Cambio Climático

La mala gestión de la sequía sitúa al borde del colapso a los humedales

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Embalse del Torcón (Toledo) Imagen de encastillalamancha.es

Afecta en especial a los humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Ecologistas en Acción considera que la elaboración de los planes de sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debe incluir medidas de protección de los caudales ambientales y control de las extracción para paliar los efectos de la sequía y evitar que la sobreexplotación del agua afecte al estado de conservación de las zonas húmedas. 

La sequía es un fenómeno habitual y, por efecto del cambio climático, de magnitud creciente. Sus efectos son conocidos y predecibles, pero se agravan sobremanera cuando la mala gestión y la improvisación se impone a la protección de los recursos naturales. 2017 ha sido un año muy seco, ha llovido un 29 % por debajo de la media de los 30 años anteriores. También la temperatura media de la última década es 0,9 grados superior a la de ese periodo. Bajo estas condiciones, el agua disponible en los ríos y acuíferos se ha reducido un 20 % en 25 años.

El actual período de sequía, que no ha cesado, está provocando que una gran parte de los humedales se hayan secado o hayan permanecido con muy bajos niveles de agua y más vulnerables a la contaminación. Humedales protegidos como Doñana, la Mancha Húmeda y Daimiel, la Albufera de Valencia, el Mar Menor o la laguna de Gallocanta se han encontrado bajo mínimos, y algunos están al borde del colapso. Los efectos son particularmente más graves en los humedales de menor entidad, a los que además tradicionalmente se les presta menor atención. Es el caso de los arroyos y manantiales, y el de los criptohumedales y las lagunas de menor entidad. En extensas áreas del interior peninsular solo tienen niveles de agua para sobrevivir aquellas zonas que reciben caudales de plantas depuradoras o fugas y retornos de las redes de transporte, aunque esto puede implicar modificaciones importantes en la calidad del agua.

Las zonas húmedas de gran tamaño se ven afectadas. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel solo dispone de 500 hectáreas encharcadas de las 1850 de las que dispone de lámina teórica de agua. Los humedales colindantes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete están en su mayor parte secos o bajo mínimos. También es grave la situación en la que se encuentra la laguna de Gallocanta, la mayor zona húmeda salina de Europa. O la del Mar Menor, que tiene unos niveles de contaminación inasumibles.

Ecologistas en Acción considera que la gestión de la sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas ha contribuido de forma decisiva a agravar sus efectos y a poner en riesgo el estado de conservación de los humedales e incluso la atención a los abastecimientos urbanos.

Por ello, la organización ecologista considera que, de forma inmediata y también de cara a la incorporación de medidas en los planes de sequía actualmente en tramitación, se deben incorporar las siguientes salvaguardas:

  • Elaboración y dotación de un plan de emergencia para la protección y la atención de las necesidades hídricas de los humedales y de los regímenes de caudales ambientales que se vean afectados por la sobrexplotación y especialmente en situaciones de sequía.
  • Blindaje de la atención prioritaria de los caudales ambientales y de los abastecimientos urbanos sobre cualquier otro uso.
  • Toma de medidas preventivas y correctoras de reducción de la extensión de regadío y de las dotaciones al mismo como responsable de más del 93 % del consumo del agua en España.
  • Replanteamiento de la reutilización para riego de las aguas depuradas, ya que es muy necesario su aportación al cauce en situaciones de sequía.
  • Analizar a nivel de masa de agua, y no solo del conjunto de la demarcación, los problemas de sequía y las medidas a adoptar, con especial atención a las situaciones en las cabeceras de las cuencas.
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La sobredotación de autovías no cabe como alternativa al cementerio nuclear.

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEcologistas en Acción de Castilla La Mancha considera desafortunadas las declaraciones de Emiliano G. Page del pasado martes en Motilla del Palancar reclamando que el dinero del ATC se destine a autovías y recuerda que lo que necesita la zona es un desarrollo rural sostenible.

Tanto en solitario como dentro de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear,  Ecologistas en Acción ha denunciado una y otra vez ante los medios el derroche de dinero público vinculado al ATC de Villar de Cañas, que se cifra en algo más de 80 millones de Euros.

En esa línea, siempre que se ha hablado de alternativas para esa ingente inversión, y se ha reclamado que se tuvieran en cuenta las necesidades de los ciudadanos castellanomanchegos en materias como la sanidad o la educación, el desarrollo rural sostenible, las energías alternativas o la protección del medio ambiente.

Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del ejecutivo castellano manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas,  plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme derroche e impacto, como son las autovías Cuenca-Albacete, Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel.

Queda fuera de lugar pedir que el dinero destinado al ATC se dirija a unas autovías que se han demostrado innecesarias, muy caras de hacer y mantener y que presentan un elevado impacto ambiental por su negativo efecto en la emisión de gases contaminantes y en los espacios naturales protegidos.

Particularmente grave es que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa. O una autovía Guadalajara-Tarancón que no se justifica por el tráfico que presentaría y que también daña espacios protegidos.

Ecologistas en Acción considera que estos mensajes de cambio de cromos insostenibles, son negativos para la lucha contra el ATC y pueden dañar la imagen de defensa de la protección del medio ambiente y la salud y de los intereses generales de los ciudadanos que mantiene la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear. Y por ello reclama al Gobierno regional que rectifique en ese planteamiento.

El Ministerio pretende dejar fuera el trasvase Tajo-Segura del plan de sequía y del Pacto Nacional por el Agua.

