NUCLEARES

Denunciamos la deriva anti-ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha

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  • Ecologistas en Acción no suscribirá el Pacto Regional del Agua, duda de la capacidad de Castilla-La Mancha para proteger la salud de su ciudadanía y su patrimonio natural, y reclama a Page que se respete a quien discrepa de sus decisiones.

 

  • Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia

A lo largo de este fin de semana se ha celebrado en la localidad de El Provencio (Cuenca) la vigésima asamblea regional de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

A la misma han asistido los representantes de las distintas federaciones provinciales así como de grupos locales y comarcales. Entre ellos los del nuevo grupo de Ecologistas en Acción de la Cuenca del Záncara cuya creación muestra la vitalidad de la única federación ecologista de ámbito regional.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia en los que los grupos que conformaron la federación se han consolidado y, además, se han ido incorporando otros nuevos. Pero lo que es más importante es que hoy por hoy la asociación es un sólido referente de la defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha al que todo tipo de entidades y la ciudadanía en general se puede dirigir para hacer frente a cualquier situación de carácter ambiental.

Pero en una entidad como Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hay poco tiempo para celebraciones y la asamblea necesariamente se ha centrado en las cuestiones formales y de interés que conformaban el orden del día. Del resultado de las deliberaciones se destacan a continuación las principales conclusiones.

–          Constatar que el Gobierno regional, tras un inicio de legislatura prometedor en algunos aspectos, está dando cada vez más la espalda al medio ambiente y está alcanzado cotas y llevando a cabo acciones que recuerdan a las de Gobiernos anteriores.

–          Especialmente lamentable es la contribución desde la portavocía del Gobierno al clima de acoso y menosprecio que sufren quienes defienden el medio ambiente desde posiciones discrepantes a las del propio ejecutivo o a las de entidades con intereses meramente económicos. El caso del trato dado al Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou es uno de los que ejemplifican esa situación, y desde aquí nos solidarizamos con dicho colectivo. También lo hacemos con quienes defienden pueblos sin malos humos, un espacio rural con personas y conciencia, la protección de la salud o del agua frente a los distintos tipos de contaminación, la conservación de la naturaleza o con quienes defienden el uso público de los espacios naturales frente a los privilegios dados a la caza o a latifundistas.

–          Reclamar del Gobierno y, en particular a quien lo dirige, que se recupere de inmediato un talante democrático y de respeto a toda la ciudadanía que nunca se debiera haber perdido, en especial a la que discrepa. En los últimos tiempos se han incrementado las acciones de acoso a activistas medioambientales y a simples ciudadanas y ciudadanos que sólo pretenden un mundo y una Castilla-La Mancha mejor. Esto se tiene que acabar y el Gobierno debe dar ejemplo, no contribuir a alimentar este tipo de situaciones.

–          Las decisiones del Gobierno regional sobre diversos temas de interés público están afectando muy negativamente al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos, y no son coherentes con su posición cuando de lo que se trata es de reclamar a otros sus responsabilidades.

–          No son de recibo, están fuertemente contestadas y deben por ello ser reconsideradas, las decisiones de apoyar la instalación masiva de macrogranjas porcinas, de no poner coto a las emisiones que asfixian nuestros pueblos, de favorecer la instalación de macrovertederos de residuos industriales, de apoyar la caza frente a la conservación de la naturaleza y al desarrollo de actividades sostenibles, de aprobar proyectos como el parque temático Puy du Fou o la mina de fosfatos de Fontanarejo, o de ceder a las presiones y mantener bloqueada la aprobación de la ley de protección y bienestar animal o la estrategia de agricultura ecológica. Tampoco que se redefina la educación ambiental para impulsar un concepto erróneo del desarrollo sostenible.

–          En este contexto, de falta de confianza hacia las políticas y acciones ambientales del Gobierno, es del todo imposible que Ecologistas en Acción suscriba un Pacto Regional del Agua que se ofrece, además, en unas circunstancias que pueden entenderse con tintes electoralistas. Y, lo que es más trascendente, con unos contenidos que no marcan otra senda que la de seguir con el despilfarro del agua en la agricultura y ganadería intensivas o en proyectos declarados de singular interés.

