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Ecologistas en Acción exige responsabilidades inmediatas por el incendio de Chiloeches

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Imagen del incendio de Chiloeches, cortesía eldiario.es

La organización ecologista considera que el contenido del auto de apertura de juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches es de una gravedad absoluta.

El auto debe, según Ecologistas en Acción, tener consecuencias inmediatas tanto en la administración del Gobierno de Castilla-La Mancha como en las actuaciones legislativas en materia de residuos a nivel regional y estatal.

El juzgado y la fiscalía coinciden en acreditar la existencia de una trama criminal en la que estarían involucradas 18 personas fisicas y tres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de la administración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejercicio todavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores de las tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de sus residuos.

Apuntan también a que el incendio fue intencionado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación. Ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

El escrito del juzgado pone de manifiesto cómo las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestión ilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarse con ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se lleva a cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieran vigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para el medio ambiente.

Por esos motivos se imputan diversos delitos por los que solicitan graves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación a altos cargos de la administración regional. Desde el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, hasta los tres directores generales, dos de Gobiernos del PSOE y una del PP, y los dos jefes de servicio que siguen hoy en sus funciones en la Consejería de Desarrollo Sostenible, José María Michelena y Olga Villegas.

La investigación y el auto del juzgado sobre el incendio de Chiloeches ponen de manifiesto un sistema de control ambiental, de autorizaciones y vigilancia ambiental del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha corrupto e irresponsable. Un sistema que no se ha depurado en absoluto. No se han renovado los cuadros técnicos, ni las estructuras de toma de decisiones. Al contrario, se han reforzado, provocando la pérdida de credibilidad de la administración castellano-manchega gobierne quien gobierne. También pone de relieve que el dinero que genera la ilegal gestión de residuos es un motor suficiente para que la inacción y connivencia den lugar a situaciones como las que desembocaron en el catastrófico incendio.

Frente a todo esto, y para aparentar una mayor acción política para controlar los residuos, el gobierno de Emiliano García-Page impulsó la reciente aprobación de las leyes de economía circular y la de evaluación ambiental, dos normativas desfasadas puestas en práctica por una administración corrompida.

Lo mismo cabe señalar de las iniciativas en la materia a nivel estatal. La ley estatal de residuos que ha iniciado su tramitación no solo es poco ambiciosa, sino que no cuenta con los medios para hacerla cumplir. El negocio de los residuos y de la economía circular mal entendida es demasiado grande y poderoso.

Ecologistas en Acción considera que ya se debían haber tomado decisiones antes de este auto judicial, pero con más razón deben tomarse ahora.

Por ello exige que de forma inmediata se proceda a:

– Cesar de forma inmediata a quienes están acusados y siguen ejerciendo puestos de relevancia en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

– Revisar en profundidad y cambiar la estructura y composición de la actual Viceconsejería de Medio Ambiente.

– Establecer mecanismos de auditoría interna y externa con participación pública en la toma de decisiones en materia de residuos y de evaluación ambiental.

– Impulsar profundos cambios en la normativa de residuos estatal y autonómica que impidan el negocio especulativo del residuo, responsabilizando al productor y al gestor como indica el nuevo borrador de la ley estatal.

– Apostar por la generación cero de residuos y la imposición de tasas verdaderamente desincentivadoras que estimulen su reducción y eviten el vertido y la valorización mediante incineración.

Denunciamos la deriva anti-ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha

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  • Ecologistas en Acción no suscribirá el Pacto Regional del Agua, duda de la capacidad de Castilla-La Mancha para proteger la salud de su ciudadanía y su patrimonio natural, y reclama a Page que se respete a quien discrepa de sus decisiones.

 

  • Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia

A lo largo de este fin de semana se ha celebrado en la localidad de El Provencio (Cuenca) la vigésima asamblea regional de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

A la misma han asistido los representantes de las distintas federaciones provinciales así como de grupos locales y comarcales. Entre ellos los del nuevo grupo de Ecologistas en Acción de la Cuenca del Záncara cuya creación muestra la vitalidad de la única federación ecologista de ámbito regional.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia en los que los grupos que conformaron la federación se han consolidado y, además, se han ido incorporando otros nuevos. Pero lo que es más importante es que hoy por hoy la asociación es un sólido referente de la defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha al que todo tipo de entidades y la ciudadanía en general se puede dirigir para hacer frente a cualquier situación de carácter ambiental.

