Ministerio de Agricultura

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VOTA EN CONTRA DEL TEXTO DE PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.

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Cabañeros Ecologistas en Acción Castilla La Mancha

En la reunión extraordinaria del patronato del Parque, el texto, informado favorablemente por el patronato, permitirá la  práctica de la caza como “método de control” de las poblaciones de ungulados.

El Plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de Cabañeros es el instrumento básico de planificación territorial del espacio natural en el que se establecen además las directrices para el desarrollo de su gestión durante el período de vigencia del mismo, establecido en diez años desde su aprobación

En la reunión extraordinaria del Patronato del parque nacional de Cabañeros, que tuvo lugar este martes, día 30 de junio de 2020, se sometió a votación entre los miembros del Patronato (en el que Ecologistas en Acción ostenta dos vocalías) el texto definitivo del PRUG para su información favorable o desfavorable. Tras la votación, el PRUG de Cabañeros fue aprobado con 17 votos a favor y 6 votos en contra, dos de
estos últimos a cargo de los representantes de Ecologistas en Acción.

La difícil decisión fue adoptada por permitir el texto sometido a votación la perpetuación de la actividad cinegética como método de control de la sobrecarga de ungulados en la parte privada del parque nacional. Este asunto, que Ecologistas en Acción considera central en la redacción del PRUG, es contrario a lo establecido en Ley de parques nacionales y el propio texto del PRUG validado por la votación de los
miembros del Patronato, que considera la caza como actividad  incompatible en el parque, aunque finalmente la admite, sólo para la parte privada del parque nacional, como método de control de las poblaciones de ungulados. Cabe recordar, que dentro de los límites del parque nacional de Cabañeros, existen terrenos de titularidad pública y privada.

El cumplimiento de la vigente Ley de parques nacionales y su enmienda 278, presentada por el Partido Popular en el momento de su aprobación para prorrogar la práctica venatoria en los parques nacionales durante seis años más a partir de la fecha de su entrada en vigor, vienen a determinar la extinción de esta actividad en los parques nacionales para diciembre de 2020.  A juicio de Ecologistas en Acción, la caza debe por tanto resultar ilegal a partir de esta fecha.

No obstante, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (responsable de la redacción del texto del PRUG de Cabañeros) y la Comisión Mixta (Estado y Comunidad Autónoma) para la gestión del parque nacional, en un ejercicio político de equidistancia por parte de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha – se entiende que en el ánimo de apaciguar las presiones del sector cinegético y/o los intereses particulares de los propietarios titulares de terrenos privados en Cabañeros – han presentado un texto definitivo de PRUG que permite la continuidad de la actividad cinegética (siquiera de forma no comercial ni publicitada a tales fines) y durante el período de  vigencia de este instrumento de gestión como método de control de las poblaciones de ungulados (ciervo, jabalí, corzo, etc.) y sólo en la parte de
titularidad privada. Entre tanto, en los terrenos de titularidad pública, el control de ungulados se realizará mediante otros métodos distintos a la caza (capturaderos) que, del mismo modo, podrían ponerse en práctica en las zonas de titularidad particular. En virtud de esta decisión, Ecologistas en Acción considera además que, con este PRUG, no se acomete una adecuada y deseable eliminación progresiva de infraestructuras (tiraderos, caminos, vallados, etc.) relacionadas con la práctica de la caza en la parte privada del parque nacional y que restan naturalidad a un espacio que debería estar dotado del máximo nivel de protección en España. Se recuerda que la Red de Parques
Nacionales, máximo exponente de la existencia de nuestros ecosistemas
más representativos, sólo supone la preservación natural del 0.7 % del territorio nacional.

Por otra parte, el PRUG tampoco considera en ningún momento la posibilidad de introducción en el parque nacional de especies que como el Lobo Ibérico, completarían la estructura de las cadenas tróficas naturales y ayudarían con su presencia al control de las poblaciones de ungulados; siendo además el lobo en nuestra comunidad autónoma una especie declarada en peligro de extinción desde 1998.

El texto del PRUG, fue participado, entendemos que de forma adecuada y con el oportuno y reconocido esfuerzo por parte de las administraciones, mediante diferentes reuniones con los distintos sectores implicados, lo cual se agradece. Posteriormente, tras ser sometido el borrador del PRUG a información pública, nuestra organización participó en la presentación de alegaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas. Sin embargo, la eliminación real y definiva de la caza en la demarcación del parque nacional de Cabañeros, cuestión también alegada por nuestra organización y que consideramos clave para el adecuado funcionamiento y
estructuración de los ecosistemas en él representados, no fue considerada para la totalidad del espacio natural (pues se seguirá practicando en su parte privada).