–          También se pone en entredicho la capacidad del Gobierno regional de asumir la gestión de los parques nacionales, de aumentar la red de espacios protegidos o de dotar a los parques naturales y a la Red Natura 2000 de los planes de uso y gestión que se requieren para garantizar su conservación y uso público.

–          Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha exhorta a un giro de verdad en las políticas de desarrollo y a un impulso cierto de las medioambientales, así como a la creación de un marco regional que garantice el derecho al medio ambiente y a la protección de la defensa medioambiental. También a dotar de medios humanos y de independencia a una Viceconsejería de Medio Ambiente a la que no se le ha permitido cumplir con su cometido.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

Se precisa de un mayor compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el medio ambiente

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Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España se reúnen con el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España han trasladado al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometa más profundamente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y se replantee posiciones y proyectos poco coherentes con los objetivos medioambientales que se dice defender.

Algunas de las cuestiones que preocupan a Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España son la insistencia en sacar a colación grandes infraestructuras con evaluaciones ambientales negativas, las incoherencias en materias de agricultura y agua, la ilógica intención de derogar el decreto por el que se declara el conejo de monte especie de interés preferente, así como las nuevas leyes sobre evaluación ambiental o sobre instalaciones de telecomunicaciones y que dejan al margen principios básicos de protección de la salud y el medio ambiente.

Preocupa también a las ONG el desordenado y masivo crecimiento de instalaciones ganaderas intensivas, la tramitación de proyectos de singular interés en zonas de alto valor natural y paisajístico y la falta de planificación en el reimpulso a las renovables en Castilla-La Mancha. Todo ello sin olvidar conflictos que no se han sabido resolver con los agentes medioambientales.

Especial mención merece la reiterada mala gestión y regulación de la caza, lo que ha llevado de rebote al bloqueo impulsado por el sector cinegético a la ley de protección y bienestar animal.

Desde el punto de vista de las ONG estas cuestiones se pueden y se deben reconducir desde el diálogo y la participación huyendo de reacciones apresuradas o de la cesión ante posiciones irracionales. También desde la ampliación y renovación de los medios humanos de que dispone la Consejería en medio ambiente, a todas luces insuficientes y escasamente diversificados. Y, por último, impulsando la educación y divulgación ambiental para favorecer la concienciación ciudadana como está previsto hacer a partir de este año.

Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España le han trasladado al Consejero su más sincero deseo de colaboración e impulso de las políticas medioambientales y de una línea de desarrollo sostenible compatible con la obligada protección medioambiental y de la salud pública.  Así como la disposición a un diálogo abierto con todos los sectores para resolver los conflictos existentes en la región.

Como hicieran las asociaciones en el Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado ayer se ha pedido a la Consejería y al Gobierno, que no se derogue, sino que se revise, el decreto del conejo, que se paralicen y discutan más despacio las iniciativas en materia de grandes infraestructuras y agua y que se aproveche la oportunidad de los cambios en el Gobierno central para evitar que se construya el ATC de Villar de Cañas, se dote al río Tajo de un verdadero caudal ambiental y se concreten medidas de mejora en la protección de los parques nacionales de cara a su eventual transferencia a la comunidad autónoma.

La sobredotación de autovías no cabe como alternativa al cementerio nuclear.

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEcologistas en Acción de Castilla La Mancha considera desafortunadas las declaraciones de Emiliano G. Page del pasado martes en Motilla del Palancar reclamando que el dinero del ATC se destine a autovías y recuerda que lo que necesita la zona es un desarrollo rural sostenible.

Tanto en solitario como dentro de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear,  Ecologistas en Acción ha denunciado una y otra vez ante los medios el derroche de dinero público vinculado al ATC de Villar de Cañas, que se cifra en algo más de 80 millones de Euros.