Pero en una entidad como Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hay poco tiempo para celebraciones y la asamblea necesariamente se ha centrado en las cuestiones formales y de interés que conformaban el orden del día. Del resultado de las deliberaciones se destacan a continuación las principales conclusiones.

–          Constatar que el Gobierno regional, tras un inicio de legislatura prometedor en algunos aspectos, está dando cada vez más la espalda al medio ambiente y está alcanzado cotas y llevando a cabo acciones que recuerdan a las de Gobiernos anteriores.

–          Especialmente lamentable es la contribución desde la portavocía del Gobierno al clima de acoso y menosprecio que sufren quienes defienden el medio ambiente desde posiciones discrepantes a las del propio ejecutivo o a las de entidades con intereses meramente económicos. El caso del trato dado al Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou es uno de los que ejemplifican esa situación, y desde aquí nos solidarizamos con dicho colectivo. También lo hacemos con quienes defienden pueblos sin malos humos, un espacio rural con personas y conciencia, la protección de la salud o del agua frente a los distintos tipos de contaminación, la conservación de la naturaleza o con quienes defienden el uso público de los espacios naturales frente a los privilegios dados a la caza o a latifundistas.

–          Reclamar del Gobierno y, en particular a quien lo dirige, que se recupere de inmediato un talante democrático y de respeto a toda la ciudadanía que nunca se debiera haber perdido, en especial a la que discrepa. En los últimos tiempos se han incrementado las acciones de acoso a activistas medioambientales y a simples ciudadanas y ciudadanos que sólo pretenden un mundo y una Castilla-La Mancha mejor. Esto se tiene que acabar y el Gobierno debe dar ejemplo, no contribuir a alimentar este tipo de situaciones.

–          Las decisiones del Gobierno regional sobre diversos temas de interés público están afectando muy negativamente al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos, y no son coherentes con su posición cuando de lo que se trata es de reclamar a otros sus responsabilidades.

–          No son de recibo, están fuertemente contestadas y deben por ello ser reconsideradas, las decisiones de apoyar la instalación masiva de macrogranjas porcinas, de no poner coto a las emisiones que asfixian nuestros pueblos, de favorecer la instalación de macrovertederos de residuos industriales, de apoyar la caza frente a la conservación de la naturaleza y al desarrollo de actividades sostenibles, de aprobar proyectos como el parque temático Puy du Fou o la mina de fosfatos de Fontanarejo, o de ceder a las presiones y mantener bloqueada la aprobación de la ley de protección y bienestar animal o la estrategia de agricultura ecológica. Tampoco que se redefina la educación ambiental para impulsar un concepto erróneo del desarrollo sostenible.

–          En este contexto, de falta de confianza hacia las políticas y acciones ambientales del Gobierno, es del todo imposible que Ecologistas en Acción suscriba un Pacto Regional del Agua que se ofrece, además, en unas circunstancias que pueden entenderse con tintes electoralistas. Y, lo que es más trascendente, con unos contenidos que no marcan otra senda que la de seguir con el despilfarro del agua en la agricultura y ganadería intensivas o en proyectos declarados de singular interés.

–          También se pone en entredicho la capacidad del Gobierno regional de asumir la gestión de los parques nacionales, de aumentar la red de espacios protegidos o de dotar a los parques naturales y a la Red Natura 2000 de los planes de uso y gestión que se requieren para garantizar su conservación y uso público.

–          Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha exhorta a un giro de verdad en las políticas de desarrollo y a un impulso cierto de las medioambientales, así como a la creación de un marco regional que garantice el derecho al medio ambiente y a la protección de la defensa medioambiental. También a dotar de medios humanos y de independencia a una Viceconsejería de Medio Ambiente a la que no se le ha permitido cumplir con su cometido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

La contaminación atmosférica aumenta en 2017, también en Castilla-La Mancha

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informe-calidad-aire-2017-portada-300x424–          Ecologistas en Acción presenta su informe anual de calidad del aire en el Estado español. 

–          El nuevo ciclo económico dispara el uso de los combustibles fósiles y el cambio climático provoca el año más cálido y seco desde 1965.

–          Castilla-La Mancha adolece de un red de vigilancia adecuada y de planes de prevención, a pesar de que su población está seriamente expuesta a los efectos de la contaminación.

El informe La calidad del aire en el Estado español durante 2017elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas por primera vez las de los puertos estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados porcomunidades autónomas y localidades y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones para Castilla-La Mancha, destacan las siguientes.

