Ley de Caza, una reforma inquietantemente lenta y lejos de dar frutos

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12362758_853318164785849_7871577759022211112_oEl 5 de marzo de 2015 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley de caza regional. Un año después esta norma, criticada por amplios sectores de la sociedad incluidos algunos cinegéticos, sigue en vigor a pesar del compromiso del nuevo Gobierno de derogarla o modificarla profundamente.

Por un lado el retraso es lógico, y responde a los limitados medios con que dispone la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, organismo encargado de los trabajos de revisión. Pero por otro es inquietante, pues en todo el proceso se observa una escasa iniciativa del legislador para hacer una ley moderna, que imponga la sostenibilidad como criterio obligatorio para la actividad cinegética y, lo que es más importante, que haga de la caza una actividad compatible con la conservación del medio natural, con el uso público del monte y con el bienestar animal.

Primero se dudó si hacer una nueva ley o modificar la existente. Luego se tardó en crear y convocar el grupo de trabajo. Y ahora cuesta que la Consejería afronte con decisión los aspectos más controvertidos del texto.

El grupo de trabajo de la ley ha desarrollado tres reuniones y ya ha completado una primera revisión del texto. En estos trabajos se ha puesto de manifiesto la mala calidad de la ley aprobada, que no satisface ni a quienes la promovieron. Acumula innumerables errores, la reiteración de textos ya contemplados en otras normas, las contradicciones con otros de superior jerarquía, la ausencia de definiciones y conceptos esenciales para aplicar correctamente el texto normativo. De la ley se salva el índice y poco más, e incluso ahí sobran y faltan algunas cosas.

Era tanta la urgencia en satisfacer las ansias de darle un enfoque puramente economicista a la caza, que se hizo una ley sólo por y para la caza intensiva, supeditando el resto a ese objetivo.

En el momento actual, y con lo que se lleva hecho en el grupo de trabajo, para la Plataforma contra la Ley de caza de Castilla-La Mancha no queda otra que afrontar la realidad: hay que derogar esta ley y hacer otra nueva con una concepción absolutamente distinta.

Esa ley puede ser más sencilla, menos reglamentista, pero a la vez, ha de ser promotora de la sostenibilidad en la práctica cinegética y penalizadora de las prácticas intensivas, masivas y crueles. Y ha de establecer las pautas adecuadas para ser compatible con todos los intereses y actividades afectados.

La Plataforma, a través de su representante en el grupo de trabajo, está realizando innumerables propuestas de mejora de la normativa, aportando estudios legales y científicos, ofreciendo flexibilidad para atender también ciertas demandas del sector cinegético e intentando buscar puntos de acuerdo allá donde sea posible. Y en esa línea va a seguir.

Pero dado que la nueva norma o la revisión, tanto da, va a tardar en llegar, el Gobierno debe plantearse la solución de algunas cuestiones que se pueden modificar de urgencia a través de cualquier ley en tramitación. Entre ellas destacamos las siguientes:

–          El cambio del artículo 27m, para que no se pueda sancionar a ninguna persona por el simple hecho de que se espante o moleste inadvertidamente a la caza.

–          El traslado a la ley de protección animal de la fórmula de gestión de los animales domésticos que se encuentren abandonados en el medio natural, eliminando el concepto de asilvestrado y la posibilidad de que estos animales puedan ser abatidos por guardas de caza.

–          La prohibición de la caza nocturna, salvo los aguardos de jabalí debidamente reglamentados, y la caza desde vehículos, así como otras modalidades masivas y crueles.

–          La eliminación de los cuarteles de caza comercial y la prohibición de la caza intensiva, en particular en las zonas sensibles por sus valores naturales.

–          La prohibición de la figura de los vallados secundarios o, al menos, la prohibición expresa de la caza dentro de los mismos.

Si no se hacen estos cambios urgentes y además no se termina de modificar en profundidad la ley en vigor en un plazo razonable, el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso programático en este tema lo cuál sería muy grave.

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