En esa línea, siempre que se ha hablado de alternativas para esa ingente inversión, y se ha reclamado que se tuvieran en cuenta las necesidades de los ciudadanos castellanomanchegos en materias como la sanidad o la educación, el desarrollo rural sostenible, las energías alternativas o la protección del medio ambiente.

Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del ejecutivo castellano manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas,  plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme derroche e impacto, como son las autovías Cuenca-Albacete, Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel.

Queda fuera de lugar pedir que el dinero destinado al ATC se dirija a unas autovías que se han demostrado innecesarias, muy caras de hacer y mantener y que presentan un elevado impacto ambiental por su negativo efecto en la emisión de gases contaminantes y en los espacios naturales protegidos.

Particularmente grave es que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa. O una autovía Guadalajara-Tarancón que no se justifica por el tráfico que presentaría y que también daña espacios protegidos.

Ecologistas en Acción considera que estos mensajes de cambio de cromos insostenibles, son negativos para la lucha contra el ATC y pueden dañar la imagen de defensa de la protección del medio ambiente y la salud y de los intereses generales de los ciudadanos que mantiene la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear. Y por ello reclama al Gobierno regional que rectifique en ese planteamiento.

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

El nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha insuficiente y mal enfocado.

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Ecologistas en Acción considera que el nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha recientemente aprobado no crea los suficientes mecanismos necesarios para evitar manejos ilegales e  incendios como los de Seseña o Chiloeches y que sigue priorizando la incineración y el vertido frente a otros sistemas de gestión no contaminantes.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha manifiesta sentirse defraudada y frustrada ante la negativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a aceptar las mayor parte de las alegaciones que se le han presentado en el sentido de apostar de una vez por la reducción,  la reutilización y el reciclado, en lugar de hacerlo por el vertido y por la llamada valorización que no es sino una simple incineración.

El escenario de los residuos en Castilla-La Mancha no puede ser más desalentador. Un alto porcentaje de residuos urbanos no gestionados que llenan los vertederos antes de tiempo, como ha ocurrido en el de Toledo. Unas bajas tasas de reciclado. Un descontrol evidente de los centros de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, de los residuos de construcción y demolición, de los lodos y de los neumáticos. Manga ancha para verter con la excusa de servir a la restauración en graveras, pozos y canteras. Una falta de control administrativo eficaz que ofrece el caldo de cultivo donde prosperan situaciones como las que han dado lugar a las catástrofes ambientales de Seseña y Chiloeches. Y todo ello aliñado además con la ausencia de protocolos de emergencias adaptados a estas catástrofes ambientales en las que ha primado la desinformación y el ocultamiento de los riesgos para la población y el medio ambiente.

El Plan desvirtúa  los  objetivos  básicos  de  la  Economía  Circular,  en  los  que  decía  inspirarse y así,  cumpliéndose  los  peores  augurios,  el  pasado  día  29  de  diciembre  ha  quedado  aprobado  un  texto que  tiene  muy  poco  que  ver  con  las  medidas  urgentes  que  exige  el  freno  a  la  escalada  imparable  en  la  generación  de  residuos,  que  aseguren  el  avance  únicamente  de  los  tipos  de  gestión  saludables  para  el  medio  ambiente y la salud   y  que eviten  tanto  la  proliferación  de  vertidos y vertederos como el comercio ilegal pseudo-mafioso en auge.

El plan además facilita el subterfugio para seguir apostando por la incineración a través de los llamados “combustibles  alternativos” o CDR (combustibles derivados de residuos). Este será que, por ejemplo, el destino de parte de los neumáticos de Seseña y de  las  50.000  toneladas  de  hidrocarburos  tóxicos  de  la  laguna  de  Arganda. Restos que se quemarán en centros de trabajo y cementeras, respectivamente, sin  que  nadie  pueda  asegurar  que  con  su  combustión  no  se  liberarán  a  la  atmósfera  las  mismas  sustancias  tóxicas  que  se  emitieron  en  el  incendio.