Durante el año 2017, se han recopilado los datos de 28 estaciones de control de la contaminación, pertenecientes a las redes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de EMEP/VAG/CAMP y de distintas instalaciones industriales, fuente ésta no considerada por el Gobierno autonómico en su evaluación de la calidad del aire.

Hay que notar que la mitad de las doce estaciones del Gobierno autonómico han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa, por lo que las conclusiones expuestas en este apartado deben ser consideradas teniendo en cuenta esta insuficiencia de la información de partida. Asimismo, los datos de algunas estaciones industriales adolecen de inconsistencias que rebajan su fiabilidad a los efectos de evaluar la calidad del aire.

Por otro lado, la página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora, y carecen de información sobre las estaciones de las redes privadas. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se debe esforzar por mejorar la medición y la información de la calidad del aire en su Comunidad.

En Castilla-La Mancha los contaminantes que más incidencia presentaron fueron el ozono troposférico, las partículas PM10 y PM2,5, y en la comarca de Puertollano el dióxido de azufre.

El ozono troposférico afectó a todo el territorio castellano-manchego, con casi todas las estaciones registrando superaciones muy elevadas del valor octohorario recomendado por la OMS. De hecho tres cuartas partes de las estaciones presentaron más de 75 superaciones. La estación de San Pablo de los Montes (Toledo) ha tenido la peor situación, con 159 días de mala calidad del aire, casi la mitad de los días del año. En lo que respecta al valor objetivo establecido por la normativa, la mitad de las estaciones registraron unas superaciones promedio anuales mayores de las 25 permitidas, en el trienio 2015-2017: Argamasilla, Brazatortas, Mestanza, Alameda, Añover, Azuqueca de Henares, Castillejo, Illescas, Toledo, Villaluenga de la Sagra, Villamejor y San Pablo de los Montes. Los peores registros tuvieron lugar en Castillejos (Toledo) y San Pablo de los Montes, con respectivamente 82 y 58 días de superación.

Finalmente, el objetivo legal establecido para la protección de la vegetación durante el quinquenio 2013-2017 se ha superado en diecisiete estaciones y en todas las zonas, situándose en 2017 todos los medidores por encima del objetivo a largo plazo, por lo que puede concluirse que la totalidad de los cultivos, montes y espacios naturales de Castilla-La Mancha están expuestos a niveles de ozono que dañan la vegetación.

Las partículas PM10 afectaron a todo el territorio castellano-manchego, salvo las zonas “Montes de Guadalajara” y “Montes de Toledo”. En todas las estaciones de la Junta de Castilla-La Mancha se registraron superaciones de los valores medios anual y diario recomendados por la OMS. Y en las estaciones de Campo de Fútbol y Talavera de la Reina se rebasó el valor límite diario establecido por la normativa. Respecto a las partículas PM2,5, los peores registros se han detectado en las estaciones de Brazatortas (Ciudad Real) y Añover (Toledo), aunque lejos del límite legal anual.

El dióxido de azufre, cuya procedencia es fundamentalmente la actividad industrial, sólo afectó de manera significativa a la comarca de Puertollano.

Las estaciones Barriada 630, Campo de Fútbol, Hinojosas e Instituto registraron más de tres superaciones del valor medio diario recomendado por la OMS, aunque en niveles inferiores a los últimos años. Los peores registros se alcanzaron en la estación Campo de Fútbol, con 42 superaciones.

En dicha estación, se alcanzaron 5 superaciones del valor límite horario establecido por la normativa, sin alcanzar no obstante las 24 superaciones que se admiten como máximo, así como una superación del umbral de alerta.

Finalmente, hay que notar que en 2017 las mediciones de hidrocarburos tóxicos en la Comarca de Puertollano han alcanzado niveles preocupantes, rebasando en la estación Campo de Fútbol la recomendación de la OMS para el benceno.

El cuadro general que presenta Castilla-La Mancha es el de dos zonas con una elevada contaminación: una situada al norte, caracterizada por contener una gran actividad industrial y un elevado número de kilómetros de carreteras y autovías con una gran intensidad de tráfico (y en cuyo interior existen importantes núcleos de población como Guadalajara, Toledo, Azuqueca de Henares y Talavera de la Reina), y otra al sur delimitada por el área industrial de la comarca de Puertollano. La contaminación emitida desde ambas zonas y desde la Comunidad de Madrid se extiende además por el resto del territorio en la forma de ozono troposférico, afectando a lugares alejados de estos focos de emisión, como por ejemplo las zonas rurales del interior.