Por otra parte, conforme al texto del PRUG informado favorablemente por el Patronato de Cabañeros, el control de ungulados mediante la caza queda supeditado a la elaboración por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) de un “Plan de control de ungulados”, aún desconocido y por definir y que debería ser aprobado, tras el correspondiente sometimiento a información pública, antes de finalizar 2020. De hecho, en la reunión del Patronato, el propio OAPN llegó a pedir disculpas por no haber presentado aún dicho documento junto al texto de PRUG sometido a votación, excusándose en la situación derivada de la COVID19 y comprometiéndose a hacerlo en torno al mes de septiembre.

Así la cosas, ante este grado de incertidumbre al respecto de lo que se pretende hacer con la caza en Cabañeros (sin menoscabo de que desde nuestro punto de vista lo apropiado sería negar la mayor, es decir, su erradicación definitiva) y a pesar de considerar este instrumento de gestión urgente y necesario para el adecuado ordenamiento de todo cuanto afecta al espacio natural de Cabañeros y a pesar de reconocerse que el PRUG también considera aspectos de gestión positivos, Ecologistas en Acción se ha visto en la obligación de emitir su voto desfavorable al texto de PRUG presentado en la última sesión extraordinaria del Patronato.

Nuestra organización lamenta el haber tenido que intervenir de este modo, pero en conciencia, no nos quedaba otro remedio para poder seguir luchando por un Cabañeros libre de caza. Con todo ello, se valora y agradece el esfuerzo de los técnicos que han participado en la redacción del PRUG, los cuales, tal vez, se hayan visto condicionados por los intereses políticos de una administración regional que en múltiples ocasiones (también en la reunión del Patronato, como así reconoció el
propio Director General de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero Cañizares) se ha esforzado durante los últimos tiempos en considerar la caza como una actividad “esencial”.

Finalmente, Ecologistas en Acción quiere hacer llegar sus más sinceras solidaridad y aprecio para con la persona de D. Isidro Corsino, compañero vocal en el Patronato de Cabañeros y Alcalde de Navas de Estena así como a toda su familia que, en las últimas fechas, han sufrido vandálicas y entendemos que dolorosas agresiones sobre sus propiedades y sin duda sobre su estado de ánimo. Ecologistas en Acción condena enérgicamente estos hechos asimilables a estilos puramente mafiosos por parte de sus despreciables responsables, para los cuales, desea recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. La organización solicitó previamente a la celebración de la reunión del Patronato, a su presidencia y a través de la dirección del parque nacional, que aquella corporación emitiera y consecuentemente  reflejase en acta un inciso en
este mismo sentido. Como así se hizo y también agradecemos.

 

Denunciada la Federación de Caza de Castilla-La Mancha por incumplimiento del estado de alarma, ante la Delegación de Gobierno y la Junta

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Circular Federación Caza CLM remarcada
Circular Federación Caza CLM remarcando el presunto incumplimiento del estado de alarma.

Ecologistas en Acción ha denunciado a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ante la Delegación de Gobierno en la región y ante la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por un presunto incumplimiento de las condiciones que rigen sobre el ejercicio de la actividad cinegética durante el estado de alarma.

El motivo es la publicación el pasado día 1 de mayo de 2020 de una circular que se puede consultar en la página web de la Federación en la que se comunica una “Ampliación de los criterios para el control de poblaciones en Castilla-La Mancha” que se derivarían de las nuevas indicaciones que la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad publicó al respecto el 30 de abril pasado en la web institucional.

Sin embargo, la descripción que hace la Federación de Caza de Castilla-La Mancha de los criterios que comunica a los cazadores se contradicen abiertamente con las indicaciones de la Junta de Castilla-La Mancha y con las condiciones que limitan los movimientos y actividades de personas en la situación actual.

La Federación informa a los cazadores en el punto tres de su escrito que los desplazamientos para ejercer control de poblaciones se pueden realizar entre provincias y en la totalidad del territorio de Castilla-La Mancha. Y da a entender que estos desplazamientos y los consiguientes controles de población los pueden hacer simples cazadores. Ninguna de las dos situaciones son ciertas a la luz de las condiciones impuestas por la Junta y visadas por la Delegación de Gobierno.

