y regulación de la caza, lo que ha llevado de rebote al bloqueo impulsado por el sector cinegético a la ley de protección y bienestar animal.

Desde el punto de vista de las ONG estas cuestiones se pueden y se deben reconducir desde el diálogo y la participación huyendo de reacciones apresuradas o de la cesión ante posiciones irracionales. También desde la ampliación y renovación de los medios humanos de que dispone la Consejería en medio ambiente, a todas luces insuficientes y escasamente diversificados. Y, por último, impulsando la educación y divulgación ambiental para favorecer la concienciación ciudadana como está previsto hacer a partir de este año.

Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España le han trasladado al Consejero su más sincero deseo de colaboración e impulso de las políticas medioambientales y de una línea de desarrollo sostenible compatible con la obligada protección medioambiental y de la salud pública.  Así como la disposición a un diálogo abierto con todos los sectores para resolver los conflictos existentes en la región.

Como hicieran las asociaciones en el Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado ayer se ha pedido a la Consejería y al Gobierno, que no se derogue, sino que se revise, el decreto del conejo, que se paralicen y discutan más despacio las iniciativas en materia de grandes infraestructuras y agua y que se aproveche la oportunidad de los cambios en el Gobierno central para evitar que se construya el ATC de Villar de Cañas, se dote al río Tajo de un verdadero caudal ambiental y se concreten medidas de mejora en la protección de los parques nacionales de cara a su eventual transferencia a la comunidad autónoma.

La sobredotación de autovías no cabe como alternativa al cementerio nuclear.

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEcologistas en Acción de Castilla La Mancha considera desafortunadas las declaraciones de Emiliano G. Page del pasado martes en Motilla del Palancar reclamando que el dinero del ATC se destine a autovías y recuerda que lo que necesita la zona es un desarrollo rural sostenible.

Tanto en solitario como dentro de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear,  Ecologistas en Acción ha denunciado una y otra vez ante los medios el derroche de dinero público vinculado al ATC de Villar de Cañas, que se cifra en algo más de 80 millones de Euros.

En esa línea, siempre que se ha hablado de alternativas para esa ingente inversión, y se ha reclamado que se tuvieran en cuenta las necesidades de los ciudadanos castellanomanchegos en materias como la sanidad o la educación, el desarrollo rural sostenible, las energías alternativas o la protección del medio ambiente.

Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del ejecutivo castellano manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas,  plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme derroche e impacto, como son las autovías Cuenca-Albacete, Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel.

Queda fuera de lugar pedir que el dinero destinado al ATC se dirija a unas autovías que se han demostrado innecesarias, muy caras de hacer y mantener y que presentan un elevado impacto ambiental por su negativo efecto en la emisión de gases contaminantes y en los espacios naturales protegidos.

Particularmente grave es que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa. O una autovía Guadalajara-Tarancón que no se justifica por el tráfico que presentaría y que también daña espacios protegidos.

Ecologistas en Acción considera que estos mensajes de cambio de cromos insostenibles, son negativos para la lucha contra el ATC y pueden dañar la imagen de defensa de la protección del medio ambiente y la salud y de los intereses generales de los ciudadanos que mantiene la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear. Y por ello reclama al Gobierno regional que rectifique en ese planteamiento.

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

El nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha insuficiente y mal enfocado.

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Ecologistas en Acción considera que el nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha recientemente aprobado no crea los suficientes mecanismos necesarios para evitar manejos ilegales e  incendios como los de Seseña o Chiloeches y que sigue priorizando la incineración y el vertido frente a otros sistemas de gestión no contaminantes.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha manifiesta sentirse defraudada y frustrada ante la negativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a aceptar las mayor parte de las alegaciones que se le han presentado en el sentido de apostar de una vez por la reducción,  la reutilización y el reciclado, en lugar de hacerlo por el vertido y por la llamada valorización que no es sino una simple incineración.