Como consecuencia, toda la población castellano-manchega respira un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS y la legislación vigente (en este último caso con la excepción de la Comarca de Puertollano), y la totalidad del territorio está expuesto a niveles de contaminación que dañan la vegetación.

A pesar de esta situación no se tiene conocimiento de la elaboración ni aprobación por la Junta de Castilla-La Mancha de ningún plan de mejora de la calidad del aire, referido a las superaciones de los valores objetivo legales de ozono en las zonas de Puertollano, Corredor del Henares y Resto de Castilla-La Mancha, ni tampoco de ningún plan de acción a corto plazo para enfrentar los episodios de ozono en la Comarca de Puertollano. Los únicos planes disponibles hasta la fecha son los programas de reducción de partículas PM10 y SO2 en Puertollano.

Las elevadas temperaturas y la prolongada sequía han incrementado los episodios de contaminación. El fuerte calor primaveral y estival explica que los niveles de ozono hayan aumentado significativamente en 2017 en buena parte del Estado español. También el cambio de ciclo económico ha conllevado un aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte, la industria y la producción de electricidad, con el consumo energético en los niveles del inicio de la crisis y las energías renovables en su peor situación de la última década.

Finalmente, las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, recuperando los apoyos a las energías renovables y penalizando el diésel y la incineración de residuos.

Se precisa de un mayor compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el medio ambiente

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Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España se reúnen con el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España han trasladado al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometa más profundamente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y se replantee posiciones y proyectos poco coherentes con los objetivos medioambientales que se dice defender.

Algunas de las cuestiones que preocupan a Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España son la insistencia en sacar a colación grandes infraestructuras con evaluaciones ambientales negativas, las incoherencias en materias de agricultura y agua, la ilógica intención de derogar el decreto por el que se declara el conejo de monte especie de interés preferente, así como las nuevas leyes sobre evaluación ambiental o sobre instalaciones de telecomunicaciones y que dejan al margen principios básicos de protección de la salud y el medio ambiente.

Preocupa también a las ONG el desordenado y masivo crecimiento de instalaciones ganaderas intensivas, la tramitación de proyectos de singular interés en zonas de alto valor natural y paisajístico y la falta de planificación en el reimpulso a las renovables en Castilla-La Mancha. Todo ello sin olvidar conflictos que no se han sabido resolver con los agentes medioambientales.

Especial mención merece la reiterada mala gestión y regulación de la caza, lo que ha llevado de rebote al bloqueo impulsado por el sector cinegético a la ley de protección y bienestar animal.

Desde el punto de vista de las ONG estas cuestiones se pueden y se deben reconducir desde el diálogo y la participación huyendo de reacciones apresuradas o de la cesión ante posiciones irracionales. También desde la ampliación y renovación de los medios humanos de que dispone la Consejería en medio ambiente, a todas luces insuficientes y escasamente diversificados. Y, por último, impulsando la educación y divulgación ambiental para favorecer la concienciación ciudadana como está previsto hacer a partir de este año.

Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España le han trasladado al Consejero su más sincero deseo de colaboración e impulso de las políticas medioambientales y de una línea de desarrollo sostenible compatible con la obligada protección medioambiental y de la salud pública.  Así como la disposición a un diálogo abierto con todos los sectores para resolver los conflictos existentes en la región.

Como hicieran las asociaciones en el Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado ayer se ha pedido a la Consejería y al Gobierno, que no se derogue, sino que se revise, el decreto del conejo, que se paralicen y discutan más despacio las iniciativas en materia de grandes infraestructuras y agua y que se aproveche la oportunidad de los cambios en el Gobierno central para evitar que se construya el ATC de Villar de Cañas, se dote al río Tajo de un verdadero caudal ambiental y se concreten medidas de mejora en la protección de los parques nacionales de cara a su eventual transferencia a la comunidad autónoma.

El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

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Nueva imagen (18) (600 x 423)Toda la población de Castilla-La Mancha ha respirado aire contaminado por ozono, en ausencia de los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas más afectadas

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017. El Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio castellano-manchego han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, 14 de ellas situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2017 sus niveles se han mantenido en general estacionarios, similares a los de 2016 aunque por debajo de los de 2015. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas, las zonas industriales del Norte y de Puertollano y la Comunidad de Madrid se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a la totalidad de la población y del territorio de Castilla-La Mancha.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 210.000 personas, la décima parte del total, en la zona del Corredor del Henares.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Castilla-La Mancha durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su Comunidad.