Ecologistas  en  Acción,  organización que representa a las asociaciones de defensa de medio ambiente en Consejo de Prevención y Reciclado de Residuos, fiel  a  los  propósitos  de  la  Economía  Circular – prolongar  el  ciclo  de  utilidad  de  los  residuos,  ahorrar  materiales  y  recursos  y  evitar  emisiones  contaminantes -,  puso  en  sus  sugerencias  al  borrador  especial  interés  en  mantener  como  eje  rector  del  Plan  el  principio  de  jerarquía – prioridad  absoluta  de  la  reducción,  la  reutilización  y  el  reciclaje  (las  tres  R ) -, reclamando  por  ello  la  supresión  del  principio  espurio   de  Gestión  Integrada,  que  promueve  la  igualdad  de  rango  de  todos  los  tipos  de  gestión,  en  especial,  de  la  incineración,  que  por  sus  efectos  nocivos  había  sido  colocada  en  penúltimo  lugar,  desvirtuando  así  la  jerarquía  en  la  gestión  y  haciéndola  en  la  práctica  inoperante.

Apostamos por los sistemas de SDDR (de depósito, devolución y retorno) en implantación en comunidades limítrofes como la valenciana. Por la instalación del contenedor de materia orgánica, por nuevos sistemas integrados de gestión. Por la sensibilización ambiental de los ciudadanos y de los agentes productores. Por la dotación de medios humanos que asegura la adecuada vigilancia y control en la gestión de los residuos.

Entre otras muchas cosas que no se han aceptado, sólo dos han parecido tener alguna respuesta por parte de la Consejería, el incremento de inspecciones, puesto en marcha ya con un programa recientemente aprobado. Y la imposición de tasas e impuestos al transporte y gestión que desincentiven el hecho de que hoy por hoy Castilla-La Mancha es una comunidad importadora de los peores residuos que se generan en España. Sin embargo ambas medidas tendrán dificultades en su aplicación, la primera por la falta de personal especializado, y la segunda porque requiere de modificaciones legislativas que no se sabe cuánto tardarán.

Ampliada la protección de El Hito. La naturaleza gana al almacén nuclear.

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Gran satisfacción de Ecologistas en Acción ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la ampliación de la ZEPA/ZEC de El Hito. La avifauna, las comunidades gipsófilas, las especies piscícolas del río Záncara, así como las lagunas de Casalonga, son importantes valores naturales dentro del espacio a proteger.

El reconocimiento de los valores naturales del entorno de El Hito, da la razón a Ecologistas en Acción y otras organizaciones ecologistas que durante años han reclamado dicha protección. Ya en 1998, se incluyó la mayor parte del espacio ahora protegido como IBA (Important Bird Area) y fue puesto en conocimiento de la UE.

Además de las importantes comunidades de avifauna que ya merecieron la catalogación como ZEPA de la laguna de El Hito, dentro del perímetro existen importantes valores: humedales de Casalonga, comunidades gipsófilas (hábitat prioritario recogido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) y comunidades piscícolas del río Záncara. Todos ellos justifican el inicio de un procedimiento de protección como ZEC (Zona de Especial Conservación), figura también de la Red Natura 2000.

De entre las especies vegetales más importantes vinculadas a la presencia de yesos (gipsófilas) se encuentran plantas de alto valor científico y ecológico, encontrándose entre ellas endemismos manchegos. Las más destacadas son: Gypsophila bermejoi, Arenaria cavanillesiana, Teucrium pumilum y Lepidium cardamines, todas ellas catalogadas de interés especial a nivel regional.

Toda esta información se plasmó en las alegaciones que presentó Ecologistas en Acción en 2010 ante el Ministerio de Industria, cuando Villar de Cañas se postuló para albergar el almacén de residuos nucleares (ATC).

Ahora, tras un proceso iniciado en julio de 2015, el Consejo de Gobierno de la Junta de CLM, ha aprobado la protección de la zona, gracias a un intenso trabajo técnico y científico que sustenta sólidamente esta protección. También ha habido varios periodos de alegaciones que han permitido que todos los afectados pudieran poner de manifiesto sus propuestas y enriquecer el documento final de protección.