Tanto si se realizan controles de conejo como de otras especies como el jabalí, el gamo o el ciervo, se deben cumplir dos condiciones que se especifican en punto 3 del documento de “Preguntas y respuestas en referencia a daños por Especies Cinegéticas en Castilla-La Mancha” de 30 de abril de 2020.

La Dirección General especifica que las personas autorizadas para practicar el control de poblaciones no son los cazadores, sino sólo los profesionales de la agricultura o los titulares y vigilantes acreditados de los espacios agrícolas o cinegéticos.

También recuerda lo estipulado en el Artículo 2/2 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, que indica que: “Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas por este real decreto-ley las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo”.

En el momento actual de Fase 0 de estado de alarma siguen sin estar permitidos los desplazamientos interprovinciales no profesionales, ni la caza; actividad que según las previsiones publicadas por el Ministerio de Sanidad no podría autorizarse antes del 25 de mayo.

En su escrito de denuncia Ecologistas en Acción reclama que se incoen a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha los correspondientes expedientes sancionadores y que se le exija la rectificación inmediata de la circular por el riesgo sanitario que implicaría que ahora los cazadores invadan campos y carreteras.

Las organizaciones ambientales reclaman rehacer el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha para cumplir con Europa

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España muestran su interés por mejorar la política de aguas autonómica en el marco de la normativa europea, si bien, consideran contradictorio el contenido del documento e inadecuado en su planteamiento. Para dar solución a los problemas, las propuestas únicamente se dirigen hacia otras administraciones y regiones. 
  • Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo incluir compromisos en relación con las numerosas competencias del ejecutivo autonómico en sectores relacionados con la gestión y planificación hidrológica, por lo que resulta poco ambiciosa para alcanzar los compromisos europeos.
  • Tras analizar la propuesta, las ONG apuntan que es urgente un giro radical en la política autonómica de aguas, por lo que proponen rehacer por completo el documento y el proceso de consenso, para orientarlo hacía una visión sostenible del agua y respetuosa con los ecosistemas acuáticos.

Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientalesLamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendotodos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados(administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo convoca una manifestación para el día 19 de junio.

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Cartel manifestación 19JComo ya fue anunciado en la concentración del pasado 19 de mayo, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo convoca una manifestación para el próximo 19 de junio para recuperar ese río Tajo que nunca debimos dejar que nos quitaran con falsos pretextos; no hay ningún argumento que justifique matar un río y todo lo que ello conlleva.

El año pasado ya se anunció que, mientras el río Tajo no recupere la dignidad de río que le corresponde, se convocaría una manifestación cada 19 de junio. 

Este año acabamos de cumplir 39 años de trasvases, 46 de prohibición de baño por contaminación continuada y 18 años de burlas a la Directiva Marco del Agua. Es tiempo más que suficiente para que cada cual valore si esta política aplicada al Tajo es la adecuada y la que merecen sus poblaciones ribereñas o si, por el contrario, lo adecuado es rebelarse contra el atentado a la salud pública y al medio natural y contra el saqueo hidrocolonizador que padece nuestro río. Para la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo no hay duda alguna de que contaminación y saqueo sólo pueden generar disconformidad, protesta y exigencia de restitución, que no exigencia de compensación. Las compensaciones económicas no son sino el reconocimiento de un agravio que se hace con conocimiento previo, por tanto premeditado. En este caso el agravio es contra el patrimonio natural, cultural, histórico, económico, social, lúdico, ambiental e inmaterial de la cuenca más larga de la península ibérica. Pretender compensar económicamente la pérdida de un patrimonio tan extenso como no cuantificable es un insulto, una burla y un engaño para todas las poblaciones ribereñas del Tajo y una manipulación de valores para el conjunto de España. 

Fue un 19 de junio cuando se publicó la Ley del Trasvase, en 1971. Fue un 19 de junio cuando se prohibió el baño, en 1972. Corresponde que sea también el 19 de junio el día en que salgamos a la calle a perdir justicia al Tajo y a sus poblaciones y ciudadanías ribereñas. 

Por tanto, desde la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía toledana a concentrarse en el Mirador de La Cava a las 19:30 para participar activamente en esta manifestación que comenzará a andar a las 20:00 horas por el Paseo de Recaredo hasta la Plaza de Zocodover. 