– La Comarca de Puertollano ha sufrido una treintena de superaciones del umbral de información a la población y las cuatro primeras superaciones del umbral de alerta en el Estado español desde 2012, frente a las que la Junta de Castilla-La Mancha se ha limitado a difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 2 millones de castellano-manchegos.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en Castilla-La Mancha son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas.

– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

La parcela del vertedero de Seseña-Valdemoro no está limpia ni descontaminada un año después.

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WhatsApp Image 2017-05-12 at 11.03.56Una desagradable sorpresa aguardaba esta mañana a los miembros de Ecologistas en Acción y a los periodistas que han acudido al vertedero de neumáticos de Seseña-Valdemoro, cuando se cumple un año exacto del inicio del fuego.

Al contrario de lo que anunciaron los consejeros de medio ambiente de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y el propio alcalde del Ayuntamiento de Seseña, la parcela no está limpia ni descontaminada, de hecho se sigue trabajando en ella.

En la parcela de 11 hectáreas se puede observar como una retroexcavadora de Tragsa carga camiones con restos de tierra y cenizas procedentes de los caminos hechos durante el incendio. Dichos portes son trasladados a los gestores y vertederos autorizados en Novés (Toledo) y Valdilecha (Madrid).

En la parcela también se puede observar como en una superficie de unas tres hectáreas numerosos trozos de neumático sobresalen en la superficie, mezclados y enterrados en la tierra. Los trozos, algunos de gran tamaño, proceden de restos que no ardieron y que no han sido retirados en las labores de limpieza. Por último, sospechosas sombras negras destacan sobre el blanco de la ladera, denotando que aún quedan rastros de cenizas sin limpiar sobre el terreno.

Estas circunstancias y el hecho indudable de que Tragsa está trabajando en la zona ponen de manifiesto que la parcela que alojó el mayor vertedero de neumáticos de Europa sigue sin estar limpia ni descontaminada. Y que aunque sea una reducida parte sobre lo que ya se ha retirado, todavía quedan cenizas y restos de neumático por eliminar para completar la labor de restauración de la zona.

Ecologistas en Acción considera absolutamente increíble que ni en la zona de Madrid ni en la correspondiente a Castilla-La Mancha se hayan terminado los trabajos y desmiente que la parcela esté absolutamente limpia, como se ha dicho en reiteradas ocasiones.

Demandamos una explicación veraz de la situación, así como todos los informes que se ha dicho que acreditan la descontaminación de las zonas. A la vista de las circunstancias, poca credibilidad merece lo anunciado hasta ahora por las autoridades.

Ante la inesperada situación que demuestra que no se ha limpiado ni restaurado la zona, Ecologistas en Acción ha declinado participar en el acto que el Ayuntamiento de Seseña había programado para mañana en reconocimiento a las personas que ayudamos durante la catástrofe. La asociación ha pedido al alcalde que aplace el acto hasta que de verdad esté limpia y recuperada la zona.

El nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha insuficiente y mal enfocado.

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Ecologistas en Acción considera que el nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha recientemente aprobado no crea los suficientes mecanismos necesarios para evitar manejos ilegales e  incendios como los de Seseña o Chiloeches y que sigue priorizando la incineración y el vertido frente a otros sistemas de gestión no contaminantes.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha manifiesta sentirse defraudada y frustrada ante la negativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a aceptar las mayor parte de las alegaciones que se le han presentado en el sentido de apostar de una vez por la reducción,  la reutilización y el reciclado, en lugar de hacerlo por el vertido y por la llamada valorización que no es sino una simple incineración.

El escenario de los residuos en Castilla-La Mancha no puede ser más desalentador. Un alto porcentaje de residuos urbanos no gestionados que llenan los vertederos antes de tiempo, como ha ocurrido en el de Toledo. Unas bajas tasas de reciclado. Un descontrol evidente de los centros de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, de los residuos de construcción y demolición, de los lodos y de los neumáticos. Manga ancha para verter con la excusa de servir a la restauración en graveras, pozos y canteras. Una falta de control administrativo eficaz que ofrece el caldo de cultivo donde prosperan situaciones como las que han dado lugar a las catástrofes ambientales de Seseña y Chiloeches. Y todo ello aliñado además con la ausencia de protocolos de emergencias adaptados a estas catástrofes ambientales en las que ha primado la desinformación y el ocultamiento de los riesgos para la población y el medio ambiente.