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  • Ecologistas en Acción de Toledo denuncia que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha dejado fuera de sus análisis en dos importantes documentos el trasvase Tajo-Segura y el impacto que éste genera tanto en situaciones de sequía como en la sobreexplotación por incremento de las demandas en la cuenca del Tajo.
  • En la reunión del Consejo del Agua del Tajo celebrada ayer en  Madrid, la Confederación expuso las propuestas iniciales del Ministerio en relación con la revisión del Plan Especial en Situación de Alerta y Eventual Sequía que debe aprobarse en el año 2018 y en relación al Pacto Nacional por el Agua.

En el caso del Plan de Sequía y a preguntas del representante de Ecologistas en Acción en nombre de las organizaciones ambientales en el Consejo del Agua, quedó de manifiesto que el Ministerio no tiene la intención de considerar el trasvase Tajo-Segura dentro de los sistemas que provocan un mayor estrés hídrico en la cuenca y que, por tanto, más influyen en la generación de situaciones de sequía y falta de caudales en la cuenca del Tajo.

En este documento y a la hora de evaluar la presión que generan las demandas que sobreexplotan endémicamente los recursos del Tajo, el Ministerio ha omitido de sus cálculos la que produce el trasvase del Tajo-Segura y que la propia Confederación cifra en un promedio de 450 hectómetros cúbicos al año, de los cuales más de tres cuartas partes se destinan a regadío. Esto supone dejar fuera de la evaluación una cuarta parte de las demandas totales de la cuenca, pero más del ochenta por ciento de las de cabecera.  De este modo, el Plan de Sequía quedaría supeditado en cabecera a las disposiciones del trasvase y no a las necesidades de la cuenca del Tajo.

En este escenario no sería extraño que utilizando ardides legales como se ha hecho con el Memorándum del Tajo-Segura o como ocurrió ya en 1995 se puedan reducir aún más los caudales mínimos en Aranjuez.

En cuanto al Pacto Nacional del Agua, las organizaciones ambientales también se han pronunciado en contra, por cuanto su planteamiento está lejos de atacar los problemas de sobrexplotación y mal estado de las masas de agua, de falta de ahorro y de ausencia de aprobación de caudales ambientales.

Tal y como se señala en el primer eje del documento del PANAGUA, lo que se pretende es atender lo que se llaman “déficits estructurales de alguno territorios”  para lo cual “las interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas pueden ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua…”. Sobre este punto de partida queda supeditado el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua y los objetivos medioambientales. Así las cosas, de aprobarse este documento y de tramitarse como pretende el Ministerio, las aspiraciones de reconsideración de las demandas que sobreexplotan el Tajo y, en particular, del trasvase Tajo-Segura serían inviables.

Por ello, los representantes de las organizaciones ambientales en los consejos del agua, entre ellos los presentes en el Tajo, han dirigido un escrito al Ministerio pidiendo la retirada de este PANAGUA y su reconsideración en el marco del cumplimiento de las directivas europeas y de las necesidades de impulsar medidas de reducción de la demanda como la que provoca el trasvase Tajo-Segura. Para Ecologistas en Acción, el PANAGUA lo que debe plantearse no son nuevas infraestructuras sino como se eliminan o reducen los impactos de las que como el trasvase Tajo-Segura dañan nuestros ríos.

Declaración de Impacto negativa a las Tierras Raras en el Campo de Montiel: justa y fundamentada decisión del Gobierno Regional que alegra a todos.

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300417-marcha-senderista-contra-tierras-raras-torrenueva1-949x712Ecologistas en Acción valora muy satisfactoriamente la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha que, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha emitido una declaración negativa de inviabilidad ambiental del proyecto de minería de tierras raras que amenazaba la comarca del Campo de Montiel.

A falta de conocer los detalles de la declaración de impacto ambiental y de que se sustancie el rechazo del proyecto que debe oficializar la Dirección General de  Industria, Energía y Minas, Ecologistas en Acción se congratula por el hecho de que la movilización social y ecologista de la comarca, amparada en sólidos argumentos ambientales y socioeconómicos, haya llevado a tumbar el macro proyecto de tierras raras.

Las contundentes alegaciones presentadas contra el proyecto y los documentados informes de los servicios técnicos de la Consejería de medio ambiente no dejaban lugar a las dudas de que el proyecto era inviable y dañino y que, por tanto, no debe llevarse a cabo.

Ecologistas en Acción traslada su enhorabuena y agradecimiento a todas las personas, colectivos y plataformas que de una u otra manera se han movilizado en contra del proyecto.

El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

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Nueva imagen (18) (600 x 423)Toda la población de Castilla-La Mancha ha respirado aire contaminado por ozono, en ausencia de los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas más afectadas

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017. El Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio castellano-manchego han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, 14 de ellas situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2017 sus niveles se han mantenido en general estacionarios, similares a los de 2016 aunque por debajo de los de 2015. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas, las zonas industriales del Norte y de Puertollano y la Comunidad de Madrid se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a la totalidad de la población y del territorio de Castilla-La Mancha.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 210.000 personas, la décima parte del total, en la zona del Corredor del Henares.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Castilla-La Mancha durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su Comunidad.

– La Comarca de Puertollano ha sufrido una treintena de superaciones del umbral de información a la población y las cuatro primeras superaciones del umbral de alerta en el Estado español desde 2012, frente a las que la Junta de Castilla-La Mancha se ha limitado a difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 2 millones de castellano-manchegos.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en Castilla-La Mancha son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas.

– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.