Deseamos que esta manifestación sea de ciudadanía que clama justicia al Tajo, no de fans, partidarios o militantes de partidos o sindicatos utilizados para competir por visibilizar sus siglas o sus banderas. Se trata de hacer una manifestación en la que son las personas -la ciudadanía- los sujetos activos que visibilizan el objeto de su protesta, el Tajo; y no de exhibir ideologías que tienen un discurso distinto, ambiguo y contradictorio según el lugar donde se pronuncia. El Tajo necesita ser él mismo y no moneda de cambio o de conveniencia de nada ni de nadie. El Tajo necesita la determinación clara, sin condiciones y sin dilaciones de todas las poblaciones ribereñas para sacarlo de la agonía que entre unos y otros le hemos propinado. 

Animamos a que cada cual se confeccione su pancarta, su lema, su dibujo, su protesta, su deseo, etc. para con nuestro río Tajo. También que se acuda en traje de baño, en chaclas, con la toalla al hombro, con la sombrilla, el flotador, la caña de pescar, la canoa o cualquier objeto que normalmente acompañaría en una actividad a pie de río. Asímismo pedimos la colaboración de aquellos colectivos que puedan aportar valor añadido a la manifestación: música, pasacalles, etc.

¡Vida al Tajo. Trasvases, no!

Dañino pavimentado de caminos en Hontanar con ayudas del Parque Nacional de Cabañeros y de la Diputación de Toledo

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PavimentadoHontanarCabañeros
Obras de asfaltado del camino

Ecologistas en Acción pide explicaciones a la administración pública y se hace eco de la recogida de firmas que a través de una conocida plataforma digital pide a las administraciones que no den subvenciones para deteriorar los espacios naturales. A día de hoy se han recogido más de 550 firmas.

El problema surge cuando el ayuntamiento de Hontanar decide en el pleno celebrado el 28 de febrero pasado aprobar el expediente de contratación para pavimentar un tramo del camino de Maqueita con cargo a las subvenciones que ofrece el Parque Nacional de Cabañeros para el área de influencia socioeconómica de este espacio protegido. Para esta obra y para el arreglo de una calle del pueblo el ayuntamiento es beneficiario de una ayuda conjunta de 21.997 euros.

Las obras del camino se llevan a cabo produciendo un gran impacto paisajístico, ya que el asfaltado se produce en un tramo en una ladera visible desde kilómetros a la redonda. A la par se genera un impacto en el uso público de este camino, destinado a labores agrícolas y a actividades recreativas, como el senderismo y la bicicleta.

A esta obra se le añade posteriormente el arreglo de dos tramos del mismo camino, y que según fuentes del ayuntamiento podrían haber sido subvencionadas por la Diputación de Toledo.

A juicio de Ecologistas en Acción resulta lamentable que con ayudas públicas, máxime cuando algunas de ellas van dirigidas a la mejor conservación y uso público del entorno del Parque Nacional de Cabañeros, se hagan obras sin criterio medioambiental. Por ese motivo el equipo jurídico de la asociación se ha puesto ya a trabajar con vistas a denunciar los hechos por su impacto ambiental y a reclamar la devolución de las ayudas recibidas si se comprueban las irregularidades que presuntamente podría haber cometido el ayuntamiento en la tramitación de las mismas.

De entrada Ecologistas en Acción solicita a las administraciones actuantes, esto es, Ayuntamiento, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Dirección General de Política Forestal de Castilla-La Mancha y Diputación de Toledo que informen de los trámites de autorización y de concesión de ayudas a los que ha sido sometida la obra y que se certifique si se ha cumplido con toda la legalidad y con todos los requerimientos ambientales que son exigibles.

Recogida de firmas: https://www.change.org/p/dirección-general-de-política-forestal-y-espacios-naturales-evita-que-subvenciones-otorgadas-por-parques-nacionales-deterioren-espacios-naturales

Ecologistas en Acción rechaza el nuevo trasvase de 60 hm3 desde el Tajo al Segura

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  • mid_33880-209-el-3-abril-se-decidir-si-hay-trasvase-tajo-segura-funci-n-reservasLa organización ecologista califica de inaceptable, injusta e irresponsable la decisión tomada ayer por la Comisión Técnica del Trasvase Tajo-Segura, al atentar contra el principio de prioridad de la cuenca cedente.
  • La ministra Isabel García Tejerina se pliega a los intereses económicos de la agroindustria levantina y condena a una agonía permanente al tramo medio del río Tajo.