El Plan desvirtúa  los  objetivos  básicos  de  la  Economía  Circular,  en  los  que  decía  inspirarse y así,  cumpliéndose  los  peores  augurios,  el  pasado  día  29  de  diciembre  ha  quedado  aprobado  un  texto que  tiene  muy  poco  que  ver  con  las  medidas  urgentes  que  exige  el  freno  a  la  escalada  imparable  en  la  generación  de  residuos,  que  aseguren  el  avance  únicamente  de  los  tipos  de  gestión  saludables  para  el  medio  ambiente y la salud   y  que eviten  tanto  la  proliferación  de  vertidos y vertederos como el comercio ilegal pseudo-mafioso en auge.

El plan además facilita el subterfugio para seguir apostando por la incineración a través de los llamados “combustibles  alternativos” o CDR (combustibles derivados de residuos). Este será que, por ejemplo, el destino de parte de los neumáticos de Seseña y de  las  50.000  toneladas  de  hidrocarburos  tóxicos  de  la  laguna  de  Arganda. Restos que se quemarán en centros de trabajo y cementeras, respectivamente, sin  que  nadie  pueda  asegurar  que  con  su  combustión  no  se  liberarán  a  la  atmósfera  las  mismas  sustancias  tóxicas  que  se  emitieron  en  el  incendio.

Ecologistas  en  Acción,  organización que representa a las asociaciones de defensa de medio ambiente en Consejo de Prevención y Reciclado de Residuos, fiel  a  los  propósitos  de  la  Economía  Circular – prolongar  el  ciclo  de  utilidad  de  los  residuos,  ahorrar  materiales  y  recursos  y  evitar  emisiones  contaminantes -,  puso  en  sus  sugerencias  al  borrador  especial  interés  en  mantener  como  eje  rector  del  Plan  el  principio  de  jerarquía – prioridad  absoluta  de  la  reducción,  la  reutilización  y  el  reciclaje  (las  tres  R ) -, reclamando  por  ello  la  supresión  del  principio  espurio   de  Gestión  Integrada,  que  promueve  la  igualdad  de  rango  de  todos  los  tipos  de  gestión,  en  especial,  de  la  incineración,  que  por  sus  efectos  nocivos  había  sido  colocada  en  penúltimo  lugar,  desvirtuando  así  la  jerarquía  en  la  gestión  y  haciéndola  en  la  práctica  inoperante.

Apostamos por los sistemas de SDDR (de depósito, devolución y retorno) en implantación en comunidades limítrofes como la valenciana. Por la instalación del contenedor de materia orgánica, por nuevos sistemas integrados de gestión. Por la sensibilización ambiental de los ciudadanos y de los agentes productores. Por la dotación de medios humanos que asegura la adecuada vigilancia y control en la gestión de los residuos.

Entre otras muchas cosas que no se han aceptado, sólo dos han parecido tener alguna respuesta por parte de la Consejería, el incremento de inspecciones, puesto en marcha ya con un programa recientemente aprobado. Y la imposición de tasas e impuestos al transporte y gestión que desincentiven el hecho de que hoy por hoy Castilla-La Mancha es una comunidad importadora de los peores residuos que se generan en España. Sin embargo ambas medidas tendrán dificultades en su aplicación, la primera por la falta de personal especializado, y la segunda porque requiere de modificaciones legislativas que no se sabe cuánto tardarán.

Críticas a la política ambiental ambivalente de Castilla-La Mancha

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Ecologistas en Acción hace balance de la situación ambiental en Castilla-La Mancha. Anuncia la personación en los casos de los incendios de Seseña y Chiloeches, pide la remodelación de la cúpula del Platecam, reclama medios humanos y que cesen los recortes en medio ambiente.

El 4 de julio de 2015 tomó posesión el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, fruto de un acuerdo de investidura ahora roto entre el PSOE y Podemos y que dejó de lado las prioridades ambientales. Afortunadamente esa ausencia lamentable no ha impedido que se hayan puesto en marcha importantes iniciativas, pero a la postre está dejando aflorar graves carencias en la gestión del medio ambiente a escala regional.

La política de medio ambiente del ejecutivo regional empezó teniendo más luces que sombras, pero empieza a tener más sombras que luces, sobre todo después de la dimisión del Viceconsejro de Medio Ambiente y de la crisis de los incendios. También tras observar el escaso contenido y falta de visión de calado ambiental del Pacto por la Economía y el Empleo y del Debate del Estado de la Región.

Lo sucedido en la gestión de los residuos, de los incendios de Seseña y Chiloeches y del vertedero de amianto en Toledo no son sino la prueba de que la Junta no dispone de los medios ni de la iniciativa para afrontar sus más elementales obligaciones en materia medioambiental.