El escenario de los residuos en Castilla-La Mancha no puede ser más desalentador. Un alto porcentaje de residuos urbanos no gestionados que llenan los vertederos antes de tiempo, como ha ocurrido en el de Toledo. Unas bajas tasas de reciclado. Un descontrol evidente de los centros de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, de los residuos de construcción y demolición, de los lodos y de los neumáticos. Manga ancha para verter con la excusa de servir a la restauración en graveras, pozos y canteras. Una falta de control administrativo eficaz que ofrece el caldo de cultivo donde prosperan situaciones como las que han dado lugar a las catástrofes ambientales de Seseña y Chiloeches. Y todo ello aliñado además con la ausencia de protocolos de emergencias adaptados a estas catástrofes ambientales en las que ha primado la desinformación y el ocultamiento de los riesgos para la población y el medio ambiente.

El Plan desvirtúa  los  objetivos  básicos  de  la  Economía  Circular,  en  los  que  decía  inspirarse y así,  cumpliéndose  los  peores  augurios,  el  pasado  día  29  de  diciembre  ha  quedado  aprobado  un  texto que  tiene  muy  poco  que  ver  con  las  medidas  urgentes  que  exige  el  freno  a  la  escalada  imparable  en  la  generación  de  residuos,  que  aseguren  el  avance  únicamente  de  los  tipos  de  gestión  saludables  para  el  medio  ambiente y la salud   y  que eviten  tanto  la  proliferación  de  vertidos y vertederos como el comercio ilegal pseudo-mafioso en auge.

El plan además facilita el subterfugio para seguir apostando por la incineración a través de los llamados “combustibles  alternativos” o CDR (combustibles derivados de residuos). Este será que, por ejemplo, el destino de parte de los neumáticos de Seseña y de  las  50.000  toneladas  de  hidrocarburos  tóxicos  de  la  laguna  de  Arganda. Restos que se quemarán en centros de trabajo y cementeras, respectivamente, sin  que  nadie  pueda  asegurar  que  con  su  combustión  no  se  liberarán  a  la  atmósfera  las  mismas  sustancias  tóxicas  que  se  emitieron  en  el  incendio.

Ecologistas  en  Acción,  organización que representa a las asociaciones de defensa de medio ambiente en Consejo de Prevención y Reciclado de Residuos, fiel  a  los  propósitos  de  la  Economía  Circular – prolongar  el  ciclo  de  utilidad  de  los  residuos,  ahorrar  materiales  y  recursos  y  evitar  emisiones  contaminantes -,  puso  en  sus  sugerencias  al  borrador  especial  interés  en  mantener  como  eje  rector  del  Plan  el  principio  de  jerarquía – prioridad  absoluta  de  la  reducción,  la  reutilización  y  el  reciclaje  (las  tres  R ) -, reclamando  por  ello  la  supresión  del  principio  espurio   de  Gestión  Integrada,  que  promueve  la  igualdad  de  rango  de  todos  los  tipos  de  gestión,  en  especial,  de  la  incineración,  que  por  sus  efectos  nocivos  había  sido  colocada  en  penúltimo  lugar,  desvirtuando  así  la  jerarquía  en  la  gestión  y  haciéndola  en  la  práctica  inoperante.

Apostamos por los sistemas de SDDR (de depósito, devolución y retorno) en implantación en comunidades limítrofes como la valenciana. Por la instalación del contenedor de materia orgánica, por nuevos sistemas integrados de gestión. Por la sensibilización ambiental de los ciudadanos y de los agentes productores. Por la dotación de medios humanos que asegura la adecuada vigilancia y control en la gestión de los residuos.

Entre otras muchas cosas que no se han aceptado, sólo dos han parecido tener alguna respuesta por parte de la Consejería, el incremento de inspecciones, puesto en marcha ya con un programa recientemente aprobado. Y la imposición de tasas e impuestos al transporte y gestión que desincentiven el hecho de que hoy por hoy Castilla-La Mancha es una comunidad importadora de los peores residuos que se generan en España. Sin embargo ambas medidas tendrán dificultades en su aplicación, la primera por la falta de personal especializado, y la segunda porque requiere de modificaciones legislativas que no se sabe cuánto tardarán.