    Ecologistas en Acción muestra su más absoluto rechazo a la aprobación por parte de la Comisión Técnica del Trasvase Tajo-Segura de nuevas cesiones de agua hacia el Levante. En concreto se han aprobado 60 hm3para los próximos tres meses (20 hm3cada mes). Aunque los niveles en la cabecera del Tajo superan los 400 hm3 exigidos por la ley para que se autoricen nuevos trasvases, esta decisión es injustificable e irresponsable desde el punto de vista de una gestión ambientalmente sostenible de la cuenca del Tajo. La ley no establece que sea obligatorio realizar trasvases superados este límite, por lo que la ministra Isabel García Tejerina podría haber hecho uso de una responsabilidad política y ambiental que sin duda le falta.

    Hay que tener en cuenta que los 471 hm3 actualmente embalsados en los pantanos de Entrepeñas y Buendía representan menos del 20 % de su capacidad conjunta (26 % y 16 % respectivamente). La decisión impulsada ayer pone en riesgo la satisfacción de las demandas de la propia cuenca del Tajo, anteponiendo las demandas sobredimensionadas y especulativas generadas en Murcia, Alicante y Almería.

    La autorización del volumen trasvasable de 60 hm3 no tiene en cuenta el futuro comportamiento de la cuenca. Hay que tener en cuenta que, de entrar de nuevo en un periodo de escasas precipitaciones, las cesiones dejarán nuevamente en situación de emergencia a la cabecera del Tajo. Además de estos 60 hm3, ha de ser desembalsada una cantidad mayor para garantizar el caudal mínimo establecido para el río Tajo a su paso por Aranjuez (6 m3/seg). Es decir, Entrepeñas y Buendía quedarán de nuevo en una situación límite y los municipios ribereños tendrán en serio riesgo la satisfacción de sus demandas de agua.

    Para Ecologistas en Acción resulta intolerable la gestión generada por la explotación del trasvase que genera una agonía ambiental permanente para el tramo medio del río Tajo. Durante los meses de febrero y marzo, mientras todos los ríos de centro peninsular tenían importantes crecidas, el tramo medio del río Tajo ha seguido teniendo el mismo caudal, una media de unos pírricos 7-8 m3/segundo. Esto ha sido debido a que toda el agua que entraba en la cabecera ha sido guardada para conseguir alcanzar la cota legal trasvasable de los 400 hm3. Es por ello que el río Tajo es un río agónico y secuestrado. Hay que señalar, además, que la falta de un caudal suficiente agrava aún más los episodios de contaminación del río en su confluencia con los ríos Jarama y Guadarrama al perder su capacidad de dilución.

    Ecologistas en Acción considera urgente un cambio en la política hidráulica en las cuencas del Tajo y del Segura. Este cambio tiene que pasar necesariamentepor la derogación de las actuales normas de explotación del trasvase (Memorándum del Tajo-Segura). Además, la cabecera debe ser gestionada dentro del Plan Hidrológico de la propia demarcación del Tajo con el objeto de que puedan ser atendidas en primer lugar las propias demandas de la cuenca, lo que conllevaría al establecimiento de un régimen ecológico de caudales en Aranjuez, Toledo y Talavera. Por el lado del Segura, es urgente que se ponga en marcha una transformación del modelo de agricultura adaptándola a sus propios recursos. Todo ello desembocaría en el medio plazo en la clausura del trasvase.

El Plan de Sequías de la cuenca del Tajo perjudica gravemente el estado de los ríos y favorece a quienes más agua consumen

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Mani Tajo Toledo
Foto atletismotoledano.blogspot.com
  • El Plan de Sequías podrá rebajar los caudales ecológicos antes de aplicar medidas de ahorro y reducción del consumo en los usos agrícolas, ganaderos o industriales.
  • Contiene numerosas disposiciones contrarias a la normativa vigente
  • Omite incorporar la gestión del Trasvase Tajo-Segura en situaciones de sequía

 

El proyecto de Plan Especial de Sequías de la demarcación hidrográfica del Tajo no supondrá un documento válido para afrontar los periodos de sequía prolongada. Entre otras medidas contrarias a la normativa, prevé la reducción de los caudales ecológicos y el deterioro de las masas de agua, en situaciones en las que seguirá permitiendo usos suntuosos del agua. Además, permitirá que sigan existiendo trasvases por el Acueducto Tajo-Segura aún en situaciones de sequía prolongada en la cabecera del Tajo. Ecologistas en Acción considera inaceptable este documento e insta a la Confederación Hidrográfica del Tajo que lo retire de forma inmediata.