PRIMERAS MEDIDAS, NECESARIAS Y BIEN RECIBIDAS

El nuevo gobierno tomó algunas decisiones en las primeras semanas que ya figuraban en el programa electoral del PSOE y de Podemos. Así, el 27 de julio de 2015 se inicia el procedimiento de ampliación de la ZEPA/ZEC de El Hito, recientemente aprobada, se apuntala la oposición al proyecto del ATC de Villar de Cañas, se inician los trámites para limitar la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fraking y se conforma una postura regional fuerte para hacer frente al deterioro del río Tajo y al impacto del trasvase Tajo-Segura.

Tambien se crea, por primera vez en Castilla-La Mancha, una viceconsejería de medio ambiente. Y, en el aspecto de la participación pública, se inician los debates sobre la reforma de la ley de caza, sobre los planes de uso y gestión en Red Natura 2000 y sobre un nuevo modelo de desarrollo económico, éste en base a las denominadas “Mesas del pacto por la recuperación económica”.

FALTAN POLÍTICAS DE FONDO

Pero pronto se observan las limitaciones a las que se enfrenta la puesta en práctica de políticas ambientales. Los presupuestos de 2016 mantienen los recortes de etapas anteriores, 45% sobre los de 2010, ofreciendo una carencia de medios humanos y materiales que hacen muy difícil el control y la vigilancia ambiental o que imposibilitan la puesta en práctica de actuaciones en sectores estratégicos, como por ejemplo el de la educación ambiental.

También aparecen las contradicciones en la tramitación de actuaciones como el proyecto de minería de tierras raras en el sur de Ciudad Real, en la petición de regularización de pozos ilegales en el Guadiana o en las situación de las viñas en espaldera irregularmente instaladas en zonas protegidas. 

Por otro lado, se echan en falta iniciativas de calado que promuevan adecuadamente las actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería ecológicas, la movilidad sostenible, el cambio de modelo energético o el ecoturismo.

Aún siendo conscientes de lo difícil que es cambiar la inercia negativa en materia de medio ambiente que se arrastra de la legislatura anterior, esperábamos y esperamos más de un Gobierno y de unos partidos que lo apoyan que han asumido a través de los programas electorales importantes compromisos ambientales. 

Será por la falta de medios, por la falta de tiempo o de voluntad política, pero el caso es que, en las políticas a medio y largo plazo no se ha avanzado de forma significativa hacia una sociedad sostenible en Castilla-La Mancha.

Para colmo y después de dos crisis ambientales muy mal gestionadas y peor resueltas, las de los incendios del vertedero de neumáticos de Seseña y de la planta de tratamiento de residuos de Chiloeches, el Viceconsejero de Medio Ambiente se ve obligado a dimitir dañando, quien sabe para cuanto tiempo, una institución que ha tardado mucho en lograrse y que sigue siendo muy necesaria para esta región.

Si analizamos brevemente y por sectores podemos dar algunos apuntes sobre lo acontecido en estos 14 meses .

Aguas: si exceptuamos la oposición al trasvase Tajo-Segura y la defensa del caudal del Tajo sigue sin substanciarse el cambio necesario en política de aguas. No se ha avanzado en la gestión racional del agua que priorice el ahorro, la preservación del ciclo hidrológico o el sostenimiento de los ecosistemas y se mantienen y alimentan las regularizaciones de pozos ilegales en el Guadiana o la sobrexoplotación en el Júcar y en el Tajo.

Infraestructuras: se mantiene la sobredotación de las infraestructuras del transporte y se piden más, retomando proyectos impactantes como las autovías Toledo-Ciudad Real o la Cuenca-Albacete. La falta de fondos es la única razón por la que estos proyectos no avancen a corto plazo.

Urbanismo: sigue por hacer la reforma que impida que vuelvan a reproducirse las condiciones que dieron lugar a la burbuja inmobiliaria en Castilla-La Mancha. Y no se ha puesto en marcha ningún mecanismo para cicatrizar en lo posible las heridas dejadas en el territorio.

Agricultura y desarrollo rural: Al mantenimiento de las mismas políticas agrícolas que padece el medio ambiente de nuestra región, se añade la mala solución dada al recorte a las ayudas para la agricultura ecológica. Independientemenete de las cuantías, Ecologistas en Acción ha solicitado un apoyo decidido a un agricultura sostenible que mantenga la fertilidad de la tierra a largo plazo.
Además, las nuevas líneas de ayuda, están ocasionando el incremento de la ganadería intensiva, especialmente la del porcino, que ha demostrado ser altamante impactante, sobre todo por el efecto muy negativo sobre el medio ambiente de los purines. Así mismo, la catalogación del herbicida glifosato por la OMS, como posible cancerígeno, no ha tenido repercusión en que deje de usarse en Castilla-La Mancha, como sí ha ocurrido en la Comunidad de Madrid.

Cambio climático: la nueva estrategia regional sigue bloqueada, mientras no se da el necesario impulso ni a las renovables, ni a la movilidad sostenible.

Residuos: catástrofes como los incendio Seseña y Chiloeches demuestran que los planes de gestión de residuos, así como su implementación, están fallando estrepitosamante. Asimismo que los protocolos de emergencias del Platecam están desfasados y crean daños adicionales a los que pretende evitar. Sigue sin visos de solución el vertedero de restos de amianto existente en Toledo. El nuevo plan regional de gestión de residuos, presentado recientemente, supone más de lo mismo y en nada soluciona los graves problemas que se llevan arrastrando durante décadas en Castilla-La Mancha.

Gestión e incendios forestales: los incendios siguen absorbiendo buena parte de los recursos económicos y humanos dedicados al medio ambiente y, a pesar de ello, siguen sin atenderse medidas de prevención y vigilancia que eviten actuar a posteriori en este tipo de catástrofes.  

Espacios naturales y especies protegidas: las propuestas en este sector permanecen bloqueadas, algunas, como el Plan de recuperación del águila perdicera o del lobo, se arrastran desde hace varias legislaturas. A trompicones está avanzando la aprobación de los planes de gestión en espacios red natura 2000 y se mantienen abiertos los centros de interpretación. Y los parques nacionales siguen con los problemas de siempre, agudizados si acaso por el paso del tiempo.

Caza: a pesar de que el ejecutivo entrante defendió la reforma de la nefasta Ley de caza que aprobó el gobierno de Cospedal, 14 meses después se ha publicado un primer borrador que queda todavía muy lejos del cambio que solicitó la “Plataforma contra la ley de caza”. Lo peor es que este ejecutivo sigue apostando por un modelo de caza comercial e intensiva. 

Recursos naturales: la decisión positiva por parte del gobierno regional de decir no al fraking, tiene su reverso en la tolerancia a la explotación minera de las denomonadas tierras raras.

Bienestar animal:  a pesar de que se han iniciado los trabajos para una nueva ley de protección animal, no parece que el Gobierno vaya a afrontar el problema del maltrato animal en sectores tan problemáticos como la caza o los toros.

QUEDA MUCHO E IMPORTANTE POR ABORDAR

Hay mucho e importante por abordar en materia de medio ambiente en Castilla-La Mancha y, de momento, no se ve que las buenas expectativas iniciales que creó el Gobierno se vayan a ver sustanciadas. La Viceconsejería está falta de presupuestos, pero, sobre todo está falta de peso político y de medios humanos para asumir siquiera sus tareas administrativas básicas. Ni que decir tiene lo difícil que sería asumir los nuevos retos que son necesarios. Tan mal se ve la situación que, hoy por hoy, sería para estar satisfecho con que la Viceconsejería dispusiera de los medios humanos básicos y formados para atender sus obligaciones en materia de control y gestión del medio ambiente. Hacen falta agentes medioambientales, técnicos y jurídicos que saquen el trabajo del día a día. Y, a su vez iniciativas políticas que transformen un modelo ambiental más pendiente de ir saliendo del paso según van surgiendo los problemas que de organizarse y actuar adecuadamente.

Tras la dimisión del Viceconsejero y las catástrofes de Seseña y Chiloeches, es necesario también la modificación del Platecam y la sustitución de los responsables de la aplicación del mismo y que provocaron desinformación y mayores daños para la salud y el medio ambiente de los que se hubieran sufrido en caso de haber actuado con criterios de prevención.

También es necesario un nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que la administración no vote sus propias propuestas, y que sea escenario de debate e iniciativas en las que participen todos los agentes implicados.

Pero, con todo, lo más importante es que el Gobierno “se ponga las pilas” y también los partidos que lo sustentan en el Parlamento Regional. Y que entiendan de una vez que el medio ambiente no es una “María” que sólo hay que atender cuando hay un problema. Sino que es algo que hay que gestionar adecuadamente todo los días y sobre lo que se puede fomentar un modelo de desarrollo de verdad sostenible y generador de empleo.