El Plan Especial de Sequías (PES) de la cuenca del Tajo ha sido sometido a información pública por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuyo periodo de alegaciones ha concluido el 22 de marzo. Este texto contiene numerosas irregularidades debido a una perversa interpretación del concepto de “sequía” y a una tergiversación de la normativa existente. Diferencia, por un lado “sequía prolongada” y por otro “escasez coyuntural”. La primera tendría que ver con la disminución de las precipitaciones en un periodo de tiempo; la “escasez” tiene que ver con la imposibilidad de atender las demandas con los recursos hídricos existentes, sea por las razones que sea. La “escasez coyuntural”, tal y como es definida, es algo que tiene que ver con la sobreexplotación o la deficiente gestión de los recursos y no con la “sequía” tal y como está definida en la normativa[i] .

Para combatir las situaciones de sequía, el PES propone dos medidas: la reducción de los caudales ecológicos y permitir el deterioro temporal de las masas de aguas. Estas dos medidas son contrarias a la normativa. Por un lado, vulneran el artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua ya que el deterioro temporal de las masas de agua solo es de aplicación una vez que se han realizado todas las demás medidas posibles para reducir las demandas (usos agrícolas, industriales, recreativos, etc.).  Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley del Aguas establece que los caudales ecológicos son una restricción previa al resto de usos (a excepción del abastecimiento a poblaciones en situaciones como las sequías excepcionales) y por tanto no pueden alterarse mientras sigan garantizándose otros usos. A juicio de Ecologistas en Acción, la Confederación Hidrográfica del Tajo hace una interpretación malintencionada de la normativa para favorecer consumos suntuosos mientras se perjudica la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos.

Por otro lado, los indicadores propuestos para detectar las situaciones de “sequía prolongada” son inaceptables y arbitrarios. Responde solo a situaciones de intensidad pero no tienen en cuenta la duración del fenómeno. Su falta de validez se demuestra al aplicarlos de forma retrospectiva al periodo comprendido entre 1980 a 2012. Entre el 24% y el 34% de los meses de este periodo, en la mayor parte de las subcuencas del Tajo, estarían en situación de “sequía prolongada”, por lo que estos indicadores no sirven para identificar una sequía “excepcional e imprevisible”. Los indicadores lo que están haciendo es identificando situaciones normales dentro del comportamiento de un clima mediterráneo, caracterizado por la recurrencia de periodos secos y periodos húmedos.

En cuanto a la “escasez coyuntural”, la Confederación Hidrográfica del Tajo se inventa un escenario que no aparece en la normativa de agua. Los escenarios de escasez que contemplan en el Plan Hidrológico del Tajo son los de “pre-alerta”, “alerta” y “emergencia”. El PES incorpora el de “emergencia para abastecimiento”. Este nuevo escenario lo que pretende es aliviar las restricciones a los usos agrícolas en situaciones de “emergencia”, cuando estas no podrían garantizarse por la ausencia del recurso. En este sentido, la Confederación pretende gestionar la escasez de una manera irresponsable.

En cuanto a las medidas propuestas para las situaciones de escasez se observa que se priman las actuaciones que promueven la “movilidad del recurso”, es decir proporcionar agua desde fuentes no convencionales como la puesta en marcha de pozos. Hay que señalar que la Confederación Hidrográfica del Tajo propone nuevas obras e infraestructuras, cuando son actuaciones que solo pueden proponerse en el marco de los Planes Hidrológicos. Igualmente se proponen reducciones adicionales a los caudales ecológicos en los ríos Sorbe, Tajuña, Jarama, Manzanares, Alberche y Lozoya, mientras no se reducen los consumos agrícolas, ganaderos o industriales. Esto supondría la desecación de decenas de kilómetros de estos ríos, mientras se siguen permitiendo regadíos.

Por último y no menos importante, hay que señalar que la Confederación Hidrográfica del Tajo omite deliberadamente al Trasvase Tajo-Segura en la gestión de las sequías. Este seguirá gestionándose a través de sus propias normas de explotación, lo que supone primar los usos suntuarios de la cuenca receptora frente a los usos y el deterioro de la cuenca cedente. Además de ser ilegal es una muestra de la irresponsabilidad de la Confederación para gestionar los recursos hídricos en su demarcación.

Por todas estas razones, desde Ecologistas en Acción se insta a la Confederación Hidrográfica del Tajo a la retirada del texto propuesto del Plan Especial de Sequía de la demarcación del Tajo debido a que incumple la normativa vigente, generará más conflictos entre usuarios, perjudicará el estado ambiental de las masas de agua y prima un consumo irresponsable del agua.

Rechazo a las críticas incongruentes de la Mesa de la Caza y petición de un último esfuerzo para que se aumente la edad mínima para cazar en Castilla-La Mancha.

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LEY-DE-CAZA-CLM-PLATAFORMA.jpgAnte la convocatoria el próximo jueves 15 de marzo del pleno de las Cortes en el que se debatirá y aprobará la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, la Plataforma contra la Ley de Caza se congratula de que se esté a punto de dar paso tan decisivo en la modificación de una norma que se elaboró a la medida de unos pocos y para favorecer un modelo de caza intensiva y comercial que daba la espalda a los derechos de los no cazadores, al bienestar animal y a la protección de la naturaleza. A pesar de ser incompleta la reforma, no deja de ser un cambio sustancial en la línea de lo reclamado por la Plataforma.

La Plataforma entiende que aun así hay una última posibilidad de mejorar la Ley incrementando la edad mínima para cazar y que mediante una enmienda presentada por el grupo Podemos podría elevarse a los 16 años. Los argumentos de unos y otros en relación a esta propuesta están ya expuestos y resulta evidente que son mucho más razonables los que justifican la aprobación de la enmienda. Tanto desde el punto de vista de la seguridad para las personas, cazadores o no, desde la comparación con otras actividades para las que se requiere la mayoría de edad, como considerando los precedentes en comunidades como Galicia, hay que subir la edad para usar un arma para cazar.

La Plataforma pide tanto al PP como especialmente al PSOE que apoyen la enmienda en la seguridad de que con ella se mejorará sustancialmente la reforma de la Ley.

Por otra parte, la Plataforma considera que el lobby cinegético lo que pretende sobre todo con sus infundadas críticas a la reforma de la Ley es distraer la atención de esta cuestión de la edad y evitar que se apruebe la enmienda. Así como posicionarse cada vez más duramente contra la ley de protección y bienestar animal.

No se puede entender de otra forma su reacción ya que de las 15 razones que se esgrimen para rechazar la Ley de Caza unas no se sostienen en la realidad y otras ponen de manifiesto la apuesta por un modelo de caza insostenible enfocado a la transgresión permanente de la normativa sea en materia de caza, de protección de la naturaleza, de bienestar animal o de uso público.

Baste para demostrarlo dos ejemplos más que significativos.

El primero tiene que ver con la crítica al incremento de las sanciones y a la consideración del papel protagonista de los agentes medioambientales en el control de la actividad cinegética. Es decir, a que se puedan vigilar y sancionar adecuadamente actividades ilícitas. Se queja el sector de la caza de estos aspectos cuando resulta que la reforma de la ley no hace otra cosa que recuperar el régimen de sanciones económicas que ya había en la ley de 1993 y que de forma sorprendente se había rebajado a la mitad en 2015. Asimismo de que se reconozca a los agentes un papel de policía judicial que ya tiene instaurado desde otros ámbitos legales y del que son plenamente merecedores. Cabe preguntarse qué teme el lobby si ellos defienden el buen hacer del sector e invocan que son los primeros en denunciar ilegalidades. Obviamente lo que quieren es que no se descubran las numerosas actos ilícitos que se cometen y que, si se descubren, que no se sancionen. Los que debieran ser los primeros en pelear por el cumplimiento de las leyes, son los primeros que dan por hecho que van a incumplirlas.

El segundo ejemplo tiene que ver con los bulos que están propagando respecto de supuestas nuevas prohibiciones, como la que afectaría a las esperas nocturnas de jabalí. Para desgracia de la Plataforma estas prácticas se van a seguir realizando, a pesar del peligro que comportan para la seguridad de las personas y para el control del furtivismo. El cambio que se ha introducido, y que ya se verá si se concreta en el reglamento, es que deje de considerarse una modalidad de caza por imperativo legal, cosa que no se hace con ningún otro tipo de caza. Pero podrá autorizarse como se ha hecho siempre, como método excepcional sujeto a autorización, y debe mantenerse así entre otras cosas porque va contra uno de los principios básicos de la protección de la propia caza, la prohibición general de que se pueda cazar de noche. Así estaba en la ley de 1993 y se ha venido haciendo hasta la nueva ley de 2015.

Con argumentos incongruentes y falaces como éstos y otros que se desgranan en esas llamadas 15 razones, la Mesa de la Caza no hace otra cosa que mostrar su falta de autocrítica a las malas prácticas cinegéticas y su falta de respeto a la inmensa mayoría que representan las personas no cazadoras. Tratan de ocultar su falta de argumentación y capacidad de debate con quienes defienden otros puntos de vista. Hace tiempo que decidieron dejar de buscar consensos y optaron por la confrontación contra todo aquel que no quisiera transigir con su apuesta por la insostenibilidad del modelo de caza comercial, elitista e intensiva.

La mala gestión de la sequía sitúa al borde del colapso a los humedales

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Embalse del Torcón (Toledo) Imagen de encastillalamancha.es

Afecta en especial a los humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Ecologistas en Acción considera que la elaboración de los planes de sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debe incluir medidas de protección de los caudales ambientales y control de las extracción para paliar los efectos de la sequía y evitar que la sobreexplotación del agua afecte al estado de conservación de las zonas húmedas. 

La sequía es un fenómeno habitual y, por efecto del cambio climático, de magnitud creciente. Sus efectos son conocidos y predecibles, pero se agravan sobremanera cuando la mala gestión y la improvisación se impone a la protección de los recursos naturales. 2017 ha sido un año muy seco, ha llovido un 29 % por debajo de la media de los 30 años anteriores. También la temperatura media de la última década es 0,9 grados superior a la de ese periodo. Bajo estas condiciones, el agua disponible en los ríos y acuíferos se ha reducido un 20 % en 25 años.

El actual período de sequía, que no ha cesado, está provocando que una gran parte de los humedales se hayan secado o hayan permanecido con muy bajos niveles de agua y más vulnerables a la contaminación. Humedales protegidos como Doñana, la Mancha Húmeda y Daimiel, la Albufera de Valencia, el Mar Menor o la laguna de Gallocanta se han encontrado bajo mínimos, y algunos están al borde del colapso. Los efectos son particularmente más graves en los humedales de menor entidad, a los que además tradicionalmente se les presta menor atención. Es el caso de los arroyos y manantiales, y el de los criptohumedales y las lagunas de menor entidad. En extensas áreas del interior peninsular solo tienen niveles de agua para sobrevivir aquellas zonas que reciben caudales de plantas depuradoras o fugas y retornos de las redes de transporte, aunque esto puede implicar modificaciones importantes en la calidad del agua.

Las zonas húmedas de gran tamaño se ven afectadas. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel solo dispone de 500 hectáreas encharcadas de las 1850 de las que dispone de lámina teórica de agua. Los humedales colindantes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete están en su mayor parte secos o bajo mínimos. También es grave la situación en la que se encuentra la laguna de Gallocanta, la mayor zona húmeda salina de Europa. O la del Mar Menor, que tiene unos niveles de contaminación inasumibles.

Ecologistas en Acción considera que la gestión de la sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas ha contribuido de forma decisiva a agravar sus efectos y a poner en riesgo el estado de conservación de los humedales e incluso la atención a los abastecimientos urbanos.

Por ello, la organización ecologista considera que, de forma inmediata y también de cara a la incorporación de medidas en los planes de sequía actualmente en tramitación, se deben incorporar las siguientes salvaguardas:

  • Elaboración y dotación de un plan de emergencia para la protección y la atención de las necesidades hídricas de los humedales y de los regímenes de caudales ambientales que se vean afectados por la sobrexplotación y especialmente en situaciones de sequía.
  • Blindaje de la atención prioritaria de los caudales ambientales y de los abastecimientos urbanos sobre cualquier otro uso.
  • Toma de medidas preventivas y correctoras de reducción de la extensión de regadío y de las dotaciones al mismo como responsable de más del 93 % del consumo del agua en España.
  • Replanteamiento de la reutilización para riego de las aguas depuradas, ya que es muy necesario su aportación al cauce en situaciones de sequía.
  • Analizar a nivel de masa de agua, y no solo del conjunto de la demarcación, los problemas de sequía y las medidas a adoptar, con especial atención a las situaciones en las cabeceras de las